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[Avanzada de AMICUS] Análisis de legislación (2019): desarrollo económico, planificación, turismo y comercio

Nueva avanzada de la revista Amicus de la Inter Derecho

Por Alejandra M. Jiménez Caraballo*

3 Amicus, Rev. Pol Púb. y Leg. UIPR ___ (2020)
Originalmente publicado el 24 de mayo de 2021

I. Introducción

Una economía altamente diversificada, donde los ingresos de unos pocos sectores no constituyen el único soporte económico, es el factor común entre las economías más sólidas del mundo. Para que la economía de Puerto Rico sea más variada, es indispensable expandir sus fronteras y participar de oportunidades emergentes. El primer paso en esta encomienda es robustecer la política pública sobre desarrollo económico para incentivar los diversos sectores empresariales y sobre todo, el desarrollo del pequeño empresario local.

Con el propósito de facilitar su comprensión, en este Artículo analizaremos 14 leyes aprobadas durante el año 2019 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que impactan el desarrollo económico, la planificación, el turismo y el comercio. Brindaremos un resumen del contenido de la ley, así como su propósito, para lograr un entendimiento general sobre su desarrollo estatutario. Clasificamos las leyes estudiadas en los siguientes temas: cuatro (4) enmiendas al Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico; cuatro (4) estatutos que fomentan el turismo; tres (3) estatutos que regulan profesiones o actividades comerciales; y tres (3) estatutos que incentivan industrias emergentes.

II. Enmiendas al Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico

A. Ley Núm. 4-2019
(Para enmendar las Secciones 1021.06 y 1022.07 de la Ley Núm. 1-2011, Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico)

Con la crisis económica surgen oportunidades para reinventarnos y buscar otras fuentes de ingresos, por esto cada vez más personas optan por trabajar por cuenta propia. Esta Ley enmienda el inciso (e) de las Secciones 1021.06 y 1022.07 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico para poner en vigor la Contribución Opcional a individuos que llevan a cabo industria o negocio por cuenta propia. A partir del 1 de enero de 2019, esta contribución opcional ofrece tasas contributivas escalonadas desde un 6% en ingresos profesionales a individuos y corporaciones que estiman su ingreso bruto durante el año contributivo será igual o menor de $100,000. Al mismo tiempo, pone en vigor la tasa de retención en el origen sobre pagos por servicios prestados.

B. Ley Núm. 26-2019
(Para enmendar la Sección 1051.06 y la Sección 4070.01 de la Ley Núm. 1-2011, Código de Rentas Internas)

En el 2015 se excluyeron los proyectos de construcción en curso de las enmiendas al Código de Rentas Internas, pues sujetarlos a la nueva contribución sería perjudicial e insostenible para su diseño y planificación. Se proveyó un término para registrar los proyectos de construcción, sin embargo, muchos de estos aún permanecen inconclusos. Por tal razón, la Asamblea Legislativa mediante esta Ley enmienda la Sección 4070.01 del Código de Rentas Internas para nuevamente extender el término en el Registro de Obras y Edificaciones del Departamento de Hacienda para registrar proyectos de edificación comercial, industrial y residencial comenzados al 31 de mayo de 2015 que estuviesen en curso aún. Los comerciantes dueños de los proyectos podrán adquirir partidas tributables y recibir servicios directamente relacionados con dichos proyectos, sujetos a la tasa y a las exenciones del IVU aplicables al 31 de mayo de 2015, aun cuando los mismos sean adquiridos o recibidos luego de dicha fecha. Mediante solicitud del comerciante, esta fecha podrá prorrogarse hasta por doce meses adicionales (disponen de una prórroga de 36 meses para terminar la obra), o en el caso de edificaciones de obras turísticas, construcción de unidades hospitalarias, por el término de la construcción de la obra. Esta Ley igualmente enmienda la Sección 1051.06, reincorporando el crédito contributivo por donativos al Patronato del Palacio de Santa Catalina (La Fortaleza) para continuar incentivando la aportación de fondos privados para su preservación y mantenimiento, y asegurar el disfrute del monumento por futuras generaciones. La enmienda concede un crédito de 100% del monto donado durante el año contributivo.

C. Ley Núm. 86-2019
(Para enmendar las Secciones 5023.04 y 5023.06 de la Ley Núm. 1-2011, Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico)

Está comprobado que el surgimiento de nuevas industrias se da con mayor facilidad cuando existen disposiciones legales específicas y un marco regulatorio que fomente el desarrollo de un sector. En Puerto Rico, la industria de la cerveza artesanal carece de disposiciones legales específicas que fomenten su desarrollo y crecimiento. Al mismo tiempo, la actual estructura de arbitrios resulta irrazonable y onerosa para industrias emergentes que no producen tan siquiera un millón de galones, pues está contemplada para industrias con volúmenes millonarios. Esta Ley añade una escala especial para volúmenes bajos del total de cerveza producida durante el año contributivo, con tarifas competitivas con los Estados de los Estados Unidos. Las escalas comienzan desde los 400,000 hasta los 31,000,000 galones de medida, donde en la primera escala se cobra $0.95 por galón de medida producido, importado o introducido, alcanzando los $3.39 en la última escala, para así incentivar el desarrollo de la industria de cerveza artesanal en Puerto Rico.

D. Ley Núm. 102-2019
(Para añadir una nueva Sección 4030.27 a la Ley Núm. 1-2011, Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico)

La artesanía puertorriqueña es una de las expresiones más genuinas de nuestra cultura. Para fomentarla y protegerla existen leyes especiales e incisos dentro de leyes regulares que brindan a los artesanos beneficios tales como: ayuda técnica en la administración de sus talleres, exención contributiva sobre la propiedad mueble y sobre ingresos hasta la suma de $6,000 anuales, exención en las patentes municipales para los talleres de artesanos y prohibición al Cuerpo de Bomberos a cobrar por las inspecciones en lugares donde se venden artesanías. Sin embargo, aún existe espacio para fortalecer al sector artesanal de Puerto Rico. Por ello, mediante esta Ley se añade una nueva Sección 4030.27 al Código de Rentas Internas para excluir del pago del IVU toda artesanía vendida por una persona con identificación de certificación de artesanos expedida por la Compañía de Fomento Industrial como parte del Programa de Desarrollo Artesanal. Para cualificar, el artesano debe tener un volumen de negocios anual que no exceda de $50,000.

III. Leyes que Fomentan el Turismo

A. Ley Núm. 59-2019
(Para declarar monumento histórico la Antigua Casa Parroquial, hoy Museo de Historia y Cultura Alberto Ávila López, localizado en la calle Estrella #5 de Camuy)

La preservación y la promoción de los recursos históricos por medio de rutas turísticas fomentan la revitalización y el desarrollo económico de los municipios. Esta Ley declara monumento histórico la Antigua Casa Parroquial, hoy Museo de Historia y Cultura Alberto Ávila López, localizado en la calle Estrella #5, en el municipio de Camuy; y ordena a la Junta de Planificación incluirla en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico. La Antigua Casa Parroquial fue construida durante la década de 1920 y sus características arquitectónicas corresponden a la típica casa criolla que se desarrolló alrededor de la Plaza de Recreo del municipio de Camuy. El Instituto de Cultura
Puertorriqueña la declaró patrimonio histórico, digna de conservación pues esta cumple con los criterios de elegibilidad para ser designada como sitio histórico.

B. Ley Núm. 111-2019

(Para designar con el nombre «Sabor del Campo» la Ruta Gastronómica y Panorámica que transcurre entre las carreteras estatales PR-419, PR-411 y PR-412 en Aguada, Añasco y Rincón)

El turismo en Puerto Rico se ha concentrado mayormente en la zona costera, por lo que el sector del interior montañoso se ha visto limitado de insertarse en la experiencia del turista extranjero. Esta Ley designa con el nombre de «Sabor del Campo» a la Ruta Gastronómica y Panorámica que transcurre entre las carreteras estatales PR-419, PR-411 y PR-412, que atraviesan los municipios de Aguada, Añasco y Rincón. Asimismo, faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a delinear los planes de mercadeo y promoción, al igual que autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a gestionar la rotulación del tramo y el pareo de fondos. La designación de la «Ruta Gastronómica y Panorámica Sabor del Campo» fomenta el desarrollo económico de la Región Porta del Sol en su misión de conquistar turistas interesados en la experiencia del «chinchorreo», los productos agrícolas cultivados en la región y en visitar las hospederías ubicadas en la ruta.

C. Ley Núm. 123-2019
(Para establecer que el área que comprende los Kioscos de Luquillo sea declarada Centro Gastronómico Especial de la Región Este de Puerto Rico)

Los Kioscos de Luquillo son fundamental en la oferta turística de la región este de Puerto Rico debido a que reciben la visita de aproximadamente 1.2 millones de visitantes. El turismo gastronómico es la principal actividad económica de Luquillo, generando aproximadamente 800 empleos, $40 millones en ingresos y más de $3.5 millones en recaudos del IVU. Esta Ley declara Centro Gastronómico Especial de la región este de Puerto Rico el área de los Kioscos de Luquillo. Adicionalmente, ordena a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a crear e implementar un plan estratégico de promoción turística para el área en colaboración con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, la Asociación de Propietarios de los Kioscos de Luquillo y el Municipio de Luquillo.

D. Ley Núm. 165-2019
(Para crear la «Ruta Costera y Gastronómica de Jobos» en el Municipio de Isabela)

El área noroeste de la isla es conocida por sus bellas playas, las espectaculares vistas del océano, sus riquezas naturales y por su gastronomía, lo cual provoca una experiencia turística única. Esta Ley crea la «Ruta Costera y Gastronómica de Jobos» en el Municipio de Isabela, facultando así a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a identificar y establecer un recorrido turístico por el sector Jobos del Municipio de Isabela que incluya atracciones turísticas, mesones gastronómicos, paradores y «Bed & Breakfast». Asimismo, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, le ordena preparar un plan de rotulación y distribución de mapas interactivos para identificar las carreteras y lugares de interés, y establecer rótulos que anuncien y dirijan el recorrido que conduzca a la «Ruta Costera y Gastronómica de Jobos». La Compañía de Turismo de Puerto Rico tiene el deber adicional de, en conjunto con el Municipio de Isabela, promocionar y dar a conocer la Ruta.

IV. Leyes que Regulan Profesionales o Actividades Comerciales

A. Ley Núm. 107-2019
(Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos)

El huracán María destruyó el sistema eléctrico de Puerto Rico, dejando a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin servicio, y haciendo imperativo la compra de generadores eléctricos para realizar actividades comerciales y personales. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) atendió sobre 562 querellas1 de compras de generadores eléctricos que resultaron defectuosos, además denuncias de que el comercio no tiene técnicos ni piezas suficientes para el servicio de garantía, y que los comercios instalan incorrectamente los mismos. En protección de la inversión del consumidor que adquiere un generador eléctrico, esta Ley obliga a los manufactureros, distribuidores, vendedores y agentes de servicios de dichos equipos a cumplir con garantías mínimas para procurar que todo generador eléctrico sirva para los propósitos que fue adquirido. Asimismo, establece una causa de acción especial por incumplimiento de garantía a favor del consumidor dentro de los términos de la garantía del equipo. Esta acción esta sujeta a que el comprador haya brindado una oportunidad razonable al vendedor para reparar los defectos, pero éste no quiso o no pudo corregirlos.

El DACO debe crear un “Registro de Fabricantes, Distribuidores y Vendedores de Generadores Eléctricos” para requerirle a los vendedores y distribuidores de generadores eléctricos una fianza que garantice el cumplimiento de los remedios contenidos en la Ley. Adicionalmente, le autoriza establecer mediante reglamento el proceso a seguir por los inspectores durante las investigaciones o inspecciones técnicas relacionadas a querellas radicadas por incumplimiento con la garantía mínima otorgada a un generador eléctrico. Esta Ley deberá interpretarse liberalmente a favor del consumidor, pues la garantía otorgada por el manufacturero o vendedor está incluida en el precio de venta. Al momento de la venta de un generador eléctrico el vendedor está obligado a entregar al consumidor un certificado de garantía de fábrica, el cual responsabiliza al consumidor de cumplir con los términos y condiciones que exija, incluyendo el mantenimiento rutinario. En caso de reparación, deberá entregar copia de la orden de reparación al consumidor cuando su generador eléctrico sea entregado para reparaciones en garantía, y además este debe consultar e informar al consumidor sobre servicios de reparación o mantenimiento que no estén cubiertos por la garantía o que estén sujetos a un deducible.

B. Ley Núm. 125-2019
(Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 10- 1994, Ley para Reglamentar los Negocios de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces)

En Puerto Rico, ciertos corredores de bienes raíces han adoptado la deshonesta práctica de ofrecer propiedades para la venta o arrendamiento, a sabiendas que la propiedad no se encuentra disponible en el mercado. Dicha práctica se realiza con la intención de presentar otras propiedades similares disponibles de su cartera para realizar un negocio jurídico. Esta Ley le prohíbe a todo corredor, vendedor y empresa de bienes raíces continuar anunciando un inmueble para la venta o arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre disponible. El corredor tendrá 72 horas para excluir la propiedad de los listados de propiedades disponibles e informar que la misma ha sido vendida o arrendada. De esta forma se protege de engaños a potenciales clientes interesados en comprar o arrendar inmuebles, mientras se fortalece la credibilidad en el mercado inmobiliario y la buena práctica e integridad de la profesión de bienes raíces en Puerto Rico.

C. Ley Núm. 159-2019
(Ley para la Selección Informada sobre el Seguro de Viaje)

Un seguro de viajes puede cubrir contra la cancelación e interrupción de un viaje, pérdida de equipaje, muerte, enfermedad, accidente, incapacidad y daño a artículos personales en relación con un servicio de transportación acuática, terrestre o aérea. Esta Ley obliga a todo agente de viajes bajo la jurisdicción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a incluir una recomendación al cliente sobre la importancia y/o beneficios de comprar un seguro de viaje a través de un agente de seguros autorizado, como parte de las cláusulas y condiciones en el contrato establecido entre la agencia y el cliente. El agente deberá asegurarse que el cliente marque expresamente que fue debidamente orientado sobre la existencia y la posibilidad de adquirir un seguro de viajes a través del productor de seguros de su preferencia, haciendo una marca dentro de un encasillado. El acto afirmativo de escoger entre comprar o declinar un seguro promueve que la persona, antes de adquirir su boleto o paquete de viaje, tome una decisión consciente. De no existir la marca, se presumirá que el cliente no fue orientado sobre la compra del seguro de viaje. El incumplimiento con este deber conlleva una multa de hasta una cantidad máxima de $200.

V. Leyes que Incentivan Industrias Emergentes

A. Ley Núm. 51-2019
(Ley para Establecer la Política Pública del Desarrollo de la Economía Colaborativa en PR)

La economía colaborativa o «sharing economy» se refiere a las transacciones económicas entre consumidores pares, en donde ocurre un intercambio de bienes y servicios a través de una red digital. La misma cubre una gama de sectores e industrias pues a través del internet y el comercio electrónico se han creado cientos de plataformas que facilitan y procesan estos intercambios de manera segura mediante sistemas de reputación, donde el mismo mercado descalifica a proveedores con mal servicio o con incidentes, generando confianza en el usuario del servicio. Su valor añadido es la facilidad con que permite a un consumidor acceder a más opciones de bienes y servicios, a la vez que provee oportunidades económicas adicionales a los dueños de un activo.

Empresas líderes en la economía colaborativa son Uber y Airbnb. Ambas plataformas han tenido un impacto positivo en Puerto Rico, tanto para residentes como visitantes. En menos de un año de la llegada de Uber, más de 4,000 conductores se registraron para ofrecer el servicio y actualmente hay más de 111,000 usuarios activos, lo que aumentó en un 66% la demanda por el servicio de taxi. En el caso de Airbnb, hubo un incremento de casi 30% en la cantidad de habitaciones endosadas para visitantes. «Es decir, sin incentivos del Estado y con muy poca inversión, la economía de Puerto Rico añadió toda una infraestructura nueva para el desarrollo de la economía del visitante». El gran potencial económico de las empresas en la economía colaborativa es que atraen nuevos consumidores, lo que resulta en nuevas transacciones económicas que no se hubiesen realizado sin su llegada. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es la agencia responsable de garantizar el desarrollo de la economía colaborativa en Puerto Rico de manera uniforme entre empresas de diferentes sectores e industrias. Su marco regulatorio asegura la sana competencia y coexistencia entre las industrias que operan dentro de la economía colaborativa y las industrias previamente establecidas y reguladas.

B. Ley Núm. 21-2019
(Ley de Desarrollo de Zonas de Oportunidad de Desarrollo Económico de Puerto Rico de 2019)

La Reforma Contributiva Federal o Tax Cuts and Jobs Act of 2017 introdujo las Zonas de Oportunidad Cualificadas o Qualified Opportunity Zones, (QOZ) al Código de Rentas Internas Federal para alentar inversiones a largo plazo en comunidades de bajos ingresos en Estados Unidos. Actualmente, los inversionistas estadounidenses poseen billones de dólares en ganancias de capital que no utilizan en acciones ni fondos mutuos. Esta realidad el Congreso la concibe como un recurso sin explotar para el desarrollo económico. Una zona de oportunidad es una comunidad de bajos ingresos con un nivel de pobreza mayor del 20% y con un ingreso familiar promedio que no excede del 80% del ingreso promedio estatal2, donde nuevas inversiones podrían recibir un tratamiento fiscal preferencial. Como regla general, los Estados de EE.UU. pueden designar como QOZ hasta un 25% de sus distritos censales de bajos ingresos3. Sin embargo, para Puerto Rico se adoptó una regla especial donde la limitación del 25% no aplica. Por tanto, cualquier sección del censo poblacional en Puerto Rico declarado como comunidad de bajos ingresos se considerará certificada y designada como una QOZ4. Bajo este parámetro federal, aproximadamente un 95% de Puerto Rico es considerado una zona de oportunidad.

El beneficio contributivo para los inversionistas sujetos a impuestos federales es un diferimiento de la tributación sobre ganancias de capital previas invertidas en un fondo de oportunidad cualificado a la fecha en que se vende o intercambia la inversión por este, o el al 31 de diciembre de 2026. Un Fondo de Oportunidad Cualificado o «Qualified Opportunity Fund» (QOF) es una corporación, sociedad o compañía de responsabilidad limitada que invierte al menos el 90% de sus activos en propiedades ubicadas en una QOZ5. Mediante esta Ley se crea el marco contributivo, legal y reglamentario que agiliza y fomenta los incentivos contributivos aplicables a los QOF y a la inversión en proyectos prioritarios en zonas de oportunidad en Puerto Rico por un periodo de 15 años. Estos incentivos son: una contribución fija de 18.5% sobre el ingreso neto de un negocio exento en una zona de oportunidad; una exención en la tributación sobre ingresos por distribución de dividendos de los accionistas o socios de un negocio exento en zonas de oportunidad; una exención contributiva sobre el ingreso proveniente directamente de intereses recibidos con respecto a bonos, préstamos, pagarés u otras obligaciones de un negocio exento.

La Ley otorga un 25% de exención en patentes municipales, contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y arbitrios de construcción a los negocios exentos. Estas exenciones podrían aumentarse hasta un máximo del 75% si el municipio lo autoriza mediante una ordenanza. Además, otorga un crédito por inversión máximo de 25% transferible -para ser utilizado en 4 cuotas- con clasificación de prioridad entre todos los créditos fiscales otorgados por otros incentivos en Puerto Rico, y añade que «todo crédito por inversión no utilizado en un año contributivo podrá ser arrastrado a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad». Para la tramitación y expedición de permisos, establece un procedimiento especial para los negocios exentos, proyectos prioritarios en zonas de oportunidad y proyectos acordados en un
contrato de alianza público privada, mediante un sistema de prioridad en la programación de las agencias gubernamentales con injerencia en la tramitación de permisos, consultas, licencias, franquicias, o certificaciones6. Otros beneficios que concede esta Ley a los negocios exentos es la opción de escoger los años contributivos a ser cubiertos bajo sus decretos en cuanto a su
ingreso neto de zonas de oportunidad. Si cesó operaciones y posteriormente desea reanudarlas, el tiempo que estuvo sin operar no será descontado del periodo de exención correspondiente. También, podrá establecer operaciones cubiertas por un decreto de exención vigente, en el mismo municipio donde esté establecida la oficina principal, o en cualquier otro municipio. La designación de una actividad como proyecto prioritario en zonas de oportunidad, o la concesión de un decreto, será final y no procederá revisión judicial, administrativa u otro recurso en su contra.

Concedido un decreto bajo esta Ley, ninguna agencia, municipio o instrumentalidad pública podrá impugnar su legalidad, excepto el Secretario de Desarrollo Económico o la Gobernadora. Una parte adversamente afectada por cualquier resolución u orden emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o agencia con injerencia, tendrá como único remedio presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de treinta días después de la decisión o adjudicación final del Secretario de Desarrollo Económico. La expedición de un auto de revisión no paralizará la autorización o la realización de una obra o acción.

Conjuntamente, se enmiendan varias leyes para armonizarlas con los propósitos de esta Ley. En el Código de Rentas Internas se añadió una nueva Sección 1031.06 que establece las reglas especiales para ganancias de capital invertidas en un QOF. Asimismo, enmienda la Sección 1035.08 para excluir las sociedades que son un fondo bajo la Ley Núm. 185-2014, o un QOF de reportar como ingreso la venta de un interés. Este estatuto, enmienda el Artículo 5 de la Ley 22-2012, conocida como la «Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico», para otorgarle a los individuos residentes inversionistas una tasa de contribución especial de 5% sobre ganancia neta de capital a largo plazo atribuible a cualquier apreciación antes de convertirse en residente de Puerto Rico. De la misma forma, enmienda los Artículos 3 y 4 de la Ley 185-2014, conocida como la «Ley de Fondo de Capital Privado», para aclarar que una empresa extranjera que el 80% o más de su ingreso bruto se genere en Puerto Rico, cualificará y podrá elegir ser tratado como un Fondo de Capital Privado. Por último, añade el Artículo 84A en la Ley 17-2017, conocida como la «Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino», para declarar proyectos estratégicos a los proyectos prioritarios en las QOZ para que OGPe le de prioridad.

C. Ley Núm. 127-2019
(Ley para facilitar la implementación y uso de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico)

A través de la integración de la tecnología de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o small cells se pretende expandir el alcance de los servicios de banda ancha en Puerto Rico, facilitando una mejor conectividad de los servicios de telecomunicaciones. Las pequeñas instalaciones inalámbricas crean numerosas mini redes de transmisores que cubren un radio de propagación menor, y en conjunto fortalecen la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en términos de rapidez, capacidad, diversificación y estabilidad. Además, operan con mejor rendimiento que las torres tradicionales porque pueden fijarse en postes, semáforos y edificios, por lo que requieren menos electricidad y espacio para operar. Las pequeñas instalaciones inalámbricas y postes colocadas en una servidumbre de paso, en una estructura existente pública o privada, o en una propiedad no zonificada exclusivamente para uso residencial de una familia, se clasifican como usos permitidos y no están sujetas a revisión o aprobación de zonificación. La OGPe le requiere al proveedor inalámbrico obtener un permiso para instalar un poste nuevo con una pequeña instalación inalámbrica. En caso de desear colocar más de un poste con pequeñas instalaciones inalámbricas dentro de un mismo municipio, podrá recibir un permiso único para las múltiples colocaciones. La OGPe puede denegar la solicitud propuesta si esta interfiere sustancialmente con la operación de un equipo de control de tráfico; con las líneas de visión o las zonas despejadas para el transporte colectivo, vehicular o el paso de peatones; con el cumplimiento del Americans with Disabilities Act sobre el acceso o movimiento de peatones; o si no cumple con esta Ley. La aprobación de una solicitud de permiso autoriza al solicitante a instalar o colocar el poste y la pequeña instalación inalámbrica hasta dos años después del otorgamiento del permiso, y además le permite hacer mejoras, operar, usar, mantener, modificar o reemplazar las mismas. Los proveedores de servicio inalámbrico deben cumplir con los parámetros permitidos de emisión de radiofrecuencia, y conjuntamente instalar un rótulo a la altura de la pequeña instalación inalámbrica certificando que la radiofrecuencia emitida cumple con la regulación federal. En el caso de una servidumbre de paso, el gobierno puede cobrar una tarifa por el uso de la servidumbre, mas no puede entrar en un acuerdo exclusivo para su uso. Sin embargo, en la solicitud para la colocación de pequeñas instalaciones inalámbricas en estructuras existentes públicas, el proveedor de servicios inalámbricos puede negociar y entrar en acuerdos y/o contratos con el gobierno para hacer disponible el uso de la estructura pública, postes, conductos, tuberías, derecho de paso y servidumbres bajo su control. En la solicitud podrá incluirse la instalación y/o reemplazo de hasta cinco pequeñas instalaciones inalámbricas dentro de un radio de tres millas. Esta solicitud podría ser denegada por interferencia con facilidades inalámbricas existentes o previamente aprobadas para su colocación, o por consideraciones de seguridad o bienestar público.

VI. Conclusión

La imposición de una Junta de Control Fiscal, dos huracanes, la renuncia del gobernador, constantes terremotos y una pandemia, ciertamente, marcan un momento sin precedentes en la historia puertorriqueña. Estos eventos han menoscabado nuestra ya debilitada economía. Por tal razón, es indispensable que el Gobierno, como ente facilitador, redirija la política pública a la creación de oportunidades económicas para que la clase empresarial en Puerto Rico florezca. Como surge de nuestro análisis, durante el 2019 nuestra Legislatura aprobó leyes que impactan diversos sectores tales como el turismo, la artesanía, los servicios profesionales, bienes raíces, la cerveza artesanal, la economía colaborativa, la tecnología de las comunicaciones y suspicazmente las zonas de oportunidad, entre otros. A simple vista parecería que vamos rumbo a una economía altamente diversificada, no obstante, aún existe amplio espacio para fomentar el bienestar y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico, que son la espina dorsal del sector privado de Puerto Rico. Las leyes más profundas sobre desarrollo económico aprobadas en el 2019 fueron: el Código de Incentivos de Puerto Rico, con unas 391 páginas7, y la Ley de Zonas de Oportunidad con 50 páginas. Ambas leyes, en su mayoría, incentivan al inversionista, en específico al extranjero, otorgándole cuantiosas exenciones contributivas. Esto indica que gran parte del tiempo y el esfuerzo de nuestros legisladores respecto al tema de desarrollo económico no se utilizó en favor del empresario local el año pasado. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, Natalie Jaresko, arguye que «mejorar las condiciones de hacer negocios en la Isla e incentivar la inversión son aspectos vitales para que finalmente Puerto Rico salga de la quiebra, pueda regresar a los mercados de capital y su gente prospere»8. Sin embargo, un estudio realizado en el 2018 por la organización Empresarios por Puerto Rico reveló que «la contribución de las empresas locales al Producto Interno Bruto representa el 53%, y aún con el
desplazamiento del capital local causado por las cadenas nacionales, las empresas locales constituyen el 96% de los establecimientos, y el 83% del empleo en la isla. Por cada millón de dólares en producción, la empresa local genera 5.9 empleos, versus las empresas foráneas que generan 1.7 empleos»9.

Evitar la fuga de talento y disminuir la cantidad de jóvenes obligados a abandonar la Isla en búsqueda de oportunidades laborales, debe ser prioridad del Gobierno de Puerto Rico. Una manera de retener el capital humano mediante la generación de empleos especializados es implantando legislación que promueva la innovación se origine y se produzca aquí, para que las empresas establezcan su base operacional central en Puerto Rico, y así dirigirnos a facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías exportables. Simultáneamente, es fundamental fortalecer e incentivar la diversidad de industrias y sectores empresariales de manera individual mediante un marco jurídico especial que favorezca su desarrollo, garantizando mayor acceso a los recursos disponibles y eliminando barreras que impidan su crecimiento. Tal como demuestran las leyes del desarrollo de la economía colaborativa y de la cerveza artesanal previamente analizadas, existe una relación directa entre el marco jurídico de una industria y el desarrollo económico de un país. El marco legal regula las relaciones jurídicas que surgen en una actividad comercial, lo que fomenta la competencia, da seguridad al mercado mediante transacciones más eficientes, y equitativamente protege los derechos de los consumidores. Estas protecciones propician el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra principal fuente de empleo, las PyMEs, con la visión a largo plazo de insertarnos y participar en la economía global.

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NOTAS

* Estudiante de tercer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Presidenta de la Asociación de Derecho Empresarial y Comercio (ADEC). Bachillerato en Contabilidad y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

1 CyberNews, Borrador de nuevo Reglamento de Garantías de DACO incluye generadores eléctricos. PERIÓDICO LA PERLA DEL SUR (24 de enero del 2020) https://www.periodicolaperla.com/borrador-de-nuevo-reglamento-de-garantias-de-daco-incluyegeneradores-electricos/. (última visita 11 de mayo de 2020).
2 26 U.S. Code § 45D(e)(1).
3 Id. § 1400Z–1(d)(1).
4 Id. (b)(3) Special rule for Puerto Rico.
5 Id. § 1400Z-2(d)(1).
6 Esta Ley les dispensa del cumplimiento de los términos y procedimientos establecidos en la «Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico»; la «Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico»; la «Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991»; y la «Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno», y los reglamentos promulgados al amparo de estas.
7 La Ley Núm. 60–2019, Código de Incentivos de Puerto Rico, no fue analizada en este Artículo por razón de su longitud. La misma debería analizarse individualmente y con detenimiento en otro artículo de revista jurídica.
8 Por CyberNews, Junta de Supervisión Fiscal discute desarrollo económico de Puerto Rico durante una audiencia en el Centro de Convenciones. Telemundo (26 de septiembre de 2019). https://www.telemundopr.com/noticias/puertorico/junta-de-supervision-fiscal discute-desarrolloeconomico-de-puerto-rico/119855/.
9 Por Ileanexis Vera Rosado, Estudio evidencia importancia y solidez de las empresas locales. El Vocero (26 de septiembre de 2018). https://www.elvocero.com/economia/estudioevidencia-importancia-y-solidez-de-las-empresaslocales/article_19b40082-c0ff-11e8-8900-5ba9f6925db7.html.

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