Juez federal desestima demanda de ex prisionero de Guantánamo detenido injustamente

GuantánamoUn juez federal desestimó una demanda radicada por un ex detenido en la prisión de Guantánamo, que fuera repatriado a Afganistán en el 2014, y que desde ese país continuaba la lucha para que se le desvinculara de acusaciones de terrorismo.

El caso, reseñado por el New York Times, fue notorio por varias razones. En primer lugar, porque el detenido, Shawali Khan, no se encontraba bajo detención al momento de solicitar un habeas corpus, pero reclamó que las acusaciones de que tenía vínculos terroristas habían arruinado su vida. En segundo lugar, mientras Khan estaba detenido en Guantánamo, el gobierno presentó evidencia en su contra, que no había revelado antes a sus abogados. Los tribunales sostuvieron su detención a base de esta información, aunque luego el gobierno sostuvo que la misma no contaba con garantías de confiabilidad.

Tiempo después, en el 2014, documentos judiciales demostraron que oficiales del orden público proveyeron información no específica a los abogados de Khan, la que utilizaron para solicitar que se reabriera el caso. Finalmente, el tribunal resolvió que Khan había sido detenido ilegalmente.

En referencia a la demanda presentada por Khan, el juez a cargo del caso manifestó sentir simpatía por la situación de Khan, pero concurrió con el Departamento de Justicia federal de que el caso era académico, pues ya el hombre no se encontraba bajo custodia del gobierno. Asimismo determinó que daños a la reputación no eran suficientes como para mantener ese tipo de caso activo.

Pero los problemas que enfrenta Khan por causa de la acusación y detención han sido fuertes. El hombre no puede obtener pasaporte para viajar a una clínica en India donde recibe tratamiento médico por sufrir pérdida de la audición a causa de la tortura a la que se le sometió durante los interrogatorios que se le hicieron en las facilidades de la CIA. Khan también perdió sus propiedades en Afganistán por su alegado vínculo terrorista.

Sin embargo, el juez John D. Bates determinó que era el gobierno afgano, y no el estadounidense, quien debe decidir si retorna o no las tierras o si le permite obtener un pasaporte.

 

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