La Asociación de Industriales de Puerto Rico informa:
Ante el escenario post María, donde a más de un mes del impacto del huracán sólo se ha reestablecido alrededor de un 20% de la distribución de energía eléctrica en la isla, el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masses, presentó al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión el reclamo del sector que representa. A la misma vez, el líder de los Industriales expresó satisfacción ante la noticia de que se instalará un administrador de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica.
En una comunicación enviada a la mano al señor Carrión, Masses indicó que los líderes de la cadena de suministro y los centros de producción de empleo se preguntan, si en nuestra economía de «luces apagadas», en un proceso de quiebra de la ley PROMESA en el que un Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de 10 años es mediado, se pueda conseguir y mantener la competitividad sostenible requerida en el sistema eléctrico que pueda sustentar a nuestras empresas y empleados en el futuro.
Al entender que lo anterior no es posible, reclamamos que se considere bajo la actual Ley PROMESA y se incluya en el plan de acción del administrador de emergencia los siguientes puntos:
1. Se estime de manera conservadora la pérdida de demanda de la AEE que surgirá debido a la imposibilidad probada del Sistema Eléctrico de Puerto Rico de proporcionar seguridad energética que mantenga nuestro bienestar económico, incluidos los riesgos de huracanes; e inmediatamente se permita y promueva la generación distribuida regulada según los estándares de la industria tanto en los hogares y las empresas según provisto por las políticas locales y las leyes federales de energía de los EE. UU.
2. Se reduzca AHORA el objetivo del costo total de energía base de la AEE para que no exceda de 20 centavos / kWh, y no más de 15 centavos / kWh para el sector industrial y comercial. A la misma vez, que las fuentes de generación distribuidas mantengan paridad en la red.
3. Establecer inmediatamente un presupuesto para la Comisión de Energía de Puerto Rico y comenzar un proceso de «colaboración pública» donde la industria pueda intervenir eficazmente para asegurar que todas las tecnologías de generación distribuida y las capacidades financieras del sector privado sean consideradas para una inversión competitiva sostenible en línea con la tarifa objetivo y las necesidades de seguridad energética que pueden restablecer rápidamente la confianza de la industria y los inversores en el futuro de Puerto Rico.