La American Bar Association presentó a finales de noviembre un amicus curiae en un caso de asesinato ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, argumentando que es inconstitucional que un abogado defensor conceda la culpabilidad de un acusado cuando está la objeción expresa del acusado.
El caso, en apelación del Tribunal Supremo de Luisiana, plantea la cuestión más amplia de la toma de decisiones en la relación abogado-cliente y si el cliente tiene el derecho de establecer el objetivo de su representación, así como el rol adecuado de un abogado cuando su cliente objeta enérgicamente la estrategia y representación del abogado en el juicio.
En este caso, el acusado Robert McCoy —posteriormente condenado por los asesinatos del hijo, la madre y el padrastro de su ex esposa— intentó presentar su alegación de inocencia pero su abogado lo contradijo desde el inicio del juicio hasta el final. Específicamente, el abogado designado por el tribunal, Larry English, hizo alegación de culpabilidad de McCoy ante jurado con la esperanza de salvarle la vida. El escrito de la ABA señaló que según las reglas modelo de conducta profesional, el abogado podría haberse negado a participar en cualquier defensa afirmativa que supiera que era falsa pero no podría imponer una «estrategia de aceptar culpabilidad, ignorando las repetidas y enérgicas objeciones del Sr. McCoy».
«Un cliente mentalmente competente tiene el derecho de decidir si impugna o admite la culpa. La usurpación de la decisión claramente expresada del Sr. McCoy de impugnar la culpabilidad en el juicio, sin importar cuán bien intencionada, violó los principios subyacentes al rol apropiado del abogado en una relación abogado-cliente según lo establecido en la Constitución y las reglas, pautas y estándares de la ABA y la Asociación de Abogados del Estado de Luisiana «, señala el documento.
El escrito argumentó que el Tribunal Supremo de Louisiana, que confirmó las condenas, se equivocó al concluir que la conducta del abogado era necesaria para evitar la violación de su deber de honestidad hacia el tribunal de primera instancia, ofreciendo un testimonio falso o perjurado.
«La prohibición de ofrecer evidencia falsa solo aplica si el abogado sabe que la evidencia es falsa. La creencia razonable de un abogado de que la evidencia es falsa no impide su presentación al juez de hechos», responde el escrito de amicus.
El caso es Robert M. McCoy v. Estado de Luisiana.