¿Qué contexto llevó a que Ruth Bader Ginsburg fuese considerada al Supremo Federal?

El 16 de julio de 2019, el exjuez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Paul Stevens, falleció a los 99 años.

En su funeral, celebrado en Arlington, la jueza asociada Ruth Bader Ginsburg fue quien presentó el eulogio póstumo. Recordó un viaje Lisboa que realizó con Stevens semanas antes de su deceso. Detalló algunas conversaciones que sostuvo con él durante el viaje. La nostalgia que produce el retiro, los casos resueltos y lo bien que estaba su memoria. Recordó también el último intercambio de palabras que tuvo con el exjuez la última noche en Lisboa.

Bader Ginsburg le dijo a John: “My dream is to remain on the Court as long as you did”.

John le contestó: “Stay longer!

No obstante, mientras muchos lamentan su pérdida, la realidad en la capital federal se impone.

La luctuosa pérdida deja una vacante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A solo horas del deceso, el presidente Donald J. Trump y el liderato republicano en el Senado han expresado su intención de nominar y confirmar al sucesor antes de las elecciones en noviembre.

Tal vez esta misma semana veremos al presidente de Estados Unidos hacer uso de su facultad constitucional para ocupar la vacante. Ante esa realidad, entendemos pertinente repasar los procesos políticos que han rodeado y condicionado el ritmo de las de nominaciones y los nombramientos al máximo foro judicial. La facultad constitucional de nominar y confirmar a un candidato a juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es un proceso político.

Como todo proceso político, las complicaciones y soluciones dependen de variables, tales como actores políticos de turno, contexto histórico y circunstancias particulares no previsibles.

Mediante el desarrollo de esta nota, repasaremos de forma breve algunas de esas variables en la historia de ciertas nominaciones que resultan cruciales para entender el paulatino cambio de cultura. De igual manera, intentaremos proyectar cómo se han galvanizado ciertos intereses en la cultura política en la capital federal con un objetivo claro sobre la judicatura. En ese proceso ubicaremos la figura de Ruth Bader Ginsburg y los sucesos que rodearon su nombramiento, algunos apuntes de su aportación jurídica al desarrollo del derecho e intentamos observar el futuro inmediato.

1993

En marzo de 1993, el juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Byron Raymond “Whizzer” White, solicitó una reunión con el profesor y abogado, Ron Klain, quien se destacaba para aquel entonces como abogado asesor del presidente Bill Clinton en los inicios de su primer mandato.

Sin dar detalles del motivo de la reunión, Klain aceptó ya que al juez White le vinculaba el hecho de haber sido su oficial jurídico. La invitación no era del todo extraña. La reunión se llevó a cabo y mediante Klein, en cuestión de horas, el presidente Bill Clinton fue notificado de la inminente renuncia del juez White.

Al momento que esto sucede, debemos tener en cuenta algunas cosas sobre la nueva -para aquel entonces- administración Clinton-Gore. Habían pasado 12 años desde la última administración demócrata. Por otro lado, Clinton llega a Casa Blanca sin un equipo de asesores que conociera el intríngulis de la capital federal, y su cultura política.

También debemos puntualizar que Clinton entra a la presidencia centrado en temas domésticos como prioridad, muy diferente a sus antecesores. Esas particularidades de la nueva administración provocaron problemas con ciertos nombramientos a posiciones de importancia durante ese primer año (1993).

Casa Blanca lucía inexperta, poco conocedora del ambiente político de Washington, y central de duras críticas por que el escogido de algunos funcionarios parecía una búsqueda a tientas.

Por ejemplo, en el intento de nombrar a un Fiscal General de los Estados Unidos, Clinton nombró a Zoe Baird y luego a Kimba Wood.

Ambas nominaciones se hicieron sal y agua. De igual forma, la nominación de Lani Guinier, como segunda en mando en el Departamento de Justicia, también resultó trunco. Clinton finalmente nominó con éxito a Janet Reno como Fiscal General de los Estados Unidos. No obstante, el presidente resentía no conocer a fondo a Reno, que de esa forma un tanto accidentada se convertía en la primera mujer en ostentar la posición.

En fin, Casa Blanca ahora tendría que organizar y prepararse para una nominación al Tribunal Supremo.

IMPLICACIONES DE LA VACANTE

La vacante que dejaba la renuncia del juez White tendría implicaciones históricas.

El último presidente demócrata en haber nominado a un juez a la Corte Suprema había sido Lyndon B. Johnson en 1967. Así fue cómo Thurgood Marshall —el destacado jurista, activista y principal abogado del caso Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)— llegó al Supremo.

Entre el último nombramiento de Johnson en el 1967, a este momento en 1993, el proceso político que envuelve una nominación al más alto foro judicial federal había cambiado por razones diversas.

La mediatización de los procesos, intereses políticos-económicos organizados en estructuras bien financiadas y las profundas divisiones ideológicas cambiarían para siempre el tono en la discusión pública ante cualquier nominación al Tribunal Supremo federal.

Algunas nominaciones entre los 80 y 90 detonaron efectos que al día de hoy perduran en la cultura política de Washington D.C.

COMPLEJIZACIÓN DEL PROCESO

Para tener una idea, la vista de confirmación del juez White, había durado poco más de 20 minutos y consistió en algunas 8 o 10 preguntas. En las próximas décadas, el proceso de confirmación en el Senado para evaluar un nominado al Supremo federal se había tornado algo complejo.

Requería días de vistas públicas y múltiples cuestionamientos en cuanto a la visión teórica del nominado y aspectos del manejo de la vida personal del mismo. Por lo bajo, pero muy presente, se encuentra la lucha de poder por conformar un Tribunal que responda a visiones conservadoras, centristas o liberales, dentro de la cultura jurídico-política de los Estados Unidos.

Esos cambios en el proceso de confirmación fueron palpables ante el nombramiento fallido de Robert Bork en 1987 para cubrir la vacante que dejara Lewis F. Powell Jr. (nominado por Richard Nixon).

El proceso de vistas públicas del nominado galvanizó la tirantez de las distintas facciones en Washington.

La tenacidad, organización y activismo de los senadores Ted Kennedy y Joe Biden ante este nombramiento despertó una contra ofensiva republicana que motivaría al senador Mitch McConnell a liderar un esfuerzo por mantener un Tribunal alineado al lado más conservador posible.

En esa atmósfera política discurrió también el nombramiento de Clarence Thomas en 1991, que estuvo marcado por las denuncias que hiciera Anita Faye Hill, sobre un patrón de acoso sexual del nominado a su persona, mientras laboraban en organismos del gobierno federal.

Bork no fue confirmado por el Senado. Incluso, en adelante se reconocería su apellido, como verbo informal: “We’re going to bork him”, definido en la jerga de D.C. como “obstruct (someone, especially a candidate for public office) through systematic defamation or vilification“.

Una vez derrotado en el Senado el nombramiento de Robert Bork, el presidente Ronald Reagan nominó a Anthony Kennedy, que fue confirmado. Este último, decidió renunciar en 2018 (tan sorpresivamente como el juez White), lo que dio paso al presidente Trump a nominar al hoy juez asociado Brett Kavanaugh.

La nominación de Kavanaugh reviviría el drama de la próxima polémica que sacudiría a Washington D.C. luego de Bork.

Como mencionáramos, en el 1991 el presidente George H. W. Bush presenciaba cómo las vistas públicas de su nominado a ocupar la vacante de Thurgood Marshall, Clarence Thomas, discurría en un cuestionamiento por las denuncias de la abogada y profesora Hill.

Con el proceso de Bork recién vivido, muchos le auguraban al nominado Thomas la misma suerte. Algunos cronistas entienden que la defensa racial que levantó Clarence Thomas en el Senado salvó su nominación. Siendo un jurista negro, conservador, graduado de Yale, el nominado realizó un discuros ante el Senado una vez se escuchó el testimonio de Anita Hill:

…from my standpoint, as a black American, as far as I’m concerned it is a high-tech lynching for uppity blacks who in any way deign to think for themselves, to do for themselves, to have different ideas, and it is a message that unless you kowtow to an old order, this is what will happen to you…

Thomas no corrió con la suerte de Bork. Fue confirmado y aún forma parte de la composición del Tribunal Supremo. Con la nominación de Bork y su saldo, en las próximas nominaciones era palpable el cambio en la cultura política de Washington ante posibles nominados al Tribunal Supremo. De ahí en adelante, se fundarían comités de acción política (súper PAC) con el fin de influir en el proceso de confirmación de los nominados a formar parte del Tribunal.

Los intereses organizados, bien financiados y dispuestos a utilizar herramientas de comunicación masiva buscaban influir en el consenso legislativo del Senado a la hora de evaluar a un candidato. A raíz del caso de Bork, los conservadores redoblaron esfuerzos, utilizando una organización muy poderosa que busca mantener la composición del Tribunal y el desarrollo del derecho dentro de una visión textualista u originalista, propio de los juristas más conservadores.

Es así cómo el Federalist Society for Law and Public Policy Studies jugará un papel activo en los próximos nombramientos al Supremo. En su propósito establecen lo siguiente como piedra angular de su fundación:

…It is founded on the principles that the state exists to preserve freedom, that the separation of governmental powers is central to our Constitution, and that it is emphatically the province and duty of the judiciary to say what the law is, not what it should be. The Society seeks both to promote an awareness of these principles and to further their application through its activities

Es importante destacar que, de los actuales miembros del Tribunal Supremo federal, los siguientes jueces son miembros de la organización:

  • Brett Kavanaugh (nominado por Trump)
  • Neil Gorsuch (nominado por Trump)
  • Clarence Thomas (nominado por George H. W. Bush)
  • John Roberts (actualmente, juez presidente y nominado por George W. Bush)
  • Samuel Alito (nominado por George W. Bush)

UN NOMBRAMIENTO EXITOSO

Volviendo al 1993, y con los breves apuntes citados, podríamos llegar a la conclusión de que la presidencia de Bill Clinton tenía un gran reto para viabilizar un nombramiento con éxito.

La campaña presidencial de 1992 fue una de contrastes marcados.

Por un lado, el candidato e incumbente presidente George H. W. Bush se presentaba para un segundo término luego de liderar un conflicto bélico, mientras el exgobernador de Arkansas, Bill Clinton, se presentaba con una propuesta de atención a los asuntos domésticos.

Uno de los temas centrales de aquella campaña lo fue el debate sobre los derechos reproductivos. Se simplificaban las facciones y se dividían las posiciones entre “pro-choice” o “pro-life”.

El debate había causado sacudidas dentro de algunas figuras conservadoras del partido demócrata. El tono de la convención demócrata del 1992 sobre este tema lo comenzó la otrora gobernadora del estado de Texas, Dorothy Ann Willis Richards.

Abrió un discurso con las siguientes palabras: “My name is Ann Richards. I’m pro-choice, and I vote.

Por otro lado, el alto liderato negó el espacio escénico a Robert Patrick “Bob” Casey, gobernador de Pensilvania debido a la anticipada intención en utilizar la convención para defender las políticas de su gobierno estatal contra el aborto seguro y accesible.

Esta política pública terminó en los tribunales con el saldo de Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).

Incluso, para entender el contexto, el periodista del Washington Monthly, Kevin Drum, que en 2005 escribió un artículo titulado “The Curious Incident of the Governor Who Didn’t Speak at the Convention“. El periodista estableció que “Casey was denied a speaking slot because he wanted to give a pro-life speech, not simply because Casey himself was pro-life”.

Estos detalles son importantes para entender el criterio de la administración Clinton ante cualquier nombramiento.

Por consiguiente, con una vacante al Supremo, el tema de los derechos reproductivos fue uno de los condicionantes para el nuevo nombramiento. El 20 de marzo de 1993, el presidente se reunió con su vicepresidente Al Gore y su equipo legal compuesto en parte por Bernard Nussbaum, Vince Foster, Ron Klain y Bruce Lindsey.

EL PROCESO HACIA GINSBURG

Clinton, de entrada, comunicó a su equipo el perfil que quería de su nominado.

Entendía que el Tribunal estaba fragmentado en filosofía adjudicativa, y estaba totalmente dominado por nominados republicanos. De hecho, el juez White, cuya renuncia daba paso a aquella conversación era el único juez nominado por un demócrata en aquella composición del Tribunal.

Clinton creía que no era suficiente que el nominado entendiera el derecho y dominara el proceso adjudicativo. Entendía que debía ser alguien con liderato, que moviera al Tribunal en otra dirección y que también tuviera experiencia en el “mundo real”.

El presidente se negaba a nombrar lo que llamaba de forma despectiva un “footnote judge”. Y por último, dejó establecido que su Casa Blanca no nominaría a alguien que no creyera en el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.

Ante ese panorama, todo parecía estar claro para la administración en cuanto al perfil que buscaban. No podemos pasar por alto que ya en aquel entonces el proceso de nominar a alguien a formar parte del máximo foro judicial, como ya mencionamos, se había tornado complejo y altamente mediático.

En ese escenario, Mario Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, pasó a ser la primera opción de Clinton. Sin embargo, Cuomo se mostró ambivalente e inseguro, un lujo que la Casa Blanca no podía correr.

Al descartar a Cuomo, surgieron varios nombres y se llegaron hacer públicos varios procesos de “vetting” a candidatos como George Mitchell, Richard Rilly, (rechazó al momento la oferta contestándole al presidente lo siguiente: “I was a mediocre country lawyer”), Bruce Babbitt (descartado por imputaciones de problemas de apuestas y Janie Shores.

Ante los retos, Clinton consideró a un juez del primer circuito de apelaciones en Boston que el senador Ted Kennedy apoyaba para la posición.

Su nombre era Stephen Brayer.

El atractivo de nombrar a Brayer consistía en que Ted Kennedy había hecho su trabajo en el Senado. El líder republicano Orrin Hatch le dejaba saber a Clinton que Brayer no confrontaría problema alguno en el Senado.

Ante esto, Clinton se inclinó por escoger al que también fuera exasesor de Ted Kennedy en el Senado, profesor de Harvard y entonces juez apelativo para el primer circuito de Boston.

Clinton citó a Brayer para una entrevista. En el proceso de investigación de Casa Blanca al nominado, Brayer sufrió una caída y terminó hospitalizado.

Una vez de alta, un Stephen Brayer afectado de salud dejó una impresión deficiente, a opinión de Clinton. La frase que utiliza Clinton para describir, su primera impresión, según Jeffrey Toobin, fue “heartless; I don’t see enough humanity”.

Luego de otros trámites que desalentaron al presidente a nombrar a Stephen Brayer, Clinton le puntualiza a su equipo que no habían consultado a Janet Reno sobre el nombramiento. Ron Klain, al otro día, sostuvo una comunicación con Reno.

Reno contestó la consulta con otra pregunta:

Why aren’t you people looking at Ruth Bader Ginsburg?”.

En aquel tiempo, Ginsburg ejercía como juez federal en el Circuito Apelativo de Washignton D.C. Fue la segunda mujer en ocupar la posición, desde su nombramiento por el presidente Jimmy Carter en 1980. En ese Tribunal sirvió junto a Antonin Scalia (Para RBG, Nino), y Robert Bork. Con ambos sostuvo una gran amistad.

Tan pronto Janet Reno emitió su recomendación, el equipo de Casa Blanca entendió que era una candidata viable. Orrin Hatch le comunicó al presidente que Ginsburg no tendría mayores problemas en el Senado. Ante un último intento de convencer a Mario Cuomo, por parte de George Stephanopoulos, Bernard Nussbaum le pasaba al presidente Clinton un mensaje de Erwin Nathaniel Griswold. Este último había sido decano de la Facultad de Derecho de Harvard, y procurador general de Lyndon B. Johnson.

A sus 89 años, envió un breve mensaje al presidente Clinton que decía lo siguiente: “…as Thurgood Marshall had been to civil right, Ruth Bader Ginsburg had been to women’s rights” (Toobin, p. 72).

Finalmente, Bader Ginsburg fue nominada y luego de tres vistas públicas en el Senado, fue confirmada 9 a 3. Se convirtió en la juez número 107.

NOTORIOUS RBG

Pocas veces la imagen casi inescrutable de un juez del Tribunal Supremo impacta la cultura popular como en el caso de Ruth Bader Gisnburg.

Las generaciones más jóvenes y progresistas dentro de la cultura norteamericana la apodaron the Notorious RBG, en referencia al cantante de música urbana Notorious BIG.

Irin Carmon y Shana Knizhnik, conceptualizaron la imagen de lo que consideran una aliada en la constante lucha por la igualdad y equidad en el libro Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg. El despliegue de arte urbano creado alrededor de su figura en faena judicial, documentales y películas biográficas demuestran la mencionada popularidad.

Nada de eso hubiese sido posible sin su ética de trabajo y la comprensión de su rol en el desempeño judicial. En esa dirección no podemos pasar por alto algunos de los más importantes pasos en su carrera judicial que le han hecho inmortalizarse ante generaciones jóvenes y progresistas. En ejemplo de su legado judicial en esa dirección, discuto tres casos clave para muestra de su marca en el Tribunal.

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CASOS MEMORABLES

Bader Ginsburg escribió la opinión mayoritaria en United States v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996).

Este caso trataba sobre la política del Virginia Military Institute’s de solo admitir hombres en su matrícula. En efecto, la opinión mayoritaria establece que el “male-only admissions policy” del Instituto violenta el principio de igual protección de las leyes, establecido por la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En un intento por satisfacer los requisitos de la cláusula de igual protección de las leyes, el estado de Virginia argumentó la disponibilidad de otras instituciones de igual prestigio que admitían mujeres. Ginsburg despachó esa posición explicando que independientemente exista un programa paralelo para mujeres, el mismo no proporcionaría a las mujeres el mismo tipo de entrenamiento militar riguroso, instalaciones, cursos, facultad, oportunidades financieras y/o reputación y comunidad de exalumnos que el VMI ofrece a los cadetes masculinos.

Por último, estableció que avalar esa posición sería caminar al borde de lo que una vez fue la nefasta e inconstitucional política del “separate but equal”. En el 1999, Chih-Yuan Ho de 23 años fue la primera mujer en obtener un grado de VMI en 160 años.

En Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 (1999), Ginsburg inetrpretando el “Americans with Disabilities Act”, mejor conocido como la Ley ADA, atendió la controversia donde dos mujeres con enfermedades mentales fueron institucionalizadas en el hospital, incluso después de que los profesionales médicos declararon que podrían continuar su tratamiento en un programa comunitario.

La opinión establece que las personas con diversidad funcional cognitiva tienen derecho a vivir en un espacio comunitario, en lugar de en instituciones, siempre y cuando el criterio médico así lo sugiera.

Años después, Lois Curtis, demandante en este caso, demostraba su mejoría y avance con el impacto de esta decisión. El 20 de junio de 2011, visitó al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y le entregó un obsequio hecho por ella, producto de su rehabilitación.

Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000) provocó el disenso que rubricó su frase “I dissent” de forma lapidaria.

La carrera eleccionaria por la presidencia de los Estados Unidos entre el demócrata Al Gore y Goerge W. Bush dependía de un recuento manual que se llevaría a cabo en Florida.

Ante ese cuadro, y en una decisión Per Curiam, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dictaminó que el uso de diferentes estándares de conteo en diferentes condados violaba la Cláusula de Igual Protección de las Leyes.

Por lo tanto, concluyó que no se podría establecer ningún método alternativo dentro del límite de tiempo establecido. Tanto la declaración de ilegalidad del conteo a mano y la no viabilidad de alternativas dentro del tiempo, le dieron la victoria a Bush.

El disenso de Ginsburg culminó con en esta enérgica cita:

“[The] conclusion that a constitutionally adequate recount is impractical is a prophecy the Court’s own judgment will not allow to be tested. Such an untested prophecy should not decide the Presidency of the United States.”

Luego de esta útima cita en su disidente es cuando por primera vez Bader Ginsburg, en lugar de cerrar con el tradicional “I respectfully dissent”, lo cambia por un cortante e imponente “I dissent”.

AHORA, ¿QUÉ?

Con la vacante que crea la ausencia de Ruth Bader Ginsburg, el presidente Donald Trump y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, han anunciado que esta administración en conjunto al liderato senatorial estará trabajando en el sucesor.

Como antes mencionáramos, esta misma semana es posible tener a la persona nominada.

Actualmente, existe una lista conformada que data del 9 de septiembre de 2020.

Entre los nombres que conforman la lista están:

  • Bridget Bade, jueza de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito
  • Daniel Cameron, quien fuera el Fiscal General número 51 del estado de Kentucky
  • Tom Cotton, senador por el estado de Arkansas
  • Paul Clement, socio en la firma Kirkland & Ellis, LLP y ex procurador General de George W. Bush
  • Ted Cruz, actual senador por el estado de Texas, ex procurador General de Texas y exoficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo federal William H. Rehnquist
  • Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México y abogado de Puerto Rico en el caso Franklin California
  • Carlos Muñiz, juez asociado del Tribunal Supremo del estado de Florida
  • Kate Todd, asesora del presidente de los Estados Unidos Donald Trump

No toda la lista está mencionada. Hay varios candidatos más. Incluso, la prensa norteamericana está mencionando nombres que no figuran en esta lista.

La realidad es que el presidente de los Estados Unidos ejercerá su facultad constitucional con o sin lista, tal y como lo vimos con Clinton en el 1993.

Se complica el panorama, ya que este proceso estará surtido con los ánimos políticos que produce la campaña de cara a las elecciones.

La división política en Washington, los intereses organizados con capacidad de hacer campaña mediática a favor o en contra del nominado y el ánimo de las distintas facciones en el Senado auguran tempestades en la capital federal.

Habría que repasar las controversias recientes que se han resuelto por estrecho margen (5-4 o 6-3).

Aunque son casos ya resueltos, nada impide que nuevos sucesos o intentos de política pública generen litigios contingentes relacionados y similares a estas controversias. Esta vez con una composición distinta en el Tribunal.

Todos sabemos que los derechos reproductivos, los derechos de la comunidad LGBTTQI+ y los derechos de las personas inmigrantes generan constantes legislaciones, litigios y discusión política en todo el país.

Por ejemplo, en Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020), el Tribunal Supremo determinó en una decisión 6 a 3 que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los empleados contra la discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género.

En Department of Homeland Security v. Regents of the University of California, 591 U.S. ___ (2020), el Tribunal sostuvo 5 a 4 que una orden del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2017 para rescindir el programa DACA (programa en pro de inmigrantes llegados en la infancia) era “arbitraria y caprichosa”, según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y revirtió la orden.

En el caso June Medical Services, LLC v. Russo, 591 U.S. ___ (2020) se determinó 5 a 4 que una ley del estado de Luisiana que establecía requisitos de admisión hospitalaria para los médicos de las clínicas de aborto era inconstitucional.

Tal vez, en la próxima vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya un realineamiento de sillas.

La ausencia de la jueza asociada Ruth Bader Ginsburg será palpable.

Pero no podemos subestimar el impacto que tiene una figura, que en los últimos años de su vida convirtió su faena en un ícono de la cultura popular con claros efectos políticos.

Esas ausencias hay que mirarlas de cerca porque tienden a ejercer energía en todo aquel que se sentía apelado, identificado y motivado por su figura.

Me remito al inicio de esta nota y pienso que, tal vez, Bader Ginsburg tomó el consejo de John Paul Stevens muy en serio sobre el “stay longer“.

CONTEXTO

La jueza asociada Ruth Bader Ginsburg falleció el 18 de septiembre de 2020, en su residencia en Watergate. Dedicó los últimos 40 años de su vida a ejercer la profesión legal, desde la judicatura.

De esos 40 años, los últimos 27 fueron como jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El impacto de su figura trascendió más allá del Tribunal. Se convirtió en un ícono de la cultura popular, y en una imagen política para muchas mujeres que asumen la lucha por una sociedad más equitativa y justa.

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