La Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene ante su consideración una medida para crear la Ley del Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas, con el fin de establecer la composición de un grupo de trabajo de académicos y profesionales con peritaje en el problema de la erosión y contaminación de las costas, mitigación de daños, y construcciones en zonas marítimo-terrestres.
Se trata del Proyecto de la Cámara 876, de la autoría de los representantes José J. Pérez Cordero y Lisie J. Burgos Muñiz, radicado en los últimos días de la primera sesión legislativa de este cuatrienio.
Los autores de la medida exponen que luego del paso del huracán María se aceleró los efectos de erosión en Puerto Rico provocando serios problemas para los residentes del área costera de la Isla. Aseguran que la situación ha generado un daño incalculable en la economía al afectar los pequeños comerciantes de la zona y, por último, una merma en la actividad turística.
Ante esta problemática, proponen crear el Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas de Puerto Rico que estaría compuesto principalmente por académicos y peritos para aportar en la consecución de ideas y soluciones, a corto, mediano y largo plazo para frenar la erosión en las costas.
Este Comité tendrá una duración de un máximo de dos (2) años, con el propósito de provocar ideas y soluciones de forma rápida y eficiente.
Según establece el proyecto, el Comité podrá solicitar por conducto del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que el Tribunal de Primera Instancia emita un interdicto para prohibir cualquier nueva construcción, lotificación, obra de desarrollo o proyecto en la franja costanera que según su opinión tendrá un grave daño a la zona costera.
La Oficina de Gerencia de Permisos notificará a la Comisión la aprobación de permisos sobre toda nueva construcción, lotificación, obra de desarrollo o proyecto en la franja costanera, y rendirá un informe con los fundamentos específicos y evidencia empírica para determinar si de aprobarse los mismos, estos podrían ocasionar un grave daño en la zona costera.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico evaluará el informe y solicitud de la Comisión y podrá mediante un interdicto solicitar al tribunal que conceda los remedios en equidad que procedan en derecho incluyendo y sin limitarse a la revocación de permisos.
Los proponentes de esta legislación además entienden que con esta medida se cumple con la Ley 23-2019 aprobada recientemente, que ordena a que se adopte un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
La medida fue radicada el 28 de junio y aún no se han programado vistas legislativas para su discusión.