La Delegación de Río Piedras del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAPR) emitió una resolución en la que repudiaron enérgicamente la decisión del Gobierno de Puerto Rico de abandonar la auditoría de la deuda pública y eliminar la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
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Asimismo, el grupo incluyó una solicitud a la Junta de Gobierno del CAPR para que cree una comisión especial para estudiar y elaborar teorías legales para evitar el pago de la deuda pública que pudiera ser ilegal e ilegítima por ser inconstitucional. A tales fines, también solicitaron que la Junta de Gobierno autorice al Colegio a identificar abogados disponibles para comparecer a nombre del Colegio como amigo de la corte en todos los pleitos judiciales que se presenten para el cobro de la deuda pública de Puerto Rico, para exigir que se audite y que no se pague la deuda ilegal.
Esta Resolución se aprobó partiendo de la Resolución Número 4 del 2016, aprobada por el CAPR, reunidos en Asamblea General, en la que exigen la auditoría de la deuda pública, y que se reclama al gobierno que no se pague aquella que sea ilegítima e ilegal, y que se asigne responsabilidad civil y criminal a quienes sean responsables por la misma.
«Una auditoría amplia de la deuda permitirá conocer quiénes son los tenedores de la misma y el efecto real que implica su pago. Una auditoría nos permitirá distinguir entre la deuda comprada por inversionistas especuladores de aquella comprada por fondos de pensiones o cooperativas para establecer prioridades en el re-pago», señala la Resolución Núm. 4-2016