Departamento de Justicia federal se opone a orden judicial de que sus abogados tomen cursos de ética

Departamento de Justicia federalEl Departamento de Justicia de los Estados Unidos se opuso a una orden de un juez federal del Distrito de Texas, en la que se dispone que sus abogados deben tomar cursos de ética obligatorios luego de que varios abogados de la agencia le condujeron a engaño sobre la implementación de una Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración.

La orden fue emitida a principios de este mes por el juez Andrew Hanen, luego de que los abogados del Departamento de Justicia le dijeran que no se estaba implementado un componente clave de la Orden Ejecutiva, sobre protección de los inmigrantes ilegales que fueron traídos a Estados Unidos en su niñez. No obstante, oficiales luego le revelaron que dicha parte sí se estaba implementado y que 108,000 se habían beneficiado de indultos a base de la misma.

En la orden, Hanen acusó al Departamento de Justicia de tener un plan calculado de conducta anti-ética. Por ello ordenó que todos los abogados de la agencia tomaran un curso anual de ética. Además ordenó que se le entregara una lista de quiénes habían recibido los indultos.

El Departamento de Justicia replicó a dicha orden, manifestando su desacuerdo con la determinación, pues ninguno de los abogados tenía la intención de engañar al juez, por lo que solicitaron se paralizara los efectos de la orden mientras se revisa la misma. Por otra parte, alegaron que la orden de recibir entrenamiento en ética anualmente no era un remedio apropiado, pues le costaría a la agencia cerca de 7.8 millones de dólares

“Las sanciones ordenadas por la Corte son muy superiores a los límites de los remedios apropiados en casos como estos en los que el Tribunal concluyó que hubo falsa representación intencional, una conclusión que se alcanzó sin garantías procesales adecuadas y que carece de suficiente respaldo probatorio”, señalaron los abogados del Departamento.

En ese sentido, el Departamento de Justicia explicó que las sanciones imponen un daño irreparable en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y miles de terceros inocentes. El Departamento también argumentó que entregar la lista de los que recibieron indultos socavaría la confianza en la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional en mantener la confidencialidad de la información personal.

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