El juez federal M. David Weisman denegó una solicitud de orden de allanamiento peticionada por agentes federales que solicitaba se obligara a personas de un edificio en particular a proveer sus huellas digitales, en un intento de desbloquear varios celulares confiscados como parte de una investigación sobre pornografía infantil.
Esta investigación en particular, que permanece sellada al momento, es parte de una serie de casos criminales que contrapone el cifrado moderno en celulares inteligentes contra el derecho contenido en la Cuarta Enmienda que protege el derecho del pueblo contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. De acuerdo a la opinión emitida por la juez, el obligar a las personas a proveer su huella digital es una nueva estrategia gubernamental para combatir la prevalencia de artefactos protegidos con cifrado digital.
Esta no es la primera vez que se suscita un caso relacionado a huellas dactilares. De hecho, la opinión emitida por Weisman, emitida a principios de año, fue difundida hace escasos días por varios medios, incluyendo la página sobre temas de tecnología Ars Technica.
El año pasado, investigadores federales solicitaron una autorización similar para obligar a residentes de dos casas en el sur de California a proveer sus huellas dactilares para desbloquear un teléfono incautado en un caso que también permanece sellado. En esos casos, y probablemente en el caso de Illinois, según el análisis legal de los fiscales, proveer esta orden no supone una violación a la Cuarta Enmienda. Bajo la Constitución, los acusados no pueden ser obligados a proveer testimonios autoincriminatorios. Sin embargo, tradicionalmente, se ha permitido el tomar huellas digitales con el propósito de identificar o comparar una huella digital desconocida encontrada en una escena de delito. El problema con esta costumbre es que no fue hasta hace poco que los teléfonos inteligentes se podían desbloquear con las huellas dactilares.
Según la opinión del juez federal, este pedido en particular se solicitó sin datos específicos sobre quiénes participan en la conducta criminal alegada, o hechos específicos sobre qué dispositivo encriptado de marca Apple está siendo empleado para llevar a cabo dicha conducta criminal.
Por ello, el Tribunal consideró que la orden no establece una causa probable suficiente para obligar a cualquier persona que se encuentre en las premisas en cuestión, en el momento de la búsqueda, que provea su huella digital para desbloquear «un dispositivo electrónico Apple no especificado».
«Este Tribunal está de acuerdo en que el contexto en el que se toman las huellas dactilares, y no las huellas digitales en sí, puede suscitar preocupaciones bajo la Cuarta Enmienda. En el presente caso, el Gobierno está buscando la autoridad para confiscar a cualquier individuo que viva en el lugar y forzar a que provean sus huellas dactilares según las indicaciones de los agentes gubernamentales. Con base en los hechos presentados en la solicitud, el Tribunal no cree que tal intrusión a los derechos contenidos en la Cuarta Enmienda tenga justificación a base a los hechos articulados».