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Revocan controversia que involucra La Llamarada y La Resaca

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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston emitió ayer, lunes, una decisión sobre propiedad intelectual que involucra dos de las obras literarias más significativas en Puerto Rico, La Llamarada y La Resaca, a su insigne autor, Enrique Laguerre, y al dramaturgo y exdirector ejecutivo del Ateneo Puertorriqueño, Roberto Ramos Perea.

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La decisión de 27 páginas revocó al juez federal de distrito Pedro A. Delgado y determinó que la empresa Editorial Cultural debe compensar a Ramos Perea por unas adaptaciones teatrales que este preparó sobre ambas obras, y que la entidad publicó en el 2013 para el Departamento de Educación, sin pagarle nada.

Ese caso ha dado varios vaivenes, y en un momento dado el juez federal había excluido del caso a Ramos Perea, pero tras el fallo de Boston se convierte en la persona que recibirá el dinero.

Según los hechos descritos en la demanda, don Enrique Laguerre y la empresa Teatro Caribeño firmaron un acuerdo en septiembre de 2001 en el que aluden a Ramos Perea adaptaría para el teatro su novela La Resaca, de 1949, y en el 2003 firmó uno similar, pero para La Llamarada, de 1934.

Ambos le reconocían a Ramos Perea derechos morales sobre ambas versiones teatrales, y este registró sus adaptaciones en el 2015.

En el 2002, Laguerre firmó un acuerdo con la demandada Editorial Cultural para la publicación de versiones de La Llamarada y La Resaca, que según la demandada incluía las versiones teatrales, incluyendo un acuerdo con el Departamento de Educación de 2013, en el que se imprimieron miles de copias.

La Editorial Cultural publicó varias versiones impresas de las adaptaciones y en el 2015 Ramos Perea y la hija de Laguerre, Beatriz, iniciaron la demanda, que luego fue enmendada en varias ocasiones.

Posteriormente, otros herederos de Laguerre se unieron a la demanda.

Al resolver la controversia, el panel de jueces de Boston indicó que uno de los hechos que resalta es que Ramos Perea no firma esos contratos, por lo que entienden que no estaba obligado por esos contratos. Por tanto, Boston resuelve que Ramos Perea nunca renunció a sus derechos relacionados a las adaptaciones que realizó de La Llamarada, por lo que la demandada Editorial Cultural debía ser compensado.

“Concluimos que la Editorial, al distribuir las adaptaciones de Ramos, es responsable ante él por infracción de derechos de autor”, expresó Boston.

La decisión da a entender que la compensación de Ramos Perea asciende a $266,350, que era la misma cantidad que en un momento un jurado otorgó a favor de los herederos de Laguerre, quienes se unieron en parte del pleito.

Otro de los aspectos de la decisión es que entienden que las novelas ya eran parte de “dominio público”. 

O sea, que ya las obras que en su versión íntegra pueden ser publicadas por cualquiera.

Importancia del caso

La abogada Vanessa Carballido, abogada con maestría en propiedad intelectual, explicó a Microjuris que este caso es importante en el tema de dominio público, que establece que los autores tienen derechos sobre sus obras hasta que se convierten en dominio público, lo que permite a cualquiera publicarlas sin permiso del autor o sus herederos.

Carballido explicó que, en el caso de La Llamarada y La Resaca, el derecho vigente para entonces protegía las obras por 28 años desde la publicación. Aclaró que la ley federal cambió en 1976, y ahora esta protección existe durante la vida del autor, y hasta 70 años después de su muerte.

“Ya hay mucha jurisprudencia y la ley es súper clara sobre dominio público… Sí me parece interesante que el tribunal de distrito se enfoca en lo contractual y no sobre los aspectos de derecho sobre el dominio público”, dijo Carballido, quien ofrece una clase de derecho en la Universidad de Sagrado Corazón.

Precisamente por los alcances del derecho del dominio público, dijo la profesora, los herederos de Laguerre no recibirían nada del veredicto del jurado emitido previamente.

«Este caso es importante porque envía un mensaje a los autores», agregó la profesora.

“Es un redflag (bandera roja), un warning (advertencia), a los autores: que deben registrar sus obras. Ramos Perea había registrado sus adaptaciones y, aunque no es indispensable para fines propietarios, en este caso fue importante para fines evidenciarios”, explicó.

Asimismo, el profesor de derecho constitucional Hiram Meléndez Juarbe se expresó en sus redes sociales sobre esta decisión y cómo protege el derecho de personas como Ramos Perea, quien hizo una adaptación de la obra original.

“No es sorpresivo. Cuando la obra está en el dominio público, no hay que pedir permiso para hacer adaptaciones, y quién las realiza tiene derechos sobre ellas. Además, es otra razón por la que los derechos morales de PR deben considerarse preempted. Imaginemos que Laguerre reclame dere(chos) morales, aún cuando la obra esté en dominio público. Actualmente, esto sería imposible (bajo ley de 2012), pero es el tipo de conflicto que preemption evita”, dijo el profesor.

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