Tras declaración de zona de desastre, la administración Trump restringe el libre flujo de fondos para Puerto Rico
La administración Trump planea imponer varios requisitos nuevos sobre miles de millones de dólares en ayuda para Puerto Rico, incluida una nueva restricción sobre los salarios pagados por el gobierno de la isla a los contratistas que trabajan en ayuda por desastre, según dos funcionarios con conocimiento del plan.
Según los parámetros que propone el gobierno federal, Puerto Rico tendría que otorgar una nueva autoridad a la Junta de Supervisión Fiscal para recibir fondos destinados a ciertos proyectos federales. Puerto Rico también tendrá que aceptar pagarle a los contratistas federales que trabajan en asistencia post desastre menos de $15 por hora, según dicta una orden ejecutiva firmada por Ricardo Rosselló que exige esa tarifa por hora.
La Casa Blanca ha trabajado durante meses para promulgar nuevas restricciones sobre a $8 mil millones en ayuda de mitigación de desastres aprobados por el Congreso. Como se sabe, la Isla se ha visto afectada este mes con terremotos recurrentes a sólo dos años después de que el huracán María devastara gran parte del país.
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El gobierno de Puerto Rico también tendrá que acordar crear un nuevo sistema para registrar propiedades y escrituras, una medida destinada a frenar el fraude en las solicitudes de reembolso federal, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para el Washington Post para discutir los planes internos de la administración Trump.
Un cuarto requisito exigiría que ninguno de los fondos de mitigación de desastres vaya a la red eléctrica de la isla, que es notoriamente frágil y que en ocasiones ha dejado a los residentes sin electricidad durante meses.
Se espera que el Departamento de Vivienda federal, que ha estado trabajando con funcionarios de la Casa Blanca, informe al gobierno de Puerto Rico sobre las restricciones propuestas esta semana, dijeron los funcionarios.
Los terremotos de este mes, que afectan principalmente a la región suroeste de la isla, han dejado a comunidades enteras temerosas de vivir en sus hogares y han exacerbado aún más los problemas de infraestructura que nunca se resolvieron después de María.
LENTA LA AYUDA
«La ayuda viene, pero viene una gota a la vez», dijo Elizabeth Ocasio, adscrita al Municipio de Ponce. “Necesitábamos fortalecer estas estructuras después del huracán. Ahora, tenemos un daño mayor», compartió.
El gobierno de Puerto Rico estima que los terremotos causaron daños por $110 millones en al menos cinco municipios, pero los alcaldes locales confían en que el número se disparará, debido a las continuas réplicas y a que se se están realizando aún evaluaciones de daños.
Los demócratas del Congreso y los funcionarios de Puerto Rico han denunciado públicamente a la administración Trump por retrasar el acceso a los fondos de recuperación. El representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, quien preside el comité que supervisa los territorios de los Estados Unidos, dijo que el proceso está comenzando a moverse pero que Puerto Rico enfrenta una suma de retos específicos propios de una isla con problemas de liquidez presionada bajo un programa de austeridad. «Esta ha sido una táctica dilatoria dolorosa», dijo Grijalva.
CORRUPCIÓN Y CREDIBILIDAD RETRASA EL OTORGAMIENTO DE FONDOS FEDERALES
Trump y los legisladores republicanos han visto el escándalo de corrupción asociado al exgobernador, Ricardo Rosselló, como una como fundamento para exigir una supervisión más estricta del gasto de fondos federales en la isla. La administración Trump también tiene como objetivo frenar la cantidad de fondos que podrían destinarse a la red eléctrica, asegurando que el dinero para repararlo ya se ha desperdiciado.
«El presidente Trump está comprometido a ayudar a la gente de Puerto Rico y al mismo tiempo garantizar que los dólares de los contribuyentes [estadounidenses] ]no se desperdicien. En una gran victoria para los puertorriqueños y los contribuyentes estadounidenses, la administración ha presentado reformas para el acuerdo de subvención a Puerto Rico con el fin de proteger los recursos», dijo Chase Jennings, portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto federal.
La propuesta de la administración de otorgar más autoridad de supervisión a la Junta de Supervisión Fiscal podría resultar políticamente problemática, ya que algunos demócratas del Congreso han atacado el cuerpo como antidemocrático, dado que los puertorriqueños no pueden elegir a sus miembros. La Junta de Supervisión Fiscal fue creada bajo la administración de Obama para ayudar a manejar la crisis de deuda de la isla.
José B. Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo en una entrevista con el Washington Post desde su liderato «no es algo que buscamos», refiriéndose a recibir aún más autoridad para dirigir el uso de fondos de la recuperación, pero que la junta está feliz de ayudar al gobierno federal a obtener más fondos. «No estamos viendo esto como un juego de poder», dijo Carrión. «Queremos hacer nuestra parte para que el gobierno federal se sienta cómodo y los fondos fluyan a la gente de Puerto Rico que los necesita. Queremos que Puerto Rico deje de ser una situación problemática», acotó Carrión III.
El Congreso ha aprobado $42 mil millones para la recuperación de la isla, pero sólo se ha asignado una mínima parte de ese dinero. Los $8.3 mil millones en fondos de mitigación de desastres fueron aprobados por el Congreso para proteger partes de la isla propensas a desastres naturales, como la construcción de bombas de agua donde ocurren inundaciones repentinas, dijo Deepak Lamba-Nieves, director de investigación en el Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico.
A principios de este mes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a la administración Trump de retener ilegalmente el dinero y pidió a la Casa Blanca que «cese y desista» de entorpecer los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico.
«Todo el mundo sabe que el presidente Trump ha criticado severamente a la gente de Puerto Rico y, en algunos casos, los ha ofendido», dijo Ramón Luis Nieves, exsenador por San Juan por el Partido Popular Democrático. No obstante, señaló que hay «preocupaciones legítimas sobre la corrupción en el gobierno local de Puerto Rico y tomará tiempo para que el gobierno de Puerto Rico restablezca su credibilidad frente al gobierno federal».
Fuente: Washington Post