En un caso que afecta los derechos laborales de los millones de empleados del sector privado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los trabajadores de ese sector no pueden unirse para impugnar violaciones de derechos humanos, laborales y federales, sino que deben hacerlo de forma individual.
La decisión fue escrita por el juez Neil Gorsuch, quien argumentó que la Ley Federal de Arbitraje de 1925 prevalece sobre la Ley Nacional de Relaciones Laborales y que los empleados que firman contratos laborales en los que acuerdan arbitrar sus reclamos, deben hacerlo individualmente y no pueden unirse para hacer valer sus reclamos sobre horas y salarios.
«La política puede ser debatible, pero la ley es clara: el Congreso estableció que los acuerdos de arbitraje, como los que aquí evaluamos, deben ser ejecutados como se acordaron. Mientras que el Congreso tiene siempre la libertad de enmendar esta legislación, no vemos nada en la Ley de Relaciones del Trabajo -mucho menos la manifestación de una intención clara de desplazar la Ley de Arbitraje. Lo que sí podemos leer claramente, es la intención del Congreso de que ambas leyes coexistan en armonía», escribió Gorsuch, según reseñado por National Public Radio.
La juez Ruth Bader Ginsburg tuvo una opinión muy distinta a la de Gorsuch y la mayoría, anotando en su disenso que la decisión de la mayoría estaba «escandalosamente mal». Según Bader Ginsburg, la Ley de Arbitraje de 1925 vino antes de las leyes laborales federales y no debería abarcar las provisiones de «toma o déjalo» sobre las cuales insisten los patronos. La juez instó al Congreso a corregir la decisión del Tribunal a través de legislación.
Esta decisión involucra a tres patronos: Ernst & Young LLP, Epic Systems Corp. y Murphy Oil USA Inc. Cada una de estas compañías requería a sus empleados, como condición del empleo, que renunciaran a sus derechos a unirse a demandas de clase. En los tres casos, los empleados trataron de demandar de forma conjunta, manteniendo que las cantidades que podrían obtener en demandas individuales serían absorbidas por los honorarios legales que tendrían que pagar como individuos si presentaban sus casos bajo los procedimientos privados de arbitraje requeridos por las compañías.
Por ejemplo, el demandante principal de los empleados de Ernst & Young que intentó interponer una demanda colectiva tuvo un caso en el arbitraje que costó $ 200,000 en honorarios legales, aunque la posible recuperación por horas extraordinarias no pagadas fue solo de $ 1,800 para el individuo.
Los empleados sostuvieron que su derecho a la acción colectiva está garantizado por la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Los empleadores respondieron que tienen derecho a prohibir acciones legales colectivas en virtud de la Ley Federal de Arbitraje, que fue promulgada en 1925 para revertir la hostilidad judicial al arbitraje en ese momento.
Un estudio del Instituto de Política Económica reveló que el 56% de los empleados del sector privado no sindicalizados están actualmente sujetos a procedimientos obligatorios de arbitraje individual, bajo la Ley Federal de Arbitraje de 1925, que permite a los empleadores prohibir acciones legales colectivas por parte de los empleados.
La decisión de la corte significa que decenas de millones de empleados no sindicalizados privados no podrán demandar colectivamente sobre los términos de su empleo.