El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Orden Ejecutiva Núm. 14008 para combatir la crisis climática dentro y fuera de los Estados Unidos.
¿Pero cómo la orden impacta a Puerto Rico?
Estos cambios en la política pública de Estados Unidos podrían tener un impacto significativo en la implementación del Plan de Infraestructura de Diez Años, sometido por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) a la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La AEE presentó el plan como parte de los requisitos para el desembolso de los sobre $10,000 millones de asignados para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017.
El Plan de Infraestructura a Diez Años incluye el desarrollo de una unidad de ciclo combinado con capacidad de 400 MW, operada con gas natural y en el área de Palo Seco.
El plan incluye la instalación de nuevas unidades de respuesta rápida (total capacidad instalada de 330 MW) que utilizan gas natural y diésel para su operación.
Además, el plan contempla la inversión en varias reparaciones y mejoras a la mayoría de las unidades generatrices de la autoridad localizadas en San Juan, Aguirre, Cosa Sur, Palo Seco y Cambalache.
Todas estas unidades operan con combustibles fósiles.
Debido a la nueva política respecto al cambio climático esbozada en la Orden Ejecutiva Núm. 14008, no resulta claro si los proyectos de infraestructura de combustibles fósiles contenidos en el plan a diez años presentado ante FEMA, son aún elegibles para recibir fondos federales, dada la postura clara de que toda inversión en infraestructura que realice el gobierno federal debe estar dirigida a reducir la contaminación ambiental.
Más aún, estos proyectos de infraestructura de combustibles fósiles podrían ser incompatibles con la nueva política de fomentar y acelerar el despliegue de fuentes de energía limpia y proyectos de transmisión.
Detalles de la orden ejecutiva
Como parte de las estrategias implementadas mediante la orden, se destaca la creación de la posición de emisario o la emisaria presidencial para el clima y de varios grupos interagenciales.
El emisario o la emisaria presidencial para el clima y los grupos interagenciales estarán a cargo de desarrollar e implementar varios planes de trabajo a los fines de cumplir con la nueva política pública establecida mediante la orden ejecutiva.
La orden establece como una política pública de la administración que las consideraciones climáticas serán un elemento esencial tanto de la política externa de los Estados Unidos, como en la seguridad nacional.
Según la orden ejecutiva, Estados Unidos trabajará junto a otros países y aliados para promover una ruta climáticamente sostenible.
A esos fines, Estados Unidos desarrollará un Plan Financiero Climático, utilizando de forma estratégica los canales multilaterales y bilaterales, así como otras instituciones, para ayudar a países en desarrollo para implementar medidas ambiciosas dirigidas a la reducción de emisiones de gases de invernadero, de forma tal que se protejan ecosistemas críticos, mientras se aumenta la resiliencia respecto a los impactos del cambio climático.
Uno de los elementos esenciales del referido plan financiero es promover el flujo de capital hacia inversiones climáticamente amigables para así evitar la inversión en infraestructura que utilice combustibles fósiles.
Los grupos interagenciales tienen la tarea de identificar acciones específicas mediante los que Estados Unidos pueda promover la financiación internacional de tecnologías de generación de energía basada en combustibles fósiles, mientras que simultáneamente avancen el desarrollo sostenible de tecnologías verdes.
De igual forma, se debe identificar la manera en que Estados Unidos pueda intensificar la colaboración internacional para impulsar la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias de energía, elementos críticos para la protección del ambiente.
A nivel nacional, se estableció como política pública la creación de trabajos bien remunerados dirigidos a construir infraestructura moderna y sostenible que provea energía limpia de forma equitativa que encamine a Estados Unidos a alcanzar cero emisiones netas a todos los niveles de la economía, en o antes del año 2050.
Una herramienta que se utilizará para lograr la meta es proveer —a través del poder de compra del gobierno federal— una clara, inmediata y estable fuente de demanda de producto que sirva de catalítico para que el sector privado invierta de forma acelerada en medios de producción, de forma tal que aumente la capacidad industrial de suplir energía limpia, vehículos y otros productos y materiales necesarios.
De igual forma, se ordena desarrollar un plan comprensivo a nivel del gobierno federal para asegurar que, en o antes del año 2035, el 100% de la electricidad que consuman todas las agencias federales provenga de fuentes limpias, libres de carbón.
Más aún, la orden ejecutiva provee para revisar los procesos de permisos en terrenos públicos y aguas territoriales de forma tal que se identifiquen oportunidades para incrementar la producción de energía renovable, con la meta de duplicar la generación eólica marina para el año 2030.
La orden ejecutiva también estableció una moratoria en nuevos arrendamientos relacionados a petróleo y gas natural en terrenos públicos y en aguas territoriales, hasta tanto se realice un estudio exhaustivo y una reconsideración de las prácticas relacionadas al proceso para otorgar estos permisos.
La revisión debe incluir consideraciones respecto al potencial impacto ambiental asociado con las actividades relacionadas al petróleo y gas natural en terrenos públicos y aguas territoriales.
De igual forma, se establece un mandato para eliminar del presupuesto de las agencias del gobierno federal todo subsidio relacionado con combustibles fósiles, a partir del año fiscal 2020.
Al mismo tiempo, todas las agencias tienen el deber de identificar oportunidades para que el gobierno federal provea fondos para estimular la innovación, comercialización y despliegue de infraestructura y tecnología de energía limpia.
Finalmente, la orden dictamina que se tomen los pasos necesarios para asegurar que toda inversión en infraestructura que realice el gobierno federal esté dirigida a reducir la contaminación ambiental.
De igual forma, se establece que en cualquier decisión respecto al otorgamiento de permisos debe considerar los efectos de las emisiones de gases de invernadero y el cambio climático que la decisión pueda tener.
Más aún, se deben identificar aquellas acciones necesarias para acelerar el despliegue de fuentes de energía limpia y proyectos de transmisión.
La Orden Ejecutiva 14008 representa un cambio de política pública de parte de Estados Unidos, que ahora está dirigida a fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovable en todos los sectores de la economía, mientras tiene la meta de reducir aquellas actividades que producen gases de invernadero, como lo son la generación eléctrica y el uso de vehículos de combustión interna en el sector de la transportación.
Esto incluye asegurar que toda inversión en infraestructura que realice el gobierno federal esté dirigida a reducir la contaminación ambiental y que cualquier decisión respecto al otorgamiento de permisos para que se consideren los efectos de las emisiones de gases de invernadero y el cambio climático.
La política pública incluye —además— que se deben identificar las acciones necesarias para acelerar el despliegue de fuentes de energía limpia y proyectos de transmisión de manera ambientalmente estable.
¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.