Por Daniel Rivera Vargas
Durante el próximo año, el gobierno de Puerto Rico podría contar con un plan reestructuración que desenboque en el comienzo de presupuestos balanceados para Puerto Rico y que le ponga fin en menos de una década a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), explicó a Microjuris.com el nuevo presidente de la junta fiscal, David Skeel.
Bajo su presidencia, el profesor Skeel anticipó que la JSF dará continuidad a los trabajos que ya se comenzaron, siendo lo más reciente una “propuesta de plan de reestructuración”, que incluiría comenzar a hacer pagos de deuda, algo que no ha pasado hace cuatro años.
“Seguiremos moviéndonos hacia adelante. No haremos cambios drásticos. Seguiremos el trabajo que empezamos hace 4 años”, dijo Skeel.
La ley PROMESA, que establece la JSF, fue creada en el 2016 como una respuesta federal a la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico, que llegó a acumular deudas ascendentes a $72,000 millones. Bajo el plan propuesto por la JSF se reestructuran $35,0000 millones de la deuda del gobierno estatal y otras reclamaciones en un 70%, según declaraciones escritas de la entidad.
Mientras, el profesor tiene la esperanza de que el plan sea aprobado en los primeros meses de 2021.
«Quizá soy muy optimista… con suerte eso se completará en los próximos meses”, sostuvo.
Recordó que la aprobación del acuerdo en la propia JSF -que según se ha reportado, no ocurrió el pasado 30 de octubre por diferencias con uno de los actuales integrantes del grupo, el recién designado miembro nombrado por el presidente Donald Trump, Justin Peterson– requiere conversaciones con acreedores y eventualmente el aval de la jueza Laura Taylor Swain, que supervisa el proceso bajo PROMESA.
El plan fue descrito por el también profesor universitario como un paso indispensable para lograr esos cuatro años de presupuestos balanceados que necesita Puerto Rico, como dispone la ley PROMESA, para que culmine el control de las finanzas públicas bajo la JSF.
Cuando se le preguntó si faltan unos 10 años para cumplir con ese requisito de ley de cuatro años con presupuestos balanceados, Skeel dijo que entiende será “más cerca de eso”.
“Nadie quiere que PROMESA sea para siempre”, aseguró Skeel.
Asimismo, el nuevo presidente espera seguir contando con Natalie Jaresko en la posición de directora ejecutiva de la junta, y elogió el equipo de trabajo actual de la JSF que está compuesto en su mayoría por puertorriqueños que tendrán, según Skeel, mucho que aportar luego de que la junta desaparezca.
Contexto del nuevo presidente
Como profesor de la Universidad de Pensilvania desde 1999, Skeel asumió las riendas de la JSF en agosto tras la renuncia del primer presidente del organismo, José Carrión III, una de varias bajas en el organismo que regula las finanzas del país.
La presidencia de la JSF, reconoce el académico, lo coloca en la posición de usar lo que enseña en la academia hace décadas de una forma práctica que no contemplaba “en mis sueños más inconcebibles”.
“Estar involucrado en una posición de posiblemente poder usar mi experiencia académica para ayudar a la gente de Puerto Rico y hacer su vida un poco mejor es posiblemente el mayor privilegio en mi vida académica… nada remotamente se le acerca. Jamás imaginé tener esta oportunidad y por difícil que es en ocasiones, jamás me arrepentiré de estar involucrado”, indicó Skeel.
Las prioridades del nuevo presidente
Aunque le dará continuidad al trabajo ya encaminado bajo la presidencia de Carrión, Skeel enumeró ciertos aspectos que para él son prioritarios:
- educación
- restructuración
- energía
“Estoy, como todos, muy preocupado por AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Puerto Rico debe contar con un sistema confiable y económico de energía”, expresó sobre el tema energético.
A pesar de la preocupación con la energía en el archipiélago, Skeel sostuvo que el proceso va bien encaminado, esto con la contratación de un administrador privado.
En meses recientes, el gobierno anunció que el grupo LUMA operaría la trasmisión y distribución de energía.
Un paso futuro sería conseguir a un segundo operador que se encargue del tema de la generación, dijo.
Sobre el tema de educación, Skeel recordó que como educador que es, este tema para él -personalmente- es muy importante.
El profesor dijo que hay “muchos asuntos” que se deben atender, como por ejemplo la accesibilidad a Internet en Puerto Rico y que los menores tengan equipos como laptops ara realizar el trabajo.
Sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR), Skeel mencionó que hay diversos asuntos que deben atenderse y que esto es crucial para la institución.
“La UPR es una universidad magnífica, es la joya de la corona y es esencial para que Puerto Rico se mueva hacia adelante”, dijo Skeel.
El presidente de la JSF señaló que el problema de la institución es que recibe demasiados subsidios del gobierno, y que deberían recibir de forma comparable a instituciones estatales en los estados.
De acuerdo con el académico, deben buscarse métodos para recibir ingresos independientemente de las finanzas públicas como, por ejemplo, la creación de patentes o procurando contribuciones de egresados del sistema público que residan en los Estados Unidos.
También -desde su parecer- se debe buscar reducir gastos.
Aunque Skeel entiende que no hace falta cerrar recintos, sostiene la necesidad de consolidar programas.
Otra área en la que dice que deben haber cambios es en el sistema de pensiones de los jubilados de la UPR, que -según explicó- “no se sostiene”.
Skeel reconoce que PROMESA y la JSF pueden crear malestar pero, para él, el estatuto federal “es una pieza extraordinaria de legislación”, que no solo contó con apoyo bipartita para su aprobación en el 2016 en el Congreso, sino que es más abarcadora que las actuales protecciones de quiebra federal, esto porque bajo PROMESA se puede trabajar un proceso de bancarrota para todo el gobierno, algo más abarcador que la legislación de quiebra regular que solo abarca municipios e instrumentalidades.
Pero, como PROMESA no debe ser para siempre, una vez se logren presupuestos balanceados, Skeel dijo que a nivel congresional se debería enmendar los actuales estatutos de quiebra porque “es una atrocidad desde mi punto de vista” que las instituciones públicas de Puerto Rico carezcan -por disposición federal- de protecciones de leyes de bancarrota.
Esta es la primera de dos tiradas sobre la entrevista junto al nuevo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal.
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