Hallan causa para arresto contra joven por apropiación ilegal de fondos públicos de la UPR

UPR Río Piedras

Foto: Recinto de Río Piedras de la UPR (Facebook)

El joven Jonathan Cuevas Andújar enfrenta 47 cargos en su contra luego que un juez del Tribunal de San Juan encontrara causa para arresto el pasado 4 de octubre de 2016, por apropiarse ilegalmente de sobre $31,000 provenientes de fondos de becas federales y suplidores de la Universidad de Puerto Rico, mientras era estudiante de la institución universitaria.

Tras la investigación iniciada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), se descubrió que Cuevas Andújar realizó pagos electrónicos a Amazon, eBay y Chase, además de pagos a un préstamo estudiantil federal y su matrícula como estudiante del recinto ríopedrense. El individuo logró realizar dichas transacciones utilizando las cuentas de fondos federales de la universidad. Así pudo obtener $31,910.

Justicia advino en conocimiento de lo sucedido tras un referido que hizo la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), alertando sobre posibles transacciones electrónicas fraudulentas.

Por los hechos antes expuestos el juez Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto por apropiación ilegal (19 cargos), apropiación ilegal de identidad (19 cargos) y fraude (1 cargo). Asimismo, se presentaron 8 cargos por violación a la Ley de Armas luego que se ocuparan varias armas y municiones durante un allanamiento realizado en la residencia de Cuevas Andújar en Canóvanas en agosto de 2015, para un total de 47 cargos. Durante dicha intervención el DJ recibió la colaboración de agentes federales del Servicio Secreto de los Estados Unidos y la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

El magistrado le impuso una fianza de $1,000 en cada cargo, para un total de $47,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ).

Cuevas Andújar se expone a cumplir una pena de 15 años por los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos, 8 años por el cargo de fraude y 8 años por los cargos de apropiación ilegal de identidad.

La vista preliminar fue pautada para el 13 de octubre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Cándida Sellés Ríos, el agente del Negociado de Investigaciones Especiales, Juan José Pastrana, y el agente de la Oficina del Inspector General de Educación Federal, Robert Wolfe.

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