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La Comisión Estatal de Elecciones se colgó en cuanto a la orientación que debió haberle ofrecido a la población penal para que ejerciera su derecho al voto con total conocimiento y al amparo de los cambios que trajo consigo el nuevo sistema de escrutinio electrónico.
Esa fue la conclusión a la que llegó el director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruíz, tras recibir el informe de los 50 observadores del organismo gubernamental que se desplazaron ayer por las 39 cárceles del País con el objetivo de velar por la pulcritud del proceso al que tienen derecho los confinados y que confirma que un sinnúmero de ellos expresó sentirse en total confusión y desconocimiento.
“La obligación de educar a la población penal y al resto de los ciudadanos recae en la Comisión Estatal de Elecciones. Es esa agencia la responsable de que toda la ciudadanía esté debidamente orientada para ejercer su derecho al voto, máxime cuando nos estamos enfrentando a un proceso nuevo de escrutinio electrónico. Todos estamos conscientes de que el nuevo sistema obliga al elector a realizar la X en lugares específicos para que su voto sea contado y la población penal no está excluida de esa directriz”, manifestó Padilla Ruiz al insistir en que la confusión fue tanta que en varios penales tomaron la iniciativa de formar grupos de 20 confinados cada uno para orientarlos de forma verbal, en pleno colegio de votación.
Para el funcionario público, la educación de esta población por parte de la CEE debió haber sido prioridad ya que representaba la única vía por la cual podían ser orientados ya que por su confinamiento se les hace difícil orientarse por otros medios.
Otro de los señalamientos fue la falta de actualización de las listas, lo que provocó que muchos confinados tuviesen que ser añadidos a mano. Esta situación limitó el derecho al voto de ese confinado porque al no aparecer en las listas solo se le daba la papeleta estatal. Ese confinado no pudo votar por candidatos de distrito ni municipales.
Asimismo, mencionó que en varios colegios como el del Complejo Guerrero en Aguadilla, resultaron insuficientes las papeletas por lo que se les instruía a los confinados que votaran íntegro para que no dañaran la misma. A cada confinado se le daban dos oportunidades para ejercer su voto pero muchos de ellos las dañaban porque no sabían cómo votar.
Por otro lado, también le reclamó al Departamento de Corrección y Rehabilitación por situaciones previamente informadas sobre la utilización de restricciones mecánicas a los confinados a la hora de votar. “Algunos confinados votaron con restricciones mecánicas en las manos –esposas-, lo que les limitó su derecho a la secretividad. Al no tener movilidad se vieron obligados a pedir asistencia lo que los privó de su derecho a la confidencialidad”.
“Tenemos que reconocer que los derechos que nos otorga la Constitución aplican a todos los ciudadanos y que los mismos trascienden los barrotes de las instituciones penales. Los hombres y mujeres que se encuentran pagando por sus sentencias tienen sus derechos y eso lo tenemos que entender todos”, apuntó Padilla Ruiz al señalar que tan pronto los observadores presentaron la preocupación se revirtió la directriz.
Añadió que presenciaron otro incidente en el cual la máquina de escrutinio electrónico estaba ubicada debajo de una cámara de seguridad lo que provocó la intervención de la CDC para que se tomaran medidas para garantizar la secretividad del voto.
Finalmente, señaló que muchos colegios enfrentaron situaciones con las máquinas que incluyó el no tener la tarjeta de memoria, las contraseñas no funcionaban y el chip no estaba disponible, entre otras.