La Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) lleva el reclamo de la organización sin fines de lucro, Sembrando Sentido, para que el gobierno de Puerto Rico entregue una serie de documentos que evidencien el cumplimiento con el Programa de Reserva en Compras y con las medidas para controlar gastos en compras y servicios profesionales.
Esta solicitud representa un paso adicional en los esfuerzos que, desde su plataforma contratosenley.org, lidera Sembrando Sentido para evaluar el sistema de contratación y compra pública.
La idea es identificar oportunidades y soluciones que puedan fortalecer la eficiencia y la integridad en la contratación pública de Puerto Rico.
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«Los controles presupuestarios y la acción afirmativa en torno a las pequeñas y medianas empresas son una parte esencial de un sano sistema de contratación pública. Por eso pedimos que las entidades encargadas de regular dichas medidas rindan cuentas sobre su desarrollo y asuman el control necesario para velar por su cumplimiento, evaluar su impacto, y determinar ajustes basados en evidencia, de ser necesario», indicó Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
La organización solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una lista de las agencias que han cumplido con las reducciones en gastos de servicios comprados y profesionales, al igual que una copia de los informes trimestrales sometidos por las agencias de la Rama Ejecutiva a la OGP para evidenciar su cumplimiento.
¿En qué ley se ampara la solicitud?
La Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ordenó, entre otros controles fiscales, una reducción de un 10% en el gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales, en comparación con el incurrido en el año fiscal 2014.
Mientras, la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico exige que «el gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales en cada agencia se reducirá en no menos de un 10% en comparación con el incurrido en el Año Fiscal 2015-2016, y permanecerá por debajo de ese nivel, salvo la previa autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP».
La solicitud de Sembrando Sentido busca conocer cómo se han trabajado ambos mandatos legales en la práctica.
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