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Nueva ley asiste al deudor hipotecario

HipotecasDescarga el documento: Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario (Ley Núm. 169-2016)

La crisis económica que azota la isla se refleja en múltiples sectores, siendo uno de ellos el mercado hipotecario o de bienes raíces. Una somera mirada a las cifras de ejecuciones hipotecarias, evidencian que una gran cantidad de familias puertorriqueñas enfrentan el riesgo de perder sus hogares por dificultades en sus finanzas personales. Sobre este particular, los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante, OCIF) reflejan que existen alrededor de 20,150 hogares con alto potencial de ejecutarse por la vía ordinaria en los tribunales de Puerto Rico. Estadísticas nos demuestran el ritmo sostenido en las ventas de propiedades reposeídas, que aunque su valor favorece al comprador, su estela deja de manifiesto el impago de su antiguo dueño.

Ante este panorama, esta Ley reconoce la existencia del programa, creado en virtud de una ley federal, llamado “Loss Mitigation” (Real Estate Settlement Procedures Act, 12 U.S.C. §§ 2601). Este programa de mitigación de pérdidas está diseñado para prevenir y reducir los préstamos en atrasos mediante alternativas de pago. No obstante, esta Ley establece como un hecho que en muchas ocasiones y aunque el deudor hipotecario se encuentre en el proceso de cualificación del programa de mitigación de pérdidas, la oficina legal de la entidad financiera o bancaria ha incoado un proceso legal de demanda en cobro de dinero y ejecución hipotecaria. Esta práctica es conocida como “dual tracking.”

Aunque estos procesos son regulados por el gobierno Federal, por vía de ley y reglamentos, esta Ley establece garantías adicionales acorde con las necesidades puntuales de los puertorriqueños en esta situación. Actualmente existen dudas sobre la reglamentación a estos fines y el trámite procesal sobre el referido programa.

Esta Ley evitaría que circunstancias que expongan al deudor a situaciones injustas se concreticen. En virtud de lo aquí legislado, el acreedor hipotecario no podrá comenzar ningún proceso de demanda en cobro de dinero hasta tanto y en cuanto el proceso de evaluación de mitigación de pérdidas haya terminado. Una vez se cumpla con las disposiciones de esta Ley, el acreedor hipotecario deberá detener cualquier gestión legal y brindar asesoría de buena fe, asistiendo al deudor en su solicitud, una vez exprese su intención respecto al proceso de mitigación y se complete el proceso de presentación de solicitud de mitigación de pérdidas.

Asimismo, esta Ley amplía las garantías que otorga el Reglamento X (Reglamento rector del programa “loss mitigation”) en un asunto tan básico como el acceso a la justicia, ya que cualquier persona que esté interesada en hacer valer el mencionado reglamento, lo deberá hacer ante el Consumer Financial Protection Bureau, entidad federal cuyos procedimientos son en inglés. Por lo tanto, mediante esta ley cualquier ciudadano podrá utilizar nuestros tribunales, el cual es en español y los procedimientos son más conocidos.

Según estadísticas, muchos de los afectados son familias de escasos recursos y no, necesariamente, tienen una formación académica que los ayude a comprender los procesos burocráticos de los bancos. Además, estos son altamente técnicos, lo que requeriría un gasto de representación legal ante un ya lesionado bolsillo. Por ende, el poder ofrecerle a los ciudadanos una legislación que les ayude en sus asuntos hipotecarios, que no vaya en contraposición con el Reglamento X, ni con la Ley 184-2012, mejor conocida como “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecución de Hipoteca de una Vivienda Principal”, es una gran ayuda ya que es una herramienta adicional que tienen los consumidores para cumplir con sus obligaciones.

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