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Puerto Rico y el Gobierno federal firman acuerdo para reforzar la lucha contra el crimen

Firmado acuerdo que fortalecería acceso a la justicia a través de la educaciónEl Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal firmaron hoy un acuerdo de entendimiento para reforzar la lucha contra el crimen.

Este acuerdo suscrito por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced; la superintendente de la Policía, Michelle Hernández Fraley; y la jefa de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, incluye por primera vez crímenes de crueldad contra animales, evasión contributiva y corrupción gubernamental. Además, el término de vigencia aumentó de uno a tres años.

Bajo el acuerdo de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) se aumenta a diez los fiscales del Departamento de Justicia local en la Fiscalía Federal. Estos fiscales podrán investigar y litigar casos complejos en la corte federal con las mismas facultades que un fiscal federal. Esa experiencia enriquecerá el sistema estatal al preparar a estos funcionarios en los procedimientos de la esfera federal.

Además, se coordinará la jurisdicción de la Policía y Fiscalía Federal en los casos de tráfico de drogas con el propósito de no duplicar esfuerzos. Las agencias federales y estatales trabajarán en conjunto en los Strike Force de narcotráfico.

En ciertos casos de narcotráfico (grandes cantidades de drogas a través del aeropuerto), carjackings, ciertos robos a bancos y casos bajo el Hobbs Act (interferencia con el comercio interestatal por robo o extorsión, como robos a mano armada a negocios), las agencias federales tendrán jurisdicción primaria.

Los casos de armas cualificados bajo el MOU incluyen posesión relacionada a un crimen de narcotráfico, cuando la persona ha sido identificada como violenta o miembro de una ganga, cuando el arma de fuego es robada, automática, con silenciador o con número de serie mutilado, cuando sea un delito de tráfico de armas, y un tiroteo de carro a carro que resulte en la muerte de alguien.

Las agencias federales tendrán jurisdicción en los casos de trata humana y explotación sexual de menores.

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