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[Avanzadas de AMICUS] Análisis de legislación (2019): Agricultura y seguridad pública

Consulta la nueva entrega de análisis de legislación de las Avanzadas de AMICUS.

Por Thomas Jr. Flecha Rivera*

3 Amicus, Rev. Pol Púb. y Leg. UIPR ___ (2020)
Originalmente publicado el 5 de mayo de 2021

Introducción

En este Artículo corresponde analizar (quince) leyes aprobadas durante el año 2019 concernientes a los temas de agricultura y seguridad pública. Con el propósito de reseñar y analizar cada uno de estos estatutos, se estará dando una mirada breve pero comprensiva de cada una de estas leyes en su contexto social, económico y político.

Con esto en mente, se presentará un resumen de la ley, junto a la intención legislativa y en algunos casos el trámite legislativo de la misma. De los quince estatutos aprobados: tres son leyes relacionadas al tema de la agricultura y doce son leyes dirigidas al tema de la seguridad pública.

Agricultura

Ley Núm. 40-2019

En la exposición de motivos de dicha ley se explica que debido a la aprobación del Plan de Reorganización Número 4 de 26 de julio de 2010, se derogó la Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como «Ley de Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico», y el Programa de fincas familiares pasó a la Autoridad de Tierras. De igual forma, el Programa de infraestructura rural y mejoras permanentes se unió a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias debido a que el Programa de fincas familiares es uno dirigido al mejoramiento de fincas unifamiliares para el desarrollo agrícola y la provisión de utilidades para la vida digna de los agricultores. La Asamblea Legislativa entendió que era meritorio transferir el Programa de infraestructura rural a la Autoridad de Tierras con el fin de ofrecer asistencia técnica y supervisión en proyectos de infraestructura rural y de mejoras permanentes en las fincas familiares. Además, la ley añade un nuevo Título a la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, conocida como «Ley de Tierras de Puerto Rico», según enmendada, el cual lleva por nombre «Título VII Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico». Este Título transfiere a la Autoridad de Tierras la facultad de establecer el «Programa de acueductos rurales de Puerto Rico», para que brinde asistencia en todas las etapas de construcción y establecimiento de acueductos rurales no pertenecientes a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. En adición, dicho Título consolida el capital humano y presupuestario del «Programa de Infraestructura Rural» y «Programa de Acueductos Rurales» a los de la Autoridad de Tierras.

Al observar esta Ley de prima facie pudiéramos caer en la trampa de subestimarla. Este estatuto tiene grandes implicaciones en la política pública y la ciudadanía que vive en la zona rural de la Isla. La tendencia de vivienda en Puerto Rico en las últimas décadas ha sido la construcción de nuevas viviendas unifamiliares de baja densidad. De igual forma desde hace varias décadas se ha ido desarrollando el fenómeno de las construcciones informales las cuales no pueden servirse del sistema sanitario que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados1. Esta práctica informal tiene implicaciones nocivas para el ambiente, ya que el mal manejo de las aguas sanitarias contamina los cuerpos de agua adyacentes. Además, el desarrollo no planificado de vivienda en zonas rurales aisladas de baja densidad hace muy oneroso para las corporaciones públicas ofrecer sus servicios de agua, electricidad entre otros2.

La aprobación de esta Ley faculta a la Autoridad de Tierras a crear un nuevo paradigma para las comunidades rurales de cara al futuro. Este consiste en la soberanía de las comunidades en la administración y mantenimiento de infraestructura vital para su funcionamiento3. En el contexto social que actualmente vive Puerto Rico, es necesario empoderar a las comunidades y facilitar el acceso a las utilidades básicas. Considero, que este estatuto, de ser bien implementado pudiera traducirse en una herramienta que mitigue los afectos adversos de la crisis de gobernanza que atraviesa el país y mejore la calidad de vida de cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Ley Núm. 64-2019

La Ley 64 es la progenie de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, y la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, las cuales sentaron las pautas para el desarrollo de la política pública concerniente al acceso a vivienda asequible para los puertorriqueños.

La Ley 26 tiene como uno de sus propósitos erradicar el concepto de agregados, lo cual era un tipo de trabajador agrícola que trabajaba el terreno donde tenía su hogar, pero no era dueño del mismo. Esta Ley reconoció el derecho fundamental humano a ser dueño de un pedazo de tierra el cual se trabaja para ganar el sustento diario. Posteriormente se aprobó la Ley 132 la cual estableció la política pública en cuanto a las familias que vivían en terrenos que le pertenecían al Estado. La Ley 132 ordena a las diferentes agencias de gobierno a traspasar las tierras ocupadas al Departamento de Vivienda, para que este confiera los títulos de propiedad según el ingreso de las familias. En el 2008 se estableció mediante reglamento del Departamento de Vivienda el marco legal para la implantación de la Ley 132 extendiendo el beneficio a personas que no son agricultores y se modificó el requisito de ingreso bruto ajustado. Luego de pasados 3 años, por virtud de la Orden Administrativa 11-13 se aumentó el ingreso a $21,100 para cualificar para los beneficios establecidos en la Ley 26. A pesar de que los cambios efectuados fueron muy positivos estos no estaban incluidos en el texto de la ley, ya que fueron establecidos en una orden administrativa. En el 2015 se enmendó el Artículo 78 de la Ley 26 para utilizar el concepto de familia de escasos recursos económicos de la Ley 132, pero en dicha definición se establece un ingreso de $14,400, en otras palabras $6,700 menos que en la orden administrativa y por ende menos beneficiarios.

La Ley 64 se encarga de enmendar el Artículo 78 de la Ley Núm. 26, específicamente la definición de agregado. Dicha ley establece que la nueva definición de agregado será:

[T]odo jefe de familia y aquellas personas solas que cualifiquen que residan en la zona rural, cuyo hogar se encuentre en casa y terreno ajenos o en casa propia levantada en terreno ajeno, que sea una familia de escasos recursos económicos y que no posea terreno en calidad de dueño4.

De igual forma la enmienda del Artículo 78 añade que «[p]ara propósitos de esta Ley se utilizará el término familia de escasos recursos económicos, establecida por el Secretario de la Vivienda mediante orden administrativa a los fines de determinar el ingreso bruto ajustado». Además, la Ley 64 enmienda el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, para cambiar la definición de familia de escasos recursos económicos. Finalmente, el estatuto enmienda el Artículo 9 de dicha ley para establecer una fórmula para el precio de venta del terreno.

Al analizar la Ley 64 vemos la intención del legislador de armonizar los estatutos con las órdenes administrativas y al mismo tiempo consolidar y expandir la política pública referente al tema de los agregados. Como bien expresa el propio estatuto, la realidad económica y política ha cambiado mucho desde la aprobación de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, por esa razón era necesario atemperar la ley a las nuevas necesidades y realidades del Puerto Rico del siglo XXI.

Ley Núm. 76-2019

Luego del paso de los huracanes Irma y María el Gobierno de Puerto Rico aprobó una serie de medidas reactivas con el propósito de subsanar las deficiencia y vulnerabilidades expuestas en diferentes sectores, por los eventos atmosféricos. El sector agrícola fue uno de los más afectados por estos eventos atmosféricos. Según la Oficina de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, el huracán Irma ocasionó estragos en concepto de pérdidas de producción e infraestructura al sector agrícola estimados en aproximadamente $45.8 millones, mientras que el huracán María ocasionó pérdidas estimadas en $2,025,060,325.035.

La Ley Núm. 166 de 11 de agosto de 1988, crea la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, la cual fortaleció la protección del sector agrícola contra pérdidas o daños a cosechas, animales y otras estructuras de uso agrícola causados por desastres naturales a través de un seguro con una prima razonable. No obstante, debido a los vaivenes de la economía, la Corporación de Seguros Agrícolas no contaba con los recursos y herramientas para responder a las necesidades de los agricultores puertorriqueños, situación que se agravó luego del paso de los huracanes Irma y María.

Al encontrarse en esa situación y con tal de modernizar la estructura del Gobierno a una más eficiente y de menos costo, la Asamblea Legislativa decide abrirle las puertas al sector privado a los seguros agrícolas. Según la exposición de motivos de la Ley 76, la Asamblea Legislativa entiende que la industria privada tiene mayor pericia y eficiencia en la cuestión de seguros agrícolas. Dicho lo anterior, a través de la Ley 76 se enmienda la Ley 12 para añadir el Artículo 3A el cual permite la externalización de la gestión gubernamental al sector privado para una mejor administración financiera y gerencial. El Artículo 3A autoriza a la Corporación de Seguros a contratar un Administrador Privado con la aprobación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el cual tendrá sus facultades estipuladas en el Contrato de Administración. El Contrato de Administración consiste en un contrato otorgado entre la Corporación de Seguros Agrícolas y el Administrador Privado, en el cual se delegará a este cualquiera de las funciones y facultades de la Corporación de Seguros Agrícolas. Es importante resaltar, que esta ley establece una cláusula de supremacía sobre cualquier reglamento o norma contraria a ésta. En adición, es importante destacar la influencia ideológica del neoliberalismo y del mercado en nuestro gobierno donde todo lo privado es mejor a lo público.

Seguridad Pública

Ley Núm. 22-2019

Las comunicaciones juegan un rol protagónico en los eventos de emergencia y desastres, ya que a través de las mismas se puede divulgar información valiosa en las etapas antes, durante y después del evento. Esta divulgación de información a través de los diversos sistemas de comunicación puede ayudar a salvar vidas y utilizar de una manera óptima los recursos para el proceso de recuperación luego del desastre.

En el año 2017, luego del paso del huracán María, la vulnerabilidad y fragilidad de nuestro sistema de infraestructura de telecomunicaciones quedó expuesta. Inmediatamente después del evento atmosférico el sistema de comunicación en Puerto Rico colapsó. Cabe destacar que al momento del paso del huracán María el cien por ciento (100%) de las comunicaciones telefónicas y celulares en Puerto Rico eran provistas por empresas privadas.

Debido a lo anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 22 con tal de añadir un nuevo Artículo 8A al Capítulo III de la Ley 213-1996, según enmendada, conocida como «Ley de Telecomunicación de Puerto Rico 1996». El propósito de dicho Artículo 8A es requerirle a las compañías que ofrezcan servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico certificar ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones que cuentan con un plan de contingencia y continuidad de servicios, vigentes y activos para responder ante un desastre natural o emergencia debidamente declarada. Estos planes de contingencia deben estar en armonía con el Plan Estatal para el Manejo de Emergencia del Gobierno de Puerto Rico para poder llevar a cabo su implementación. En adición, esta ley faculta a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para tomar medidas administrativas, tales como: notificaciones de incumplimiento y multas hasta un máximo de $5,000 para asegurar el cumplimiento de la ley.

Ley Núm. 27-2019

A raíz de los problemas fiscales que ha enfrentado el Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa ha tomado medidas para enfrentar dicha situación. Para enfrentar esos problemas fiscales, las diferentes agencias administrativas e instrumentalidades de gobierno han regularizado la utilización de los recursos y se ha fomentado el ahorro entre ellas. Entre dichas leyes se encuentra la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como «Ley Uniforme de Vehículos Oficiales de Gobierno de Puerto Rico». Dicha ley dispone que ningún jefe de agencia o funcionario está autorizado a utilizar vehículos oficiales una vez termine su jornada laboral. De igual forma, dicha disposición establece que concluida la jornada laboral el funcionario de gobierno está obligado a entregar el vehículo oficial a la agencia. Sin embargo, a pesar de las estrictas exigencias del estatuto, existen jefes de agencias y funcionarios exentos de dicha aplicación debido a la naturaleza de sus funciones.

La Ley 27 enmienda los incisos (c) y (e), y añade los nuevos incisos (j) y (k) en el Artículo 5 de la Ley 60-2014, los cuales exceptúan de sus disposiciones al Comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y al Comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1. Lo anterior, debido a los poderes, facultades, y responsabilidades que ostentan los mencionados jefes de agencias quienes se encuentran estrechamente relacionados con la seguridad pública del país.

Ley Núm. 39-2019

Luego del paso del huracán María se reconoció la gran importancia de las plataformas de comunicación durante los desastres. Pocas emisoras de radio fueron el único enlace disponible para que el Gobierno de Puerto Rico pudiera comunicar sus planes a la ciudadanía.

Por motivo de esta experiencia la Asamblea Legislativa creó la Ley 39 conocida como: «Ley de Comunicadores Esenciales de Radio, Televisión, Prensa Escrita y Digital de Puerto Rico». Dicha Ley define los comunicadores esenciales como todo el personal de las emisoras de radio AM y FM y de los canales de televisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), así como el personal de prensa escrita, impresa o digital. De igual forma, define la emergencia como toda aquella declarada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En adición, en su sección 3 la ley establece la integración de los comunicadores esenciales como parte del Plan Estatal para el Manejo de Emergencias. Como parte de esta integración, se le requiere que en la medida que sea posible, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres le permita a los comunicadores esenciales: libre acceso a las áreas afectadas por una emergencia con el fin de poder restaurar o reparar cualquier instalación crítica para la emisora, tener libre acceso a combustible y otros artículos necesarios para poder mantener funcionando la señal de transmisión. La ley también establece la responsabilidad del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de integrar en su plan de comunicación la designación de un enlace con las estaciones de radio, televisión y prensa. Por último, la ley dispone el desarrollo de un programa voluntario de capacitación para comunicadores esenciales con el fin de instruirlos en caso de una emergencia.

Ley Núm. 53-2019

La Ley 53 enmienda el Artículo 135 del Código Penal de Puerto Rico con el propósito de dar un mensaje contundente de cero tolerancia a la práctica del acoso sexual. Es la intención de la Asamblea Legislativa proteger a los más vulnerables en las relaciones de poder que se desenvuelven en los trabajos, lugares de estudio y donde se reciben servicios profesionales. A través de esta ley, se establece la pena fija de 3 años a toda persona que incurra en el delito de acoso sexual. El propósito al aumentar la pena lo que busca es establecer una medida disuasiva para atender este difícil problema en la sociedad.

Ley Núm. 61-2019

La Ley 61 establece como política pública del país proveer identificaciones válidas a los ex confinados. De igual forma, a través de esta Ley se crean acuerdos entre diversos departamentos de gobierno y el Departamento de Corrección y Rehabilitación para la creación de procesos expeditos que permitan la obtención del certificado de nacimiento e identificación Real ID libre de costo para el confinado, previo a salir a la libre comunidad. Además, dispone acuerdos de colaboración para proveer referidos para una evaluación con el fin de cualificar a los beneficios del Plan de la Reforma de Salud y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a todas las personas próximas a liquidar sentencia y ser excarcelados. En adición, la ley faculta al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a crear reglamentos que establezcan los procesos de diligenciamiento dispuestos por la Ley. El estatuto establece un adelanto sin precedente en la lucha contra el estigma social que sufren los ex confinados, atendiendo varios de los obstáculos que enfrenta esta población al reintegrarse a la sociedad.

Ley Núm. 62-2019

Esta ley, se aprueba tomando en consideración lo delicado que es una declaración de una víctima de los delitos contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como «Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica». La mencionada ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendada, para proveer a las víctimas de los delitos tipificados en la Ley 54 la oportunidad de brindar sus testimonios fuera de sala a través del sistema televisivo de circuito cerrado. En adición, establece las personas autorizadas a estar presentes en el lugar donde testifique la víctima de cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 54.

Ley Núm. 67-2019

Los deportes son actividades de sana convivencia que permiten el despliegue de destrezas, la competencia e inclusive el enfrentamiento adversativo entre dos partes bajo reglas que protegen la integridad física de sus participantes. A pesar del conjunto de reglas que tienen los deportes para proteger a sus participantes de lesiones físicas, en muchas ocasiones las emociones de los participantes y los espectadores puede ser desproporcionada. Esta desproporción puede desembocar en actos violentos e inclusive terminar con agresiones físicas. La Ley 67 añade el Artículo 108A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico, con el propósito de tipificar como delito la agresión ilegal que cause una lesión a la integridad corporal de una persona, como resultado de sus funciones como árbitro, jurado, oficial o cualquier otra función oficial en un acto deportivo. La ley establece sanciones con pena de reclusión o restricción domiciliaria o de servicio comunitario por un término que no exceda los 6 meses y/o pena de multa que no exceda los $5,000, pero que tampoco sea menor de $2,500.

Ley Núm. 77-2019

Como parte del proceso de agilizar y facilitar el acceso de servicios a los ciudadanos se aprobó la Ley 126-2011 la cual enmienda la Ley 144-1994 conocida como la «Ley de Llamadas 9-1-1». La ley 126 creó un sistema de atención al ciudadano el cual atendía solicitudes que no constituyeran emergencias con tal de descongestionar las líneas de emergencias. De esta manera se creó el sistema de atención al ciudadano con el número designado 3-1-1 bajo el Sistema de Emergencias 9-1-1. En el 2017 y en el 2018 se aprobaron varias leyes con el fin de dar una nueva estructura gubernamental y al mismo tiempo facilitar el acceso a la ciudadanía para resolver sus trámites gubernamentales. Entre las varias leyes aprobadas, surgió el Departamento de Seguridad Pública y los Centros de Servicios Integrados.

Bajo esta misma ideología y dentro de la realidad fiscal que atraviesa el país, la Ley 77 enmienda los Artículos 5.01, 5.03, 5.04, 5.06 y 5.07 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como Ley de Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con tal de excluir el Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y transferir al Departamento de Estado las funciones, operaciones y servicios de atención ciudadana Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1.

Ley Núm. 79-2019

En el año 2004 se aprobó la Ley 227-2004, según enmendada, la cual aumentaba el tipo básico de las escalas salariales del policía o agente y aumentaba el sueldo mensual a los miembros del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico. A pesar de la aprobación de dicha Ley el compromiso contraído por el Estado de aumentar el sueldo de los uniformados nunca se concretó. A raíz de dicho incumplimiento y con el propósito de incentivar la labor ardua de estos servidores públicos, la Ley 79 enmienda la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. La ley añade dentro de las exenciones de ingreso bruto, el ingreso devengado por concepto de horas extras trabajadas por los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y los salarios que se les pague retroactivamente, por concepto de la Ley 227-2004.

Ley Núm. 108-2019

Debido a la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico varias agencias e instrumentalidades se han visto limitadas en el desempeño de sus funciones por falta de recursos. Entre ellas se encuentra el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), el cual está adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación. El PSAJ brinda servicios en cada una de las regiones judiciales de Puerto Rico. Por virtud de esta ley se enmienda el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como la «Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011», el cual permite incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación entre las agencias que podrán adquirir con carácter preferencial los vehículos confiscados. De igual forma la Ley 108 enmienda el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, para incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el grupo de agencias de gobierno que se les puede transferir vehículos registrados en el Registro especial de vehículos confiscados con número de identificación de reemplazo.

Ley Núm. 117-2019

Debido a los problemas que ha enfrentado el Negociado de Ciencias Forenses desde los últimos años, los cuales se vieron exacerbados por el paso del huracán María, la Ley 117 enmienda el Artículo 4.20 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como «Ley del Departamento de Seguridad Pública». Dicha enmienda le otorga al Negociado de Ciencias Forenses, la facultad de poder disponer de los cuerpos identificados que no son reclamados luego de expirar un término de diez días consecutivos desde la autopsia e investigación y la publicación de un edicto por parte del Negociado de Ciencias Forenses en su portal de Internet.

Ley Núm. 168-2019

La Ley 168 conocida como la «Ley de Armas de Puerto Rico de 2020», crea una nueva ley de armas para Puerto Rico atemperada al ordenamiento jurídico de la actualidad. La trayectoria de las leyes relacionadas a la regulación de armas en el país comenzó con el Código Penal del 1902. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias ideológicas y doctrinales de cada una de ellas, la doctrina que cobró mayor popularidad en Puerto Rico fue la doctrina del privilegio. A pesar de que el derecho de poseer y portar armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, siempre ha existido un conflicto entre el derecho de poseer y portar armas y el poder del Estado para regular su uso. La doctrina del privilegio se basa en la teoría «de que las armas legales en manos de ciudadanos que se han sometido al proceso de obtenerlas legalmente, prolifera la criminalidad»6.

Esta nueva ley abandona la doctrina del privilegio y busca cerrar la brecha entre los derechos constitucionales de las personas a poseer y portar armas y el derecho del Estado a regularlo. El nuevo estatuto reduce los costos para poseer y portar un arma, dispone una amnistía para recoger armas ilegales, suma delitos adicionales por el uso de armas de fuego y deroga la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. Por último, la Ley 168 enmienda la Ley 241-1999, según enmendada, conocida como Nueva Ley de Vida Silvestre para crear nuevos reglamentos los cuales se atemperen a la nueva ley de armas.

Conclusión

Este grupo de leyes refleja la necesidad urgente de la Asamblea Legislativa de remediar las nuevas realidades sociales que enfrenta la isla. Entre esas realidades se encuentra la imperante necesidad de crear estatutos que respondan a las emergencias y desastres que hemos enfrentado en los últimos años y mitiguen sus efectos. De igual forma, este grupo de piezas legislativas reflejan el impacto económico que ha sufrido el aparato gubernamental a raíz de la crisis fiscal que atravesamos. A pesar de que la legislación en la mayoría de los casos queda rezagada por la velocidad de los cambios sociales, es importante poder identificar esas brechas que existen para poder atajarlas y crear estatutos que reflejen un verdadero aprendizaje de las experiencias vividas.

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NOTAS

* B.A., en Humanidades (Universidad Ana G. Méndez). M.A. en Planificación Urbana y Territorial (Universidad de Puerto Rico). Estudiante Juris Doctor (Facultad de Derecho, Universidad Interamericana).

1 Junta de planificación, Memorial del Plan de Uso de Terrenos 32 (2015).
2 Id. (citando a Estudios Técnicos, Inc. Situación y tendencias del mercado de vivienda (2014).
3 Acueductos comunitarios refuerzan su cadena de apoyo, Noticel, (2 de noviembre de 2019),
https://www.noticel.com/la-calle/acueductoscomunitarios-refuerzan-su-cadena-deapoyo/1138381821 (última visita 12 de abril de 2020).
4 28 LPRA § 555.
5 Luis R. Mejía Maymi, Calentamiento Global, Desastres Naturales, Riesgo, Sector Agrícola y Sustentabilidad, REVISTA DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE MAYAGÜEZ, (Diciembre 2017), https://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=16 484, (última visita 12 de abril de 2020).
6 Exposición de motivos, Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019

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