La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, inició la evaluación del Proyecto de la Cámara 847, el cual busca enmendar la “Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico” a los fines de facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a regular las tarifas por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres.
La medida reconoce que pesar de que la actual ley tiene la intención de velar por los legítimos intereses de las familias que requieren esos servicios, la misma no ha tenido el resultado esperado debido a algunas prácticas en cementerios privados que no garantizan los mejores intereses de aquellos que contrataron con ellos.
Con esta medida, de la autoría del representante José Banchs Alemán, se busca facultar al DACO a regular las tarifas por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres. Además de lo expuesto anteriormente, en ocasiones la contratación de servicios privados no son horados y “están sujetos al capricho e interpretación de las cláusulas del contrato por parte de la propia entidad contratante”.
Durante la vista pública compareció la Sra. María Isabel Cruz Rivera, en representación de su familia, quienes adquirieron para el año 1979 un lote funeral que fue adquirido posteriormente por otra compañía. Según Cruz Rivera, esta compañía no honró lo pactado en el contrato, lo que le causó contratiempos a la hora de darles sepultura a sus familiares.
Esta narró que en el momento de sepultar a su madre, en febrero del corriente año, “comienza la batalla y la manipulación arbitraria de la administración del cementerio Dignity administrando el contrato que teníamos hace 38 años atrás con Los Cipreses. Dignity, a través del agente funerario Ferdinand Santiago Meléndez, alega que para poder sepultar a mi madre allí, había que hacer unos procesos de exhumación y cremación de uno de mis hermanos enterrado hace cuatro años y mencionaron unos costos sumamente elevados”.
La deponente sostuvo que contrario a lo estipulado, se tuvo que sellar la vida útil del lote con cinco personas, cuando el contrato establecía que el espacio era para seis cuerpos y pagar $1,495 para que su madre fuera sepultada en otro lote, contrario a los deseos de su progenitora, ya que no contaban con los fondos para exhumar y cremar a su hermano Rubén, para hacer espacio para la dama.
“Considero este evento como uno arbitrario y unilateral ya que la compañía Dignity, fue insensible por demás, puesto que nos tomó por sorpresa con los costos inesperados los cuales no se encontraban dispuestos en el contrato; con ello no hace otra cosa que lucrarse del dolor de la familia y obligar al cliente a incurrir en más gastos de los previstos”, por lo que solicitó que una investigación de la mencionada compañía.
Cruz Rivera, favoreció este proyecto ya que “es uno que le haría justicia tanto a mi familia, como a otras que atraviesan por esta situación tan dolorosa, luego de haber hecho con anticipación sus arreglos y se encuentran con que el contrato no es honrado. Solicito además que se incluya el proceso de cremación y los contratos privados de enterramiento en Puerto Rico”.
Por su parte, el Secretario del DACO, Michael Pierluisi Rojo, representado por el licenciado Joel Monje, condicionó el apoyo a la medida, a que dicho poder de reglamentación tarifaria sea discrecional y no obligatorio.
Recomendó, además que la enmienda propuesta sea aplicada en otra de las partes de la ley, que es la que fiscaliza estos procedimientos, ya que el Artículo 8.10, solo reglamenta los procesos que se llevan a cabo en los cementerios privados.
Pierluisi Rojo sostuvo que DACO se apresta a realizar una investigación sobre el ofrecimiento de servicios fúnebres en Puerto Rico con el objetivo de determinar si es necesario o no establecer un esquema tarifario específico por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres.
Por otro lado, el Secretario del Departamento de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, sometió un memorial en el que apoya la medida, pero da la deferencia al DACO para expresarse sobre la medida, puesto que cuenta con la pericia sobre el asunto bajo discusión.
Al finalizar la vista, la Presidenta de la Comisión señaló que “ya llegó el momento para que DACO regule las tarifas, ya que Puerto Rico está lleno de envejecientes y pocos niños y jóvenes y es el momento de tener salvaguardado y protegido a esta población en lo que respecta a estos procedimientos. Por ello es necesaria esta legislación, para que la situación por la que atraviesa la deponente que ha narrado su experiencia, en la que no se le ha honrado el contrato, no suceda nuevamente”.