Decisión: Tribunal ordena restitución de miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público

Miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público junto a la licenciada Mariana Iriarte Mastronardo.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, a través de la pluma de la juez Lauracelis Roques Arroyo ordenó la restitución de los miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, luego de que estos presentaran una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por haberles despedido de forma ilegal.

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La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público fue creada por virtud de la Ley 97 del 1 de julio de 2015. El estatuto ordena entre otras cosas, que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública, y se hagan recomendaciones, como podría ser la definición de un plan razonable y viable para el pago de la deuda pública.

Los demandantes en cuestión fueron los profesores José González, José Alameda Lozada y el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores Roberto Pagán, quienes junto al licenciado Hiram Meléndez fueron expulsados mediante carta durante el pasado mes de enero de 2017 por el Gobernador. Entre sus labores se encontraba el revisar las últimas emisiones de bonos del gobierno, entre otros aspectos de la deuda pública de Puerto Rico de $70,000 millones.

Según se comunicó en ese entonces a los medios de comunicación, el Gobernador indicó que la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico le permitía a él como Gobernador destituir a todo miembro de juntas gubernamentales que “no está ejecutando la política pública establecida por este o que no goce de su confianza para formular e implementar el plan fiscal” que solicita la ley federal PROMESA.

En la demanda, los miembros destituidos alegaron que la determinación era nula e ilegal, por contravenir la doctrina de separación de poderes. Para los fines de la Comisión, al ser estos nombrados por la Legislatura, era la Legislatura misma quien en todo caso tenía la facultad para desintegrar la Comisión. Por ello, solicitaron al Tribunal que expidiese un injunction preliminar y permanente y ordenara al Gobernador que cesara y desistiera de intervenir indebidamente con la Comisión. También solicitaron que se emitiese una sentencia declaratoria para que se declarara nula e ilegal la destitución de los demandantes.

Por su parte, la parte demandada presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que los remedios solicitados no procedían, pues la actuación del primer mandatario del país está amparada en disposiciones legales vigentes.

“La controversia entre las partes versa sobre el poder o la autoridad que tiene el Gobernador para destituir, remover o separar a los demandantes de sus posiciones como representantes del interés público y miembros debidamente nombrados de la Comisión. Según el ELA, el hecho de que la facultad de nombrar a los miembros del interés público recaiga en el Gobernador necesariamente conlleva que los demandantes deben gozar de la confianza de éste”.

En el caso, el ELA arguyó como fundamentos para la destitución de los demandantes los preceptos de la Ley Núm. 21 2016, y la Ley Núm. 3, 2017. No obstante, el Tribunal determinó que no les asistía la razón. Ello porque en primer lugar, la Ley Núm 21-2016 sólo dispuso el presupuesto que tendría la Comisión, nada más. El Tribunal también determinó que por el hecho de que no existiera un tiempo determinado para la duración de los trabajos de la Comisión, eso no significaba que estos fuesen de libro remoción sin ningún tipo de limitación.

“Conforme a ello, es forzoso concluir que la destitución de los demandantes por parte del Gobernador Rosselló Nevares no encuentra apoyo en las disposiciones de la Ley Núm. 21-2016”.

Por otra parte, la decisión indica que aunque la Ley Núm. 3-2017, le otorga facultad al Gobernador de destituir funcionarios, estos deben cumplir con varios requisitos contenidos en la Ley y ser de naturaleza puramente ejecutiva. El Tribunal determinó que habiendo evaluado el propósito de la Comisión, su naturaleza jurídica independiente, su utilidad, propósito público y las expresiones legislativas sobre su importancia, las funciones de la Comisión son puramente legislativas.

“En este caso, en virtud de la naturaleza puramente legislativa de los representantes del interés público de la Comisión, no es necesario evaluar este particular pues sencillamente el Gobernador no tiene autoridad, conforme a la norma pautada en los casos reseñados y la Constitución, para destituir a los demandantes. Estos son funcionarios legislativos y están fuera del alcance de la autoridad o poder del Gobernador para destituirlos”, explica la decisión.

Finalmente el Tribunal determinó que procedía el injunction e interdicto ya que la decisión del Gobernador había entorpecido la encomienda de la Comisión, lo que supone un daño irreparable, puesto que no se podía darle continuidad a los contratos otorgados para cumplir con los propósitos y obligaciones de la Comisión, comenzar la auditoría ya contratada de la de las emisiones contenidas en el contrato con una firma de auditoría y presentar al País los hallazgos sobre la legalidad o ilegalidad de la deuda.

“La determinación de la jueza muestra que teníamos razón al plantear que era improcedente la destitución de los representantes del interés público en la Comisión de Auditoría Integral (del Crédito Público) por parte del Gobernador. Esto nos permitirá retomar la importante labor de la Comisión, y conocer cuál es el monto real de la deuda, el uso que se le dio al dinero producto de los préstamos tomados. Además, si en efecto se violó o no la Constitución y las leyes de Puerto Rico en varias de las emisiones de bonos y quienes fueron los responsables de las posibles violaciones. Esperamos que no haya más intentos de evitar que se realice esta auditoría y que nuestro País conozca la verdad sobre el proceso de endeudamiento que nos ha sumido en la crisis que hoy vivimos. Los tribunales no investigan, determinan a base de la prueba presentada.”, expresó Roberto Pagán Rodríguez.

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