Por María Soledad Dávila Calero
Tras la discusión pública sobre los incentivos y decretos contributivos, esta semana la Comisión de Hacienda del Senado celebró una vista pública para mirar el impacto de la Ley 20 de 2012 y la Ley 22 de 2012.
La vista fue para atender el Proyecto del Senado 40, presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y José Vargas Vidot, para derogar ambas leyes, y el Proyecto del Senado 284, de Carmelo Ríos y Gregorio Matías.
En el caso del Proyecto del Senado 284, este busca enmendar el Capítulo F de la Ley 60 de 2019 también conocida como el Código de Incentivos Contributivos. Ese capítulo enmienda la Ley 22 que es una exención contributiva a inversionistas extranjeros y a la Ley 20 que da exención contributiva a empresas que exportan servicios.
Diferenciando entre exenciones
Ambas leyes fueron aprobadas el 17 de enero de 2012 y las campañas tanto del gobierno, como del sector privado las presentaban en conjunto. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza argumentó que estas no son leyes indivisibles.
«Insisto en que debemos considerar los beneficios de la ley 20 y 22 por separado. Son dos criaturas distintas, aunque reconocemos que hay individuos de la Ley 22 que tienen decretos de Ley 20», sentenció Zaragoza.
En esa línea Carlos Fontan, director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), explicó que sólo un 35% de las personas que tienen exención por Ley 22, tienen operaciones de negocios en la isla y de estos no todos tienen empresas con exenciones con ley 20.
El presidente de la Comisión de Hacienda luego explicó que su preocupación principal es referente a la Ley 22 de 2012 ya que entiende que esta disposición «rompió con el esquema de incentivos contributivos» que se utilizaba en Puerto Rico, porque residentes no pueden solicitar ese decreto y no viene atado con requisitos de actividad económica.
Otra preocupación de Zaragoza es la atención que el gobierno federal al impacto que la exención contributiva a individuos mediante la Ley 22 de 2012 puede tener en sus recaudos contributivos, lo que podría llevar a que el gobierno federal tome acciones que dificulten o imposibiliten la continuación de estos decretos.
En defensa del decreto
Por su parte, Fontan indicó que la agencia está opuesta a la eliminación de estos decretos y la derogación de las leyes.
Según indicó Fontan, la derogación de la Ley 20 de 2012 y la Ley 22 de 2012 no eliminaría los decretos, sino que eliminaría las herramientas en ley para fiscalizarlos y argumentó que aumentar la fiscalización aumentaría el rendimiento.
«Si se procede a derogar la Ley 20 y 22 me van a crear un limbo jurídico», insistió Fontan.
En defensa de los decretos, el DDEC presentó y un estudio de la firma Estudios Técnicos y uno del economista José Caraballo Cueto en los que concluyen que estos decretos tienen un impacto positivo en la economía de Puerto Rico.
Además, Fontan resaltó que las personas acogidas a la Ley 22 de 2012 han comprado $1.3 mil millones en propiedad, lo cual no está exento de impuesto y ha traído al fisco $8.8 millones.
Dudas con los números
Sin bien Zaragoza argumentó que «yo creo que tenemos que ser bastante agresivos y bastante escépticos» al investigar o fiscalizar a los individuos o las empresas que se acogieron a los decretos de la Ley 22 de 2012 y Ley 20 de 2012, respectivamente, el presidente de la Comisión de Hacienda rechazó el argumento de que la fiscalización aumentaría el rendimiento.
Zaragoza además mostró preocupación por la falta de precisión en los datos que presentó el DDEC, incluyendo en la manera en que los hallazgos son presentados en los estudios que entregó el DDEC.
Entre las incongruencias que resaltadas por Zaragoza y otros senadores como Santiago Negrón, Ana Irma Rivera Lassén y Vargas Vidot, está el que el documento de Estudios Técnicos establece que la Ley 22 de 2012 ha creado sobre 4,000 empleos, pero el DDEC no tiene datos sobre cuántas contrataciones han hecho los individuos que se acogieron al decreto.
En el tema de los empleos, también se cuestionaron las cifras de la Ley 20 de 2012 ya que el DDEC planteó que este decreto generó sobre 30,000 empleos con un salario promedio de $36,000.
Pero Zaragoza resaltó que la mayor parte de esa cifra es empleos indirectos y cuestionó la fórmula que se usó para calcularlos, mientras que Rivera Lassén solicitó que se desglose por industria el salario promedio.
Buscar otras vías
Por otro lado, el senador Rafael Bernabe expresó preocupación de insistir en una estrategia de desarrollo económico que dependa de exenciones contributivas, particularmente en busca de inversión extranjera.
«El hecho que uno crea 36,000 empleos no quiere decir que hubo desarrollo económico», dijo Bernabe, quien argumentó que durante la época pico de las empresas que llegaron por la exención federal en el segmento 936 las cifras de desempleo se mantuvieron entre 13% y 14%.
Además, Bernabe argumentó que puede promover una competencia insostenible en la cual otras jurisdicciones ofrezcan créditos o incentivos que Puerto Rico no pueda ofrecer.
Santiago Negrón también entró en la sostenibilidad de estas leyes y resaltó que el documento de Estudios Técnicos dice que la Ley 20 de 2012 cuesta $111 millones al año, pero estas empresas generaron $210 millones en cuatro años o $52.5 millones al año.