Tribunal Supremo niega reinstalación a abogado convicto por narcotráfico

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar la reinstalación a la profesión de un abogado convicto por narcotráfico.

Según la decisión, el Lcdo. Juan José Bernal Sánchez fue suspendido de la profesión hace trece años, por haber cometido los delitos de conspiración distribución de sustancias controladas y utilizar armas de fuego en la comisión de delito vinculado al tráfico de sustancias controladas, por los que fue condenado a diez años de cárcel en el foro federal. Además, en el 2003 este fue suspendido indefinidamente de la práctica de la profesión.

En una breve nota, el juez asociado Rafael Martínez Torres determinó que aunque no hay la menor duda de que el Sr. Juan José Bernal Sánchez está rehabilitado, no es suficiente para reinstalar su licencia de abogado:

“Mi punto de vista es este: Igual que no dejaría que un pedófilo trabaje con niños aunque esté rehabilitado y haya cumplido su condena tampoco dejaría a un narcotraficante tener una licencia de abogado, aunque esté rehabilitado y haya cumplido su condena. Creo que como ciudadano el señor Bernal Sánchez puede hacer muchas cosas pero no debe dedicarse a trabajar en el sistema de justicia que una vez laceró profundamente”.

La Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez reconsideraría la decisión y emitió un voto particular disidente citando el cuento “Ante la ley” de Franz Kafka, en el que expresó que situaciones como las de dicho abogado deben atenderse mediante un “balance fino de intereses y criterios. Entre estos, debe estar presente el supuesto importante de la rehabilitación de la persona y su aptitud para desenvolverse en la libre comunidad y ejercer sus facultades ciudadanas”.

Además manifestó que aunque el Tribunal concluyó que en el aquel momento, el abogado no estaba a la altura moral requerida para ejercer la abogacía, este había demostrado que atravesó un proceso serio de crecimiento personal, lo que unido a las recomendaciones de la Comisión de Reputación y de la Oficina del Procurador General, la obligan a concluir que este debe ser reinstalado.

Finalmente, esta criticó lo que llamó un purismo judicial extremo, manifestado en la negativa de considerar la capacidad inherente de todo ser humano de “enmendar los errores del pasado”. Asimismo criticó lo que llamó “el silencio” de la mayoría, que se limitó a declarar no ha lugar la petición, sin expresarse sobre sus razones para así hacerlo, a pesar de que su petición había sido referida ante el Comité de Reputación y las recomendaciones fueron favorables.

“En estas circunstancias, no me parece que esa constituya la mejor práctica judicial, dado que el peticionario queda relegado a un proceso poco justo e insensible, que podría incluso denominarse como ‘kafkiano'”. La Jueza Presidenta concluye su opinión disidente con las siguientes palabras:

Disiento respetuosamente de los distinguidos colegas de este Honorable Tribunal que sostienen lo contrario. Excusen, por favor, mi optimismo y mi fe en la naturaleza humana.

 

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