Con una votación unánime el Senado aprobó el Proyecto del Senado 489 para establecer que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los menores entre 13 a 18 años de edad. El proyecto legislativo que pasará a la Cámara de Representantes contempla estas y otras enmiendas a la Ley de Menores del País y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores.
Asimismo y con votación de 17 senadores a favor, nueve en contra y tres abstenidos, se dio paso a los Proyectos de la Cámara 1036 y 1035 con enmiendas por lo que pasan nuevamente a la consideración de la Cámara de Representantes para concurrir con las enmiendas y de no suceder así se podría realizar un Comité de Conferencia. Los votos en contra son de la minoría popular, el senador José Vargas Vidot y del senador Juan Dalmau Ramírez.
La votación fue realizada por pase de lista por el propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Durante el proceso de votación llegó al hemiciclo del Senado el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez, autor de los Proyectos 1036 y 1035.
El Proyecto de la Cámara 1036 deroga Ley de Menores de Puerto Rico y adoptar la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” para proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad. También pretende proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento a la vez que se le exige responsabilidad por sus actos y garantiza a todo menos un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.
Con el Proyecto de la Cámara 1035 enmienda las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores” para que armonicen con la nueva “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” y el Código Penal de Puerto Rico, enmendado en 2012.
“La pregunta que tenemos que hacernos como legisladores ¿qué proponemos? ¿un tranque? ¿no lograr nada? ¿entrar en una batalla con compañeros de la Cámara? ¿es eso lo que queremos?”, cuestionó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz al inicio de su turno en el debate de las tres medidas.
“El gobierno tiene que dar la oportunidad. Si el gobernador optara por el de la Cámara o la del Senado esa es su responsabilidad y nosotros vamos a descargar la nuestra. El presidente de la Cámara se comprometió a aprobar el Proyecto del Senado 489… Le pido a este Senado que no corte el niño en dos y que lo salve y que nos demos la oportunidad de que el Proyecto nuestro llegue (a Fortaleza)”, añadió Rivera Schatz luego de explicar las consecuencias de un tranque en el proceso legislativo.
En torno al Proyecto del Senado 489 se eliminaría que el menor comparezca ante los tribunales encadenado y el confinamiento solitario, aunque regularía el proceso para determinar en qué casos de manera excepcional podrán ser utilizadas restricciones mecánicas «esposas». Además, estipularía un límite de edad de 13 años para ser procesado e imputado por una falta, se usaría la mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de Menores. También, se establecería que la presentación de un informe social que deberá permanecer fuera del expediente del tribunal hasta la adjudicación del caso, entre otras medidas.
Como una iniciativa unánime, la autoría de esta medida la comparten senadores tanto de mayoría, como de minoría e independiente: José Vargas Vidot, Carmelo Ríos Santiago, Juan Dalmau Ramírez, Henry Neumann Zayas, Larry Seilhamer Rodríguez y Eduardo Bhatia Gautier.
Por otro lado, en casos donde un menor de 12 años o menos cometa una falta, la pieza decreta que el Procurador de Menores deberá referir al mismo junto a su núcleo familiar al Departamento de la Familia para ser evaluados. Sobre el agotamiento de remedios administrativos, antes que un tribunal tome jurisdicción el sistema de educación público o privado deberá agotar sus remedios. Además, en caso que el menor o su tutor sea sordo se le deberá proveer un interpreté.
La pieza que enmendaría la Ley de Menores y la Ley de la Judicatura para extender las Cortes de Drogas, conocidas como “Drug Courts” y así que cada Región Judicial tenga una Sala Especializada para atender ciertos casos criminales relacionados con sustancias controladas y menores y ordenar al Departamento de Justicia y a la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción a colaborar con dicho programa. Además, reduciría los términos para la celebración de las vistas en alzada tanto en los casos de menores bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles, como para los menores bajo la custodia de padres o encargados y disponer requisitos mínimos al Estado al momento de celebrar vistas en ausencia del menor.
Según la Exposición de Motivos de la pieza legislativa actualmente hay 254 menores confinados en instituciones juveniles, de los cuales, 234 son varones y 20 féminas. Asimismo, se desprende del censo que sobre el 80% de los menores proviene del sistema público de enseñanza y que solo el 20% de los menores alcanzó el duodécimo grado.
Por otro lado, al revisar las faltas, solo el 4% de las mismas fueron en contra de la vida, siendo el mayor porcentaje de las faltas contra la propiedad o violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, con 32% y 22%, respectivamente. Al evaluar patrones de violencia en contra de estos menores o su núcleo familiar, se encontró que el 43% había sido víctima de maltrato y 23% de los menores fueron víctimas de trata o explotación previo a su ingreso. La mayoría de los menores provienen de hogares de escasos recursos y dependientes de asistencia nutricional del Estado. De los datos publicados por el Departamento cabe destacar que el 92% de los menores detenidos son varones cuya edad es 18 años o menos, el 46% de los menores han tenido algún familiar confinado, el 58% de los menores procedían de un núcleo familiar en cuyo único ingreso provenía de subsidios o ayudas públicas y el 72% de los menores de edad ingresados en las instituciones juveniles se encontraban bajo el índice de pobreza”, detallan estadísticas del Perfil del Menor Transgresor en Puerto Rico del 2016 provisto por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que están incluidas en la Exposición de Motivos del proyecto.
El portavoz independentista, Dalmau Ramírez, favoreció el Proyecto del Senado 489 porque “busca la ruta humana” y anunció su voto en contra de los proyectos camerales. En su defensa del Proyecto 489 resumió el caso de la joven de 11 años Alma Yarida Cruz Cruz quien a su juicio representa el “fracaso del sistema de Justicia con nuestros jóvenes”.
Cruz Cruz, quien es estudiante de educación especial, tuvo confrontaciones escolares por ser víctima de burlas provocando que en su defensa reaccionara contra compañeros de escuela. La joven fue arrestada y enfrenta cinco cargos en el Tribunal de Menores. Alma Yarida aún está en espera de juicio.
“La joven en lugar de haber sido dirigida por los mecanismos escolares se le acusó por agresión simple, amenaza y alteración a la paz. Está en espera de juicio…El sistema en lugar de buscar dar una mano amiga y humana la trató como una criminal”, comentó Dalmau Ramírez al tiempo que definió los proyectos camerales como “un retroceso al tiempo de las cavernas”.
Luego de la exposición de Dalmau Ramírez, el senador Bhatia Gautier se expresó en contra de las medidas de la Cámara de Representantes. Sin embargo, “estaré votando a favor de la niñez, a favor de rehabilitar y de que Alma no tenga que volver a tribunal”.
Para el autor inicial del Proyecto del Senado 489, senador José Vargas Vidot “la niñez es nuestro más importante activo”. Por esta razón, opinó que la medida “no la estamos haciendo en un vacío”.
“Soy papá y no puedo ni siquiera pensar que mi hija Paula que la he visto crecer y que todos los días puedo mirarla y abrazarla… que tuviera gracias a nosotros el triste futuro de ser juzgada de una forma inapropiada y adjudicarle lo que se le adjudique a un adulto”, dijo Vargas Vidot.
Para el senador Neumann Zayas “hacer lo correcto es hacer justicia”.
“No es correcto tener a un niño de ocho años en prisión. No es correcto tener a un niño contestando preguntas de un Procurador de Menores, que no es otra cosa que un fiscal. No es correcto niños que no pesan 90 libras llevarlos frente a un magistrado encadenados. No es correcto que en una escuela pública, cuando surge cualquier problema, hacerles una querella. Esa es la más fácil pero no es correcto. En los Colegios lo resuelven sin querellas”, añadió el senador quien se abstuvo de los proyectos camerales.
La sesión continúa.