La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 737 para asignar $20 millones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Puerto Rico.
Estos fondos provienen de la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año fiscal 2021.
Los Centros Sor Isolina Ferre, Go Go Go Fundation, Make-A-Wish Foundation of Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferre, la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, SER de Puerto Rico, la Sociedad Pro Niños Sordos de Puerto Rico, el Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas y la Casa Protegida Julia De Burgos son solo algunas de las 511 entidades que recibirán ayuda económica como parte de los $20 millones.
VETO DE LÍNEA
La gobernadora aclaró que otras cantidades que fueron incluidas como reasignaciones, que no eran parte de los $20 millones originales, recibieron un veto de línea.
«Respecto a las reasignaciones de fondos de años fiscales anteriores que fueron incluidas como enmiendas durante el proceso legislativo en la Resolución Conjunta, me he visto obligada a impartir un veto de línea», explicó Vázquez Garced en declaraciones escritas.
«Si bien respaldo en principio dichas reasignaciones, las mismas son contrarias a los pronunciamientos del Tribunal Federal al interpretar la ley PROMESA sobre este tipo de reasignación de fondos de años anteriores. Lamentablemente, han dicho en más de una ocasión que es necesario obtener el aval de antemano de la Junta de Supervisión Fiscal», agregó.
«Con el objetivo de salvaguardar los $20 millones en donativos de la medida original, que estarían en riesgo si se paraliza en un tribunal toda la medida como parte de un proceso judicial, he impartido el veto de línea a las partidas que crearían la controversia por no haberse usado el proceso adecuado. Esto hubiese sido funesto para las más de 500 organizaciones que ahora si pueden recibir los fondos no controversiales», continuó.
Sin embargo, la gobernadora instruyó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a que presente un planteamiento presupuestario ante la Junta de Supervisión Fiscal para que evalúe y autorice las partidas que vetó.
«Confío que la solicitud sea evaluada y aprobada con prontitud y sensibilidad por la Junta de Supervisión Fiscal para beneficio de las entidades sin fines de lucro, que tantos servicios aportan a nuestras comunidades en Puerto Rico», concluyó Vázquez Garced.
¿QUÉ ES UN VETO DE LÍNEA?
La gobernadora puede —en las medidas sobre asignación de fondos— reducir o eliminar partidas de fondos, pasando una línea sobre la asignación y cambiando el total final de la asignación.
A eso se le llama «veto de línea».
PROCESO
La medida —que se aprobó en la pasada sesión extraordinaria— llegó a La Fortaleza el pasado 19 de agosto.
Para recibir los fondos, los organizaciones debieron cumplir con los requisitos que se establecieron en la Ley 20 de 2015, mejor conocida como la Ley de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.
La ley establece los procedimientos y los requisitos para la radicación y la evaluación de propuestas que permitan el desarrollo de proyectos o programas de impacto social, económico o comunitario.
Además, define la responsabilidad del monitoreo, fiscalización de las subvenciones otorgadas y desarrollo de una cultura de medición y evaluación de resultados entre las organizaciones subvencionadas.
La política pública para la asignación de donativos legislativos promueve la inversión en organizaciones que fomenten el desarrollo económico, promuevan conductas positivas y fortalezcan el quehacer cultural.