Descarga el documento: White v. Wheeler
El Sr. Roger Wheeler fue acusado de asesinato por hechos ocurridos en 1997 en el estado de Kentucky. Durante la selección del jurado que vería su caso, uno de los candidatos —el jurado 638— fue excusado debido a que mostraba señales de que no contemplaría todas las penas posibles, específicamente la pena de muerte. El caso procedió a verse a su fondo y se le encontró culpable, sentenciándolo a la pena de muerte. En apelación, el Tribunal Supremo de Kentucky reafirmó la convicción y la sentencia.
Luego de agotar todos los procedimientos estatales, el Sr. Roger Wheeler procedió a someter un recurso de habeas corpus en el Tribunal federal para el Distrito Oriental de Kentucky. Alegó que la corte de Kentucky erró al excusar el jurado 638. El Tribunal de Distrito rechazó aceptar el recurso. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito revocó la determinación y concedió el recurso de habeas corpus estableciendo que la exclusión del mencionado jurado era una aplicación irrazonable de la jurisprudencia establecida en el caso Witherspoon v. Illinois, 391 U.S. 510 (1968), Wainwright v. Witt, 469 U.S. 412 (1985) (en dichos casos el Supremo federal manifestó que solo los jurados que muestren parcialidad sustancial para imponer la pena de muerte serán excluidos). El alcaide de la prisión, Randy White, apeló dicha determinación ante el Supremo federal.
En una opinión per curiam, el Supremo federal revocó la determinación del Tribunal para el Sexto Circuito. La Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, por sus siglas en inglés) autoriza la presentación del recurso de habeas corpus en las cortes federales si la decisión de la corte estatal es contraria a o aplica de forma irrazonable a las leyes federales claramente establecidas según determinadas por el Supremo federal. El confinado debe probar que la decisión del foro estatal está crasamente falta de justificación. Determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para conceder el recurso y que, además, no le estaba dando la deferencia apropiada a la corte estatal. Las preguntas realizadas al jurado que fue excusado y la decisión del juez al excusarlo fueron unas que respondían a los intereses del Estado y cumplían con el propósito de que todos los jurados seleccionados estuvieran dispuestos a contemplar todas las posibles penas aplicables, incluyendo la pena capital.
Reseña por Joel Pizá Batiz