La reforma contributiva federal y Puerto Rico

Por: Daniel Beltrán Torres

Al tiempo en que se discute la reforma contributiva más sustancial desde 1986 en el Congreso de los Estados Unidos, en Puerto Rico se desarrolla todo tipo de reacciones por cómo la mencionada reforma nos afectará. Al momento, la medida se encuentra en el Senado federal y esta impondría un impuesto de 20% sobre productos manufacturados por corporaciones foráneas en Puerto Rico que son vendidos a sus empresas matrices en Estados Unidos, además de un 12.5% sobre propiedad intelectual. Una de las metas de la administración republicana es traer de vuelta las corporaciones estadounidenses que operan fuera de la jurisdicción, lo que ha causado que algunos señalen que esta reforma tiene un alto componente nacionalista.

Esto quiere decir para Puerto Rico, que la ventaja contributiva de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, por sus siglas en inglés) desaparecería, siendo el sector farmacéutico el más afectado, cosa que pone en riesgo más de 200,000 empleos. Un éxodo de estas empresas representa de igual manera un problema al recaudo del estado ya que la Ley Núm. 154-2010, que establece una contribución de un 4% sobre las llamadas corporaciones foráneas, representa un 25% del recaudo del erario. Mientras la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una resolución concurrente solicitando al Congreso de los Estados Unidos que ante este escenario trate a la isla como una jurisdicción doméstica, que de igual manera eliminaría la ventaja contributiva ya que habría una imposición de casi 10,000 millones de dólares en contribuciones, entre individuos y corporaciones, además de poner en peligro 2,000 millones en recaudos lo que equivaldría a duplicar el déficit presupuestario ante la crisis económica que vive el país desde 2006.

En contraste con la Asamblea Legislativa y la Comisionada Residente, para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se perderían empleos y se estancaría la economía si la reforma contributiva federal no considera a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, pero aún está solicitando un trato diferenciado en cuanto a la carga contributiva que tendría como jurisdicción doméstica. En otras palabras, el Gobernador accedería al trato doméstico bajo el supuesto de tener representación política al igual que un estado. Mientras esas condiciones no estén presentes, el Gobernador solicita al Congreso un trato híbrido, muy parecido al periodo de las llamadas 936.

Dentro de este complicado panorama, el gobierno de Puerto Rico tiene sus esperanzas en una posible enmienda realizada en el comité de conferencia, donde se armonizarán la versión de la Cámara federal y el Senado. Entre tanto, los Senadores Bill Nelson de Florida y Robert “Bob” Menéndez de Nueva Jersey, han presentado una enmienda con confuso lenguaje que se entiende eximiría a Puerto Rico de los efectos de la reforma.

El experto en asuntos federales y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Phillip A. Escoriaza, le comentó a Microjuris.com que “Puerto Rico se está jugando su futuro económico, en quiebra, en condiciones sociales adversas y con muy pocas herramientas de poder político para influenciar las decisiones en Washington y dejar de ser un espectador que ve el desastre venir y no puede hacer nada”. El también abogado añadió que “la reforma contributiva federal va encaminada a desarticular lo que queda de infraestructura en el renglón de la manufactura en Puerto Rico, además de destruir las proyecciones del plan fiscal sometido y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Parecería irónico que la Junta, siendo criatura del Congreso, públicamente no ha mostrado estar involucrada activa y directamente en los pasillos del Congreso buscando que la reforma contributiva federal no se convierta en otro desastre más para la isla que impida cumplir con los objetivos de la ley PROMESA y le exige cumplir unas responsabilidades con el país”.

De igual manera, añadió que “el mayor problema ante Washington, desde siempre, es que el gobierno no es capaz de articular una solución única y de consenso, lo que dificulta los procesos de cabildeo en la capital federal”.

En los próximos días seguirá el desarrollo de esta reforma. La Cámara está lista para el comité de conferencia, y las gestiones de cabildeo bipartita continuarán. En Microjuris.com, estaremos pendientes a los cambios que sufra el proyecto en lo que resta del proceso legislativo federal.

A %d blogueros les gusta esto: