Nuevas iniciativas que promueven trato igualitario a población trans

Nuevas iniciativas que promueven trato igualitario a población transEl gobernador Alejandro García Padilla presenció hoy la firma de medidas administrativas –del Departamento de Educación y del Departamento de Corrección y Rehabilitación– mientras daba a conocer los detalles de las mismas que afianzan el legado de equidad y respeto por los derechos humanos que ha adelantado su administración durante este cuatrienio.

La Carta Circular del Departamento de Educación (DE) para el Trato Igualitario de Estudiantes Trans dispone como política pública un trato hacia el estudiantado conforme a su identidad de género y establece que en caso de que el alumno necesite algún acomodo razonable, este podrá ser solicitado por el mismo o su encargado, de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, con la firma de una orden administrativa, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) establece su política de atención adecuada a las personas transgénero (trans) en las instituciones correccionales de Puerto Rico, permitiendo que estas puedan ser ubicadas de acuerdo con su identidad de género en las cárceles del país.

“Es evidente como mi administración ha sido precursora de garantizar los derechos humanos de todos los puertorriqueños, sin importar su identidad de género. Hemos dado la pelea, buscando erradicar el discrimen y brindando igualdad en el trato a la comunidad transexual y transgénero en Puerto Rico. Mi administración está comprometida con la erradicación de todo tipo de discrimen”, afirmó el primer ejecutivo.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado establece que la dignidad del ser humano es inviolable, que todos los hombres son iguales ante la Ley y que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Por consiguiente, amparados en la Constitución, el gobierno ha tomado acciones afirmativas para garantizar la dignidad de todas las personas en la provisión de servicios gubernamentales, y a su vez, proteger los derechos de personas históricamente marginadas.

Consecuentemente, la carta circular del DE firmada hoy establece que en las escuelas públicas de Puerto Rico se pasarán a aplicar las guías emitidas por el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia federal, destinadas a ayudar a las escuelas a garantizar los derechos de los estudiantes trans. Estas guías aclaran que cada alumno debe ser tratado según su sexo, lo que implica que la identidad de género está protegida y que, una vez la escuela es notificada al respecto, debe proceder a tratar al menor de manera consistente con dicha identidad. Igualmente, establecen que la escuela no puede requerir que el menor tenga un diagnóstico clínico, presente un certificado de nacimiento u otra identificación como requisito para tratarle de manera consistente con su identidad de género.

De esta manera, los esfuerzos del DE van dirigidos a garantizar que ningún estudiante del sistema de instrucción pública sea víctima de discrimen, acoso o intimidación (“bullying”) por su orientación sexual o identidad de género percibidas. Por el contrario, mediante el establecimiento de medidas administrativas se persigue que todo el estudiantado sea tratado con respeto, sensibilidad y valía a su dignidad humana, tanto por el personal del DE como por sus compañeros.

Del mismo modo, la firma de la orden administrativa adoptada por el DCR tiene el propósito de establecer la política y procedimientos operativos para los empleados de la agencia en su interacción con personas de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT). Esta orden está fundamentada en las reglamentaciones federales que emanan de la ley federal “Prison Rape Elimination Act” (PERA) y contó con la colaboración directa de la Comisión de Derechos Civiles junto a miembros de la comunidad LGBTT.

La orden administrativa dispone que la manera en la cual se identifique la persona de la comunidad Trans, no podrá ser cuestionada por los empleados del DCR, por lo que se le será tratado como tal y se le permitirá utilizar el servicio sanitario establecido por la agencia, de acuerdo a la identidad y/o expresión de género. Con esta acción, se prohíbe toda clase de discrimen por razón de orientación sexual e identidad de género en las instituciones, oficinas y dependencias que componen el departamento. A tono con lo antes establecido, el DCR actualmente habilita dos módulos para las personas trans en la Institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón y en el Complejo de Rehabilitación de la Mujer de Bayamón.

Asimismo, cuando una persona trans sea ingresada a la institución, se le dará la oportunidad de realizar una declaración de preferencia para cacheos y registros. Es esta declaración, la persona indicará el género del oficial correccional que prefiere le realice dichos procedimientos. Aparte de estas disposiciones, la orden también promueve otras iniciativas para erradicar el discrimen en las institucionales penales del país.

Estas iniciativas se suman a otras tomadas por la administración de García Padilla a favor de los derechos de las personas trans, entre las que se encuentra la Orden Ejecutiva 2015-28, que instruye a la secretaria del Departamento de Salud a tomar las acciones necesarias para que las instituciones médico-hospitalarias no discriminen contra un paciente transgénero o transexual. Otra de estas medidas lo es la Orden 2015-029 que permite y regula el procedimiento para que esta población pueda cambiar su género en la licencia de conducir. Similarmente, la Orden General 624 adoptada por la Policía garantiza los derechos de esta población de ser intervenida por el cuerpo policiaco. Por otra parte, podemos señalar la Orden Ejecutiva 2016-041 que instruye al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a orientar a las agencias de la rama ejecutiva y a los patronos privados sobre la Guía para Acceso a Baños para Empleados Transgéneros y Transexuales.

“La falta de este tipo de la reglamentación que hemos promulgado, limitaba el desarrollo pleno de los ciudadanos que pertenecen a las comunidades transexual y transgénero, lacera su dignidad, su acceso a la salud y su calidad de vida. Este tipo de discrimen incide directamente en aspectos de su cotidianeidad tales como el empleo, la familia y su seguridad; y eso ya no es aceptable en Puerto Rico”, indicó el gobernador.

La administración de García Padilla también ha establecido medidas más abarcadoras a favor de toda la comunidad LGBTT. Estos esfuerzos incluyen la Ley 22 del 2013 que establece que ninguna persona puede ser despedida de su empleo por razón de su orientación sexual o identidad de género. Además, la Ley 23 del 2013 que extendió el estatuto vigente para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico a todas las personas en relaciones de pareja sin importar su orientación sexual también es parte de estos esfuerzos. Por su parte, en el 2013, la Ley 36 del 2013 enmendó la disposición sobre los beneficios de salud para los empleados públicos, permitiendo que se consideren integrantes de la familia aquellas personas que cohabitan o dependen del empleado público, aunque no mantengan una relación marital.

De otra parte, a tono con la transformación efectuada en las agencias del gobierno con el fin de aumentar su eficacia en la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía, el Departamento de Hacienda emitió el Boletín Informativo de Política Contributiva 15-13, el cual da paso a que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan los mismos beneficios y obligaciones que los matrimonios tradicionales al momento de rendir sus contribuciones. De igual forma, el Registro Demográfico adoptó nuevos formularios para atemperar sus procedimientos en conformidad con la Orden Ejecutiva 2015-021 que promueve el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo en el país.

De la misma manera, el Departamento de Educación previamente había emitido la Carta Circular 19-2014-2015 para establecer la política pública de equidad de género en su currículo escolar y otra carta circular con disposiciones sobre el uso del uniforme escolar con el fin de que no se imponga la utilización de una pieza de ropa particular a los estudiantes.

“Compañeros, los exhorto a defender lo alcanzado. Mi administración ha demostrado su compromiso. Queda de la administración entrante, asegurarse que los ciudadanos, no importa su identidad, preferencia, raza, color, religión, sean tratados con igualdad y respeto”, concluyó el gobernador.

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