La primera medida radicada ante el nuevo Senado de Puerto Rico propone crear el Plan Integral de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (PISPR) como una cubierta de salud para los residentes bona fide del país y establecer una nueva política pública de salud en Puerto Rico.
La medida fue presentada por el senador José L. Dalmau Santiago.
El Proyecto del Senado 1 propone crear la Administración Central del Plan Integral de Salud de Puerto Rico como una corporación pública que pondrá en vigor y administrará el Plan Integral.
Además, establece los beneficios y servicios de salud física y mental, crea una Junta de Farmacología y un Fondo de Infraestructura de Salud para el desarrollo y construcción de facilidades de salud.
El autor de la medida destaca que luego de dos décadas de la puesta en vigor de la Reforma de Salud de 1993, las recomendaciones de cambios radicales son incesantes.
La medida afirma también que el historial del sistema público de servicios de salud y el perfil epidemiológico no muestran avances en ningún renglón para medir la salud de la población.
El proyecto legislativo incluye datos que apuntan a que, en el aspecto económico, la Reforma de 1993 conlleva un desembolso anual de sobre $2,200 millones.
La Administración de Seguros de Salud (ASES), entidad encargada de contratar y negociar con las compañías aseguradoras privadas que ofrecen las cubiertas de servicios de salud, cuenta con un presupuesto de cerca de $2,200 millones, lo que implica un déficit que ronda los $500 millones anuales.
¿Cuáles son los principios fundamentales del Plan de Integral de Salud?
La medida legislativa plantea que el PISPR se regirá por cuatro principios fundamentales:
- el acceso a la salud
- el derecho de escoger y cambiar de médico
- la búsqueda de fortuna personal no tiene lugar en el proceso de dar servicios médicos al paciente
- las decisiones médicas deben ser tomadas por los pacientes en conjunto con su médico
Recursos financieros para el propuesto PISPR
El plan se nutriría de $2,200 millones al año por el primer año.
A esta cantidad se le sumará las aportaciones que hace el gobierno como parte de los beneficios marginales a sus empleados por concepto de aportación patronal para el pago de cubiertas de servicios de salud, aportaciones patronales de patronos privados a sus empleados por concepto de cubiertas de seguros de salud, fondos federales para diversos programas de asistencia o cubierta médica, primas a base de ingreso de los contribuyentes y copagos estimados en $5 mensuales por familia para cubrir gastos de medicamentos y laboratorios.
La medida plantea que este mecanismo permitiría que a partir del segundo año, el plan sea autofinanciable, lo que libera una inversión anual de $2,500 millones del Fondo General que ahora se destinan a pagar los costos del plan de salud del gobierno.
Se contempla también que el plan se nutrirá de las aportaciones de los contribuyentes. Estas fuentes de financiamiento permitirán que el plan cuente con recursos recurrentes.
Daños y perjuicios
Sobre las acciones en daños y perjuicios por mala práctica de la medicina, se expone que el derecho vigente establece una protección a aquellos proveedores de servicios de salud que brinden servicios en facilidades médicas propiedad del gobierno de Puerto Rico mediante la Ley de Pleitos Contra el Estado.
Sin embargo, el Proyecto del Senado 1 establece topes a las reclamaciones en daños y perjuicios y dispone que la protección y responsabilidad de la Administración Central del Plan Integral de Salud de Puerto Rico sería total cuando se trate de reclamaciones contra empleados y empleadas a tiempo completo.
Los contratistas o proveedores contratados para brindar servicios de salud bajo el modelo de contratación directa estarán cubiertos por la Ley de Pleitos Contra el Estado en la medida en que los pacientes que atiendan formen parte del PISPR.
Se plantea también que la estructura eliminará gradualmente el problema de los proveedores de servicios de salud, las prácticas o residencias médicas.
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