El pasado viernes, 30 de octubre de 2020, se radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra del Departamento de Hacienda, su secretario Francisco Parés Alicea y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que se ordene que se adopten medidas accesibles para que las personas privadas de libertad en Puerto Rico puedan solicitar el Pago de Impacto Económico bajo el CARES Act.
El demandante, Marcel Gabriel Rivera Kon-Kin, representado por el abogado Diego H. Alcalá Laboy, persigue que la agencia cumpla con las directrices ya resueltas en un pleito de clase federal en representación de todas las personas privadas de libertad detenidas en instituciones carcelarias estatales y federales en los Estados Unidos.
En el caso federal Scholl v. Mnuchin, 20-cv-05309 (PJH), del distrito norte de California, se determinó que el Departamento de Tesoro Federal y el Internal Revenue Services (IRS) retuvieron de manera ilegal la distribución del Pago de Impacto Económico del CARES Act a miles de personas, exclusivamente por su condición de estar privado de libertad.
En primer lugar, la demanda exige que el Departamento de Hacienda corrija la información publicada en el portal www.pagodeimpactoeconomico.com, que al momento contiene información incorrecta sobre la elegibilidad de los beneficios.
La demanda también exige que se establezca un mecanismo sencillo que permita a toda la población privada de libertad poder solicitar el pago que la ley concede. Para ello, indica el documento que el Departamento de Hacienda tiene el deber de coordinar con el Departamento de Corrección y Rehabilitación maneras que le permitan a los miembros de esta clase solicitar los beneficios.
«El Pago de Impacto Económico es un derecho que tienen todas las personas elegibles. Es el Departamento de Hacienda quien tiene la obligación de orientar correctamente a esta población marginada, y de crear las condiciones apropiadas para que puedan solicitar el pago al que son elegibles», añadió el licenciado Alcalá Laboy.
A consecuencia del impacto económico ocasionado por la pandemia del COVID-19, el Congreso aprobó y el Presidente Trump firmó el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES), el cual le otorgó la cantidad de $1200 a las personas elegibles. Esta misma ley impuso la responsabilidad del desembolso del Pago de Impacto Económico al Departamento de Hacienda y esta agencia se encuentra en incumplimiento con esta obligación.
El Hon. Anthony Cuevas Ramos le ordenó al Secretario de Hacienda a que conteste las alegaciones del demandante en un término de 5 días so pena de que se dicte Ha Lugar el recurso extraordinario de Mandamus.