Plantean la necesidad de reconsiderar medidas correccionales contra el COVID-19

Aunque el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico —Gustavo Gelpí— anunció que ya no se trasladarán más personas privadas de libertad en Estados Unidos hasta el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés), los abogados y abogadas de defensa mantienen sus preocupaciones sobre el proceso que sufren las personas encarceladas en Puerto Rico tras la pandemia por COVID-19.

Para el licenciado Diego Alcalá, las autoridades carcelarias —a nivel local y federal— deben reconsiderar una reducción drástica de la cantidad de personas que se ingresan a los centros y adelantar el proceso de salida de las personas que están por cumplir sus sentencias.

Descarga el Informe sobre COVID-19 en Puerto Rico y su impacto sobre Personas Privadas de Libertad

Alcalá explicó a Microjuris.com que el sistema correccional de Puerto Rico puede abrirse a medidas como las que plantea el informe para reducir las probabilidades de contagio entre las personas que permanecen privadas de libertad.

Además, recordó que si las personas privadas de libertad vuelven a ir a los tribunales para ejercer su derecho de confrontación, habrá una gran cantidad de personas que estarán saliendo de las instituciones correccionales y se necesitarán medidas como las que plantea el informe para desalentar un contagio masivo entre las personas que permanecen en las instituciones correccionales.

El informe presenta al menos cuatro soluciones puntuales:

  • Distribución de equipo y materiales de limpieza
  • Reducción de la población penal
  • Evitar el aumento de la población penal
  • Pruebas, monitoreo y transparencia

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Mientras tanto, Alcalá destacó que no todas las personas privadas de libertad han logrado ejercer su derecho de confrontación —al asistir a los tribunales para ver su juicio— porque algunos abogados y abogadas de la práctica privada han aceptado ver los juicios a través de videoconferencia.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) se mantiene en desacuerdo con atender procesos penales a través de videoconferencias.

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