Lee la demanda: APRUM v. ELA, Junta de Supervisión Fiscal y Ricardo Roselló Nevares (PDF)
La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) radicó una demanda en el Tribunal Federal para el del Distrito de San Juan, contra la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para que protejan a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como un servicio esencial al país y solicitando la invalidación del plan fiscal por amenazar la estabilidad fiscal, entre otros asuntos.
La organización es representada por los licenciados Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmín Colón Colón, quienes tuvieron a cargo la redacción y presentación del recurso contra Natalie Jaresko, Presidenta de la JCF. También se incluyó a Gerardo Portela Franco, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf); a Raúl Maldonado Gautier, secretario del Departamento de Hacienda; y a José Marrero Rosado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
A través de un comunicado, los abogados argumentaron que el presupuesto impuesto a la UPR para el año fiscal 2018 viola varias de las disposiciones de la la Ley PROMESA. Según la demanda, la UPR debe ser visualizada como la inversión pública sostenida más grande de la historia de Puerto Rico.
«La (UPR) es el principal catalítico para el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, por tanto, comprende un servicio esencial para el país y sus constituyentes, según definido en la Sección 201 de PROMESA», se explica en el documento. En la demanda también se puntualiza que restarle fondos a la universidad, hace de la recuperación económica del país un camino «más tortuoso e inmediatamente disminuirá la posibilidad para atender los reclamos de otros acreedores en un plan de ajuste de deudas …».
Según estudios citados, existen “graves” consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda si se continúan con los recortes contra dicha institución. Además, estos argumentan que los $201 millones en reducción a la UPR se traducen a $47 millones de reducción en el RUM. Esto reduciría, a su vez, a 155 los profesores a tiempo completo y a 7 los a tiempo parcial; que el presupuesto aprobado tiene partidas “poco explicadas” para generar más recaudos a la UPR; que la UPR es acreedor del gobierno porque, entre 2004 y 2015, no recibió unos $303 millones por servicios prestados al gobierno, planes médicos y muncipios. Finalmente arguyen que no hay ninguna institución privada en la isla que tenga las herramientas para asumir los servicios que provee la UPR.
Entre las peticiones que se incluyen en la demanda, también se encuentra que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se “garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país”.
La Asociación de Profesor@s del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), es una organización bona fide de personal docente del Recinto. Esta afiliada a la Confederación de Asociaciones de Profesores/as (CONAPU), caucus que agrupa a las asociaciones del profesorado de la UPR y que aspira a constituirse en un sindicato del personal docente del sistema.