El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de Supervisión), como representante de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) en el proceso judicial bajo el Título III de la Ley Federal PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico y una porción sustancial de los bonistas de COFINA llegaron a un acuerdo en principio para recortar y reestructurar la deuda de COFINA en términos que puedan pagarse ante la realidad fiscal de Puerto Rico.
Rosselló Nevares expresó que «desde nuestra campaña electoral hemos sido firme en que la deuda de Puerto Rico tiene que reducirse en términos que podamos pagarla ante el efecto de decisiones equivocadas del pasado. De igual forma, hemos expuesto la política pública de lograr acuerdos consensuales con nuestros acreedores que no afecten los servicios del Gobierno a los más vulnerables».
El acuerdo en principio representa una reducción en el monto de la deuda agregada de COFINA de casi una tercera parte de la deuda, ahorros de $17,500 millones en pagos futuros de deuda y provee términos y condiciones para su restructuración. El acuerdo en principio es consistente con el acuerdo de transacción obtenido por los agentes de COFINA y el Gobierno Central en el caso de Título III anunciado en junio de 2018. Se anticipa que este acuerdo provea un camino hacia un plan consensual de ajuste de deuda para COFINA y un paso decisivo en la resolución final de la deuda pública de Puerto Rico.
«Este acuerdo representa un gran avance en la reestructuración de la deuda de la Isla y confirma una vez más la credibilidad de nuestra gestión. El mismo se une a los acuerdos que ya hemos alcanzado con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento y con los de la Autoridad de Energía Eléctrica y demuestra que estamos reestableciendo la confianza en Puerto Rico. Además, estos acuerdos son un paso importante para recuperar el acceso a los mercados de capital», sentenció el primer mandatario.
Por su parte, Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), informó que este acuerdo le brindará al Gobierno de Puerto Rico acceso a $425 millones anuales, en promedio, por los próximos 40 años.
«Este acuerdo en principio con los bonistas de COFINA adelanta los mejores intereses de todas las partes envueltas, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico y los bonistas locales. Con este entendido en principio, se evitan gastos de litigios y se asegura que el Gobierno cuente con los fondos necesarios para continuar brindando servicios a la ciudadanía», concluyó el licenciado Sobrino Vega.
El acuerdo en principio es producto del proceso de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain en el caso de Título III de COFINA y liderado por la jueza Barbara Houser y su equipo de jueces mediadores.