Tribunal determina que la lista de beneficiarios de incentivos contributivos es información pública

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó la demanda que presentó la organización Puerto Rico Privacy Association (PRPA) contra el gobierno de Puerto Rico para que no se publicaran las organizaciones o personas que se beneficiaron de los incentivos contributivos que inicialmente permitió la llamada “Ley 22” y luego se transfirieron al Código de Incentivos de Puerto Rico.

El nombre completo de la ley era la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. El fin era atraer inversionistas a la isla y que estos aportaran a la actividad económica del país.

Descarga la sentencia del juez Cuevas Ramos

El caso comenzó el 20 de noviembre del 2020, cuando PRPA presentó una demanda en la que argumentaba que la posibilidad de que el gobierno publicara los nombres de las personas que se beneficiaron de los incentivos contributivos ponían en riesgo el derecho a la privacidad de los inversionistas.

Argumentos contra la demanda

El gobierno argumentó que el Código de Incentivos de Puerto Rico -que en estos momentos sustituye a la Ley 22- establece que los decretos y beneficios provistos por el código son información pública y que las leyes que fueron suplantadas por el Código no establecen la confidencialidad de los nombres de las personas que se benefician de un decreto.

El gobierno también argumentó que que no se ha incumplido con un deber ministerial, ya que no existe en ninguna parte del contrato o la ley, así que la concesión de los decretos no establecieron la confidencialidad de la información provista.

octavitas.microjuris.com

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