El 19 de noviembre de 2019 la Gobernadora firmó la Resolución Conjunta 118 de la autoría del Sen. Miguel A. Romero Lugo para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico como entidad gubernamental designada para recibir y administrar los fondos Community Development Block Grant–Disaster Recovery (CDBG-DR) a los fines de facilitar la utilización de dichos fondos para la reconstrucción y recuperación de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña en el Municipio de San Juan. Con este propósito, la medida también autoriza a la agencia a viabilizar enmiendas, conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, al “Plan de Acción para la Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-DR en Respuesta a los huracanes Irma y María (2017)”.
La medida fue suscrita por el Sen.José A. Vargas Vidot como co-autor y había sido aprobada en votaciones unánime tanto en el Senado de Puerto Rico como en la Cámara de Representantes.
Según explica la medida, las ocho (8) comunidades aledañas al Caño Martín Peña en el Municipio de San Juan son el hogar de sobre 26,000 personas. Estas comunidades enfrentan desde hace varias décadas retos ambientales y de infraestructura que inciden negativamente sobre su calidad de vida. A los fines de identificar fondos para la ejecución de proyectos necesarios en las comunidades, se aprobó la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño de Martín Peña”. La citada ley estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico, entre otros, el darle atención prioritaria a la restauración ambiental del Caño Martín Peña y rehabilitar y revitalizar las comunidades en sus márgenes norte y sur, a los fines de fomentar una relación saludable entre el ambiente natural y la ciudad y las comunidades que le rodean, con una visión integral del desarrollo y sobre la base del apoderamiento comunitario. De igual forma, se declaró como política pública el promover la rehabilitación y revitalización en su sitio de las ocho comunidades que componen el Distrito y la Península de Cantera y propiciar un desarrollo comunitario integral que sea protagonizado por los miembros de las propias comunidades.
El autor de la medida esbozó que tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, muchos de los problemas de estas comunidades se vieron amplificados. Se estima que más de 1,200 (mil doscientas) familias perdieron su techo parcial o totalmente y que más de 75 (setenta y cinco) familias perdieron sus residencias totalmente. Posteriormente, en julio de 2018, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América recibió una asignación suplementaria de $2,500 millones para atender proyectos de manejo de riesgo de inundaciones. Sin embargo, lamentablemente, las labores de dragado y restauración del Caño Martín Peña fueron excluidas. Esta acción se fundamenta en la clasificación de los proyectos relacionados al Caño Martín Peña como una de restauración de ecosistemas y no como una de manejo de riesgos de inundaciones, aunque el dragado de dicho cuerpo de agua sí tendría tal efecto sobre las comunidades aledañas.
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Sobre las acciones congresionales luego de los huracanes Irma y María, la medida destaca que el Congreso realizó mediante legislación una asignación de sobre $18,500 millones en fondos conocidos como Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR). Estos fondos, destinados a la recuperación y reconstrucción de infraestructura y comunidades afectadas por desastres naturales, serían recibidos y administrados por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, conforme a las disposiciones del Artículo 4.1 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”. Consecuentemente, el Departamento de la Vivienda aprobó el “Plan de Acción para la Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-DR.
No obstante, miembros de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña han expresado preocupaciones referentes a la elegibilidad para el uso de los fondos CDBG-DR en sus respectivas áreas debido a la redacción actual del Plan de Acción y lo que entienden son limitaciones autoimpuestas. Además, los nuevos mapas de inundaciones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (en adelante, “FEMA”, por sus siglas en inglés) ha adoptado para Puerto Rico, expanden significativamente las zonas inundables y gran parte de las ocho (8) comunidades aledañas al Caño Martín Peña serían clasificadas como tal. Sin embargo, los proyectos propuestos para el dragado y otras mejoras en la infraestructura reducirían significativamente el riesgo de inundaciones al mejorar el drenado pluvial del área.
Por lo cual, la Resolución Conjunta 118 fue aprobada para garantizar que el Departamento de la Vivienda tome en consideración la particularidad de las ocho (8) comunidades que rodean el Caño Martín Peña y promueva la política pública establecida para la rehabilitación de la infraestructura comunitaria.
La medida dispone que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico deberá considerar entre las enmiendas al Plan de Acción:
- Permitir la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de viviendas actualmente ubicadas en áreas denominadas como zonas inundables alrededor del Caño Martín Peña;
- en el caso del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, cualquier adquisición de terreno que realice el Gobierno de Puerto Rico mediante estos fondos se debe considerar su transferencia al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, en cumplimiento con y según las disposiciones de la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño de Martín Peña”; y
- establecer alternativas viables ante los efectos adversos que tendrían los requisitos de seguro por inundación sobre las ocho comunidades que rodean el Caño Martín Peña.
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