Proponen fin a los nombramientos de jueces cuando estén en cargos públicos

El representante Joel Franqui Atiles presentó el Proyecto de la Cámara 1415 que enmendaría la Ley de la Judicatura de Puerto Rico con el fin de aquellos jefes de agencia, alcaldes y miembros electos de la Asamblea Legislativa no puedan ser nombrados jueces hasta un año después de cesar su término.

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Franqui Atiles explicó que la intención de la medida es promover una Rama Judicial libre de presiones indebidas ya que una de las críticas más frecuente por el pueblo, abogados, profesionales y demás, es la etapa del reclutamiento. La medida tiene el objetivo de obligar que exista un margen de tiempo para que cesen el cargo y puedan ejercer de una manera imparcial.

El legislador también dijo “no se trata de descartar porque están en posiciones políticas, sino que se puedan nominar los jueces, basado en los méritos profesionales del candidato sin estar activo en la política”.

El representante detalló que el sistema de gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos es tripartito y las tres ramas de gobierno son independientes una de la otra y ninguna de ellas puede substraer las funciones otorgadas a las demás:

“La presente medida legislativa pretende establecer que no estará cualificado a ejercer el cargo de juez cualquier funcionario descrito en el proyecto dentro de un año de haber cesado su cargo y mi intención legislativa es permitir que dicho funcionario se distancie, antes de ejercer un cargo que conlleva la mayor imparcialidad posible, de los asuntos gubernamentales propios del cargo político que ejerció”.

Añadió que en Puerto Rico se escogen las personas que han de componer el Poder Ejecutivo y Legislativo del país mediante elecciones generales y esto tiene un impacto en el proceso de nominación y confirmación de los jueces en Puerto Rico. “El poder nominador de jueces y el método de selección debe aspirar estar basado en los méritos profesionales del candidato”.

Franqui Atiles manifestó “en muchos de los 50 estados se realiza el proceso de elección de los jueces mediante el voto de los ciudadanos. También existe que, mediante un proceso independiente del gobierno, se evalúan candidatos y se recomiendan tras el pasar exámenes y demás a la Legislatura y Gobernador”. Señaló que el proceso de selección de los jueces debe mejorarse y profesionalizarse para que la designación no sea su activismo o lealtad hacia quienes designan y consienten el nombramiento, “además los nombramientos de los jueces deberán recaer en personas altamente cualificadas, con conocimiento y capacidad jurídica, poseer cualidades de imparcialidad para ejercer las funciones judiciales como lo requiere la Ley”.

Según se enmienda el Artículo V, sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico regula el procedimiento de nombramiento de los jueces en los tribunales del país. Dentro de este proceso se faculta al Gobernador para llenar las vacantes que vayan surgiendo durante su incumbencia. El problema fundamental que se plantea es si estos nombramientos están guiados por los méritos o por el nivel de participación en la política partidista.

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