La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced emitió un veto expreso para la Resolución Conjunta de la Cámara 645 que ordenaba que la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Departamento de Salud llevasen a cabo coordinadamente el cernimiento obligatorio del COVID-19 en todos los aeropuertos de Puerto Rico e imponía una cuarentena de 14 días a todo pasajero a su llegada a los terminales aéreos.
En los argumentos para vetar la medida, Vázquez Garced expone que mediante la OE 22-2020 del día 12 de marzo de 2020 se activó la Unidad Médica de la Guardia Nacional con el propósito de prestar apoyo al Departamento de Salud y las demás agencias vinculadas a atender esta emergencia, lo cual incluye los servicios de cernimiento del COVID-19 de todas las personas que llegan a los aeropuertos de Puerto Rico.
En esa misma línea, el día 30 de marzo se promulgó la Orden Ejecutiva 30-2020 mediante el cual se impuso la cuarentena obligatoria a todo pasajero que llegase al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en un vuelo procedente de Estados Unidos o de cualquier destino internacional.
En consecuencia a lo promulgado en ambas órdenes ejecutivas, la gobernadora afirma que la Guardia Nacional ya se encuentra realizando labores de cernimiento en el aeropuerto y tomando la temperatura a todo pasajero que arribe a Puerto Rico. Esto, de conformidad con el protocolo del Departamento de Salud, coincide en su totalidad con los fines que persigue la medida legislativa.
El veto expone que también existen consideraciones fiscales que le impiden firmar la medida, ya que no identificaba el origen de los fondos necesarios y parecería delegarle al Departamento de Salud la responsabilidad de utilizar sus recursos para cumplir con la resolución.
El Departamento de Salud objetó esta disposición porque entienden que la responsabilidad de realizar las pruebas rápidas tendría que recaer sobre la Guardia Nacional, ya que la agencia no cuenta con el personal ni los recursos para subvencionar la operación.
El Departamento de Salud había certificado que el impacto no contemplado de la medida sobre su presupuesto ascendería a $8.6 milllones entre recursos humanos, tecnólogos médicos, manejo de desperdicios biomédicos, compra de pruebas rápidas, compra de equipo de protección personal, entre otros.
Aún estando en total acuerdo con el fin que persigue la medida, la gobernadora esbozó que de firmar la medida se podría arriesgar la continuidad de los servicios que está brindando la Guardia Nacional con sus labores de cernimiento en el aeropuerto.
La medida había sido radicada bajo la autoría del representante Michael A. Quiñones Irizarry el 26 de marzo de 2020, y fue aprobada sin enmiendas y por unanimidad en ambos cuerpos legislativos mediante el mecanismo de descargue. Se envió a la gobernadora el 17 de abril y fue vetada el 29 de abril de 2020.
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