El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó ayer al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, Raúl Grijalva, la derogación de la Ley PROMESA.
Así se lo dejó saber en una reunión en su oficina legislativa, en la que también estuvieron presentes los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier y José Luis Dalmau Santiago.
El Hon. Rivera Schatz enfatizó que el Senado ha dirigido sus esfuerzos y recursos para eliminar los efectos de la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por entenderlos como un obstáculo mayor para la recuperación de Puerto Rico.
Por su parte, el congresista explicó que entre sus propuestas para enmendar la Ley PROMESA están auditar la deuda, mayor transparencia y que los fondos operacionales de la JSF provengan del gobierno federal. Asimismo, indicó que las vistas para enmendar la Ley PROMESA serán el próximo 22 de octubre.
De otra parte, en atención a la industria de las peleas de gallos en la Isla, el presidente senatorial junto al senador popular José Luis Dalmau, urgieron a Grijalva a que el Congreso revise la efectividad de la Ley de Agricultura y Nutrición de 2018 también conocida como «Farm Bill» que prohíbe terminantemente las peleas de gallo en Estados Unidos y sus territorios. La ley entra en vigencia a finales de este año.
Actualmente, el Tribunal federal tiene ante su consideración una demanda incoada por representantes de la industria gallística para revertir la ley que el Presidente de Estados Unidos, Donald J.Trump, firmó en diciembre del año pasado.
¿Aún no estás suscrito a Microjuris? Házlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Házlo en nuestra sección de cursos en línea.
Otros temas discutidos en la reunión con el congresista Grijalva fueron el apoyo a los municipios, la transformación energética y el depósito de cenizas en la Isla.
El Presidente del Senado recordó que durante su visita a Washington, D.C. la semana pasada sostuvo varias reuniones en el Congreso, Casa Blanca y con jefes de agencias federales para exigir mayor acceso a los fondos federales. Incluso, urgió que los municipios participen en el manejo de los $20 mil millones fondos federales de reconstrucción.