Por Daniel Rivera Vargas
El caso federal por la deuda de Puerto Rico está a las puertas de una nueva etapa, con una fuerte posibilidad de que la jueza Laura Taylor Swain apruebe en un futuro cercano un acuerdo entre los bonistas y el gobierno por la colosal deuda que llegó a estimarse en $72,000 millones y que mantiene las finanzas públicas bajo el régimen de la Ley federal PROMESA.
La analista de bonos municipales, Cate Long, comparó el estado del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico con la etapa final de un juego de béisbol.
«Ahora estamos como en la séptima u octava entrada», indicó.
Long explicó a Microjuris.com que el paso más urgente para avanzar de entrada (el juego de béisbol dura como norma general nueve entradas) es que «la Junta de Supervisión Fiscal está desesperadamente tratando de conseguir suficientes miembros de una clase que consienta (o que acepte su plan de ajuste) para ir a la jueza de Título III y pedirle a la corte que elimine los reclamos de otras partes».
La aprobación o rechazo del acuerdo tendrá importantes repercusiones, que podrían incluir una extensa litigación, destacó Long, quien entiende que el gobierno local se está aprovechando de la coyuntura.
«Si la JSF falla en lograr un acuerdo con otros grupos de acreedores, más allá de la llamada Coalición de Deuda Constitucional, habrá una masiva litigación durante el proceso de confirmación del plan de ajuste. Adviértase, que el gobierno de Puerto Rico no ha tenido que pagar deuda por cuatro años, así que han logrado ahorrar cerca de $8,0000 millones. Mientras más se extienda la litigación, más ahorra el gobierno en el pago de la deuda», sostuvo.
Long respondió con un «básicamente, aunque hay muchas formas de calcular ese número» al cuestionamiento de si es correcto que el gobierno ya ha logrado renegociar $23,000 millones de la deuda original.
La analista recordó que la deuda de Puerto Rico tiene altísimos intereses en comparación de los niveles actuales del mercado.
«Se pagará cientos de millones extras en servicio a la deuda», indicó Long.
En este proceso de quiebra, que comenzó hace ya cuatro años, hubo irregularidades que podrían ser atribuibles al gobierno, según Long.
«El gobierno de Puerto Rico, en mi opinión, intencionalmente retrasó completar las auditorías financieras para el año fiscal 2018. Creo que está ocultando información», sostuvo Long.
«El gobierno aparentemente negoció con acreedores mientras ocultaba efectivo y eso es mala fe. El Congreso dispuso en PROMESA que los acreedores deben recibir suficiente información para negociar de buena fe. Y creo que esto no ha pasado y como resultado en casi cuatro años de litigación extremadamente viciosa entre acreedores, la JSF y el gobierno», sostuvo la analista.
Mientras, para Abner Yarib —del Public Accountability Initiative, conocido como Little Sis— la Junta de Supervisión Fiscal debió presentar la semana pasada el nuevo plan de ajuste entre el gobierno y los acreedores, pero solicitaron tiempo adicional alegando que hay un preacuerdo con bonistas.
La expectativa de Yarib es que ese plan negociado por la JSF finalmente se radique en el tribunal y entonces la presión estará en el gobierno, porque por disposición de PROMESA, el resultado de lo que negocie la JSF y los acreedores en el tribunal debe ser convertido en proyecto de ley y recibir el aval de los cuerpos legislativos y del gobernador Pedro Pierluisi.
Los detalles del acuerdo no se conocen, dijo Yarib, pero se rumora que nuevamente aparece la propuesta de un recorte a las pensiones de los retirados del gobierno, algo impulsado por la JSF, pero no aceptado por las administraciones de Ricardo Rosselló y Pierluisi.
Supuestamente, la oferta más reciente es de un recorte de 8.5% a las personas que reciben pensiones de más de $2,000.
«Tiene que haber una negociación contra el PNP y el PPD porque tiene que ser aprobado en la Asamblea Legislativa», indicó.
La JSF, indicó Yarib, probablemente trate de presionar con que si el gobierno no acepta el acuerdo, la jueza podría desestimar el caso por ausencia de interés en lograr un acuerdo y entonces los acreedores podrían demandar de forma individual y directamente al gobierno en recobro por lo que se les debe.
«Va a haber mucha presión de la Junta al gobierno de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa», sostuvo.
Yarib dijo que tampoco está claro la cantidad de bonistas que respalden el eventual acuerdo que llegue ante la jueza, así como tampoco los términos del plan para los residentes de Puerto Rico.
Por ejemplo, en términos de imposición de medidas al pueblo, no se sabe cómo el acuerdo podría resultar en una mayor reducción de los servicios del gobierno o recortes de empleos en la nómina gubernamental.
«Si los ajustes de deuda no son suficientes, no son sustentables, el gobierno de Puerto Rico podría caer nuevamente en un impago… Para el 2029, si no me equivoco, el gobierno estaría cayendo en un impago, según las proyecciones de la propia junta», sostuvo Yarib.
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