Fuertes votos disidentes por presunto intérprete con graves conflictos de interés en caso penal

Descarga el documento: El Pueblo de Puerto Rico v. Lory Frey

I. Hechos
A la Sra. Lory Frey se le imputó la comisión de tres delitos graves y dos menos graves por violación a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por hechos alegadamente ocurridos el 16 de marzo de 2017. Al comienzo de la vista de Regla 6, se le informó al Juez que la Sra. Frey no tenía la capacidad para entender y comprender el idioma español. Ante ello, se determinó cualificar como intérprete a la agente de la Policía de Puerto Rico que mantuvo custodiada a la peticionaria hasta que fue llevada a Regla 6. Cabe señalar que la referida agente estaba ejerciendo sus funciones como miembro de la uniformada al mismo tiempo en que fungió como intérprete de la imputada. Además, según alegó la Sra. Frey, la agente pertenecía a la misma unidad policiaca que los agentes investigadores que testificaron en contra de la imputada.

Luego de celebrada la vista de Regla 6, el juez determinó causa para arrestar a la peticionaria y pautó la celebración de la vista preliminar. El 6 de abril de 2017, la Sra. Frey presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal. Solicitó que los cargos en su contra fueran desestimados, conforme a lo dispuesto en Pueblo v. Branch 154 DPR 575 (2001) por los siguientes fundamentos: (1) que no se le garantizó el debido proceso de ley al asignarle como intérprete una agente de la Policía que no estaba debidamente cualificada para ejercer tal función; (2) que dicha agente custodió a la imputada en su carácter de oficial del orden público; (3) que la agente laboraba en la misma división que los agentes investigadores que presentaron los cargos en contra de la imputada, y (4) que no fue juramentada en la función de intérprete, lo cual minó la confiabilidad del proceso.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la desestimación fundamentándose en que la moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) sólo procede luego de celebrada la vista preliminar, por lo cual no se extiende a la vista de Regla 6. Además, arguyó que la agente que fungió como intérprete fue cualificada por el juez a cargo de la Regla 6 y que los procedimientos se celebraron pausadamente para asegurar la traducción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, por entender que el tribunal tomó las medidas para garantizar la participación de un intérprete en Regla 6.

Inconforme, la Sra. Frey acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho tribunal confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Entendió que la solicitud de desestimación fue prematura por presentarse antes de la celebración de la vista preliminar. Por su parte, el Hon. Nery E. Adames Soto emitió un voto disidente.

Inconforme nuevamente, la Sra. Frey acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

II. Resolución
El Tribunal Supremo denegó expedir la Solicitud de Paralización de los Procedimientos y la petición de certiorari.

III. Voto particular disidente del Hon. Estrella Martínez
El Hon. Luis Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. Manifestó que aunque nuestra Constitución y la Constitución federal no reconocen expresamente un derecho constitucional a que el tribunal le asigne un intérprete al imputado de delito, se ha interpretado que ese derecho emana de la garantía constitucional a un debido proceso de ley.

Reiteró que en Pueblo v. Branch 154 DPR 575 (2001) se reconoció que existe una obligación constitucional de proveer un intérprete a un imputado de delito que no comprende el idioma español, al amparo de la cláusula constitucional que garantiza el debido proceso de ley en su vertiente procesal. El Hon. Luis Estrella Martínez reconoció que en aquella ocasión la controversia estaba enmarcada en las incidencias ocurridas en la vista preliminar, pero opino que igual trato debe aplicarse para la vista de Regla 6.

Señaló que en el presente caso hubo una ausencia crasa de las garantías mínimas del debido proceso de ley, a tal grado que la Sra. Frey no logró entender y comprender los cargos que se le imputan ni el proceso llevado en su contra. También, indicó que como situación agravante, el dominio del idioma inglés de la agente no quedó debidamente acreditado, y que se trata de la misma agente que custodió a la peticionaria en su carácter de oficial del orden público y que laboraba con los agentes investigadores que presentaron cargos en su contra. Coligió que ante tales circunstancias queda meridianamente claro que la intérprete designada no reúne los requisitos de un intérprete neutral y libre de conflictos de intereses para ejercer esa función.

IV. Voto particular disidente del Hon. Ángel Colón Pérez
El Hon. Ángel Colón Pérez también emitió un voto particular disidente. Esbozó que las garantías mínimas del debido proceso de ley que le asisten a toda persona al enfrentarse ante un procedimiento criminal no fueron salvaguardadas en el presente caso. Acentuó que la garantía de un intérprete en los procesos criminales debe entenderse como un componente más de un verdadero acceso a la justicia.

por Joel Pizá Batiz

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