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Venta de recintos y financiamiento de la UPR: Marco legal

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Por Eduardo A. Náter*

La Universidad de Puerto Rico (UPR), como la conocemos hoy día, fue organizada por la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada. (18 LPRA §§ 601-614). El sistema de asignación de fondos también se estableció a través de legislación, mediante la Ley Núm. 2 del 20 de enero de 1966, según enmendada. (18 LPRA §§ 621-621c).

La Ley de la UPR crea esta institución como una corporación pública. Su organismo rector, llamado Junta de Gobierno desde 2013, está compuesto por 13 miembros, de los cuales nueve son nombrados por el Gobernador siguiendo ciertos criterios de elegibilidad. Esta Junta tiene unos deberes y atribuciones explícitamente delegadas por ley. Entre estos se encuentra el “autorizar la creación, modificación y reorganización de recintos, centros y otras unidades institucionales universitarias; de colegios, escuelas, facultades, departamentos y dependencias de la Universidad”. (18 L.P.R.A. § 602). Sin embargo, la propia ley indica que “no podrá privatizar, enajenar ni abolir las unidades institucionales autónomas existentes . . . sin previa autorización de ley”. Id. Es decir, la Asamblea Legislativa se reservó el poder de eliminar o privatizar unidades institucionales. La Junta de Gobierno sólo podría realizar tal acción si se radica, aprueba y convierte en ley un proyecto para tales fines.

Actualmente la UPR se compone de 11 unidades institucionales principales. Estas funcionan “con autonomía académica y administrativa dentro de las normas que dispone [la] ley y las que se fijen en el reglamento de la Universidad o de la Junta de Gobierno” (18 LPRA § 603). Según dispone la Ley de la UPR, el Presidente propone y la Junta aprueba el presupuesto del Sistema Universitario. Sin embargo, a diferencia de otras entidades gubernamentales o corporaciones públicas, la UPR recibe su presupuesto mediante una fórmula pre-establecida. La Ley Núm. 2 del 20 de enero de 1966, según enmendada, dispone que se destinará “una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas . . . e ingresados al Fondo General . . . en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente” (18 L.P.R.A. § 621-1). Esto, además, incluye lo ingresado por concepto de fondos especiales que se nutren de imposiciones contributivas, siempre y cuando la Asamblea Legislativa no disponga lo contrario mediante ley. De este por ciento, el cero punto veintisiete (0.27) va al Servicio de Extensión Agrícola. Esta fórmula ha permanecido inalterada desde 1995 cuando se aumentó al por ciento actual.

Si bien en tiempos recientes se ha hablado de la venta o privatización de recintos, el marco legal de la UPR es claro. Como corporación pública del Estado, está sujeta a las disposiciones de ley que la Asamblea Legislativa establezca para su funcionamiento. Se le otorga autonomía académica y administrativa, con ciertos límites, siendo uno de estos el impedimento legal que existe para que no se altere la composición institucional sin previa autorización explícita mediante ley. Finalmente, al no recibir una cantidad de fondos pre-establecida y depender de una fórmula, se expone directamente a los vaivenes económicos que enfrente el Gobierno, viéndose así, en tiempos de estrechez, en la necesidad de generar una mayor cantidad de fondos propios para cumplir con sus obligaciones presupuestarias.

* Eduardo A. Náter es egresado de Ingeniería Civil (Recinto Universitario de Mayagüez) y actualmente es estudiante de Derecho (Facultad de Derecho UIPR).

 

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