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Supremo discute por primera vez el «delito imposible»

Aclaran que la figura existe en Puerto Rico desde 1974.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó que en Puerto Rico se puede castigar por la tentativa inidónea o imposible cuando sea imposible que se haya cometido el delito pretendido por el acusado.

El Supremo explica, citando al profesor Ernesto Chiesa Aponte que «una tentativa de delito se considera inidónea cuando ‘conforme a la naturaleza de las cosas y a las circunstancias particulares que rodearon la acción, es imposible que el autor logre lo que se propone'».

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En su análisis, el Supremo expone que, debido a que un acto se considera idóneo cuando es capaz de producir el resultado deseado e inidóneo cuando no lo produce, habría que evaluar si las tentativas inidóneas cumplen con el requisito de inequivocidad establecido en el delito de tentativa en nuestro Código Penal.

Desde el Código Penal de 1974, se permite castigar las tentativas inidóneas siempre que los actos ejecutados hayan sido inequívocas para la comisión del delito pretendido, razonó el Supremo.

“[L]a Asamblea Legislativa descartó incluir en el cuerpo legal el requisito de que la conducta sea idónea para que pueda castigarse como tentativa. De esta forma, se limitó a señalar que la conducta debe ser inequívoca”, expresa el Tribunal Supremo, de la voz de la jueza Mildred Pabón Charneco.

“Dado que el requisito de inequivocidad fue preservado igualmente en el Código Penal de 2012, supra, solo resta concluir que al presente un acto no tiene que ser idóneo para penalizarse, pero sí debe ser inequívoco”, añadió.

La decisión plantea que “el juzgador debe ponderar el propósito, las circunstancias y el contexto en que actuó el sujeto, ubicándose en su misma posición al momento de realizar la acción. Si al concluir el ejercicio anterior se determina que un observador imparcial pudiera razonablemente deducir o creer que existía un peligro de lesión al bien jurídico protegido, entonces la conducta del actor se considerará que estaba inequívocamente dirigida a cometer el delito intentado”.

En este caso, un empleado que brindaba servicios médicos en el Centro Médico Correccional de Bayamón le comunicó a un reo de su interés de conseguir dinero, realizando «algún trabajo». Este último lo puso en contacto con su primo para que ingresara cocaína a la cárcel por $400. Todo esto resulto ser parte de un plan del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

El plan entonces consistió en que el empleado correccional finalmente introdujo un paquete con presunta cocaína (realmente era harina de trigo) y se lo entregó al confinado, que luego transfirió la evidencia a los agentes del NIE.

Se le acusó por el delito de posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal, tipificado en el Art. 277 del Código Penal de Puerto Rico. Luego de la celebración del juicio, el Tribunal de Primera Instancia emitió fallo condenatorio por el delito de tentativa de violación al Art. 277 del Código Penal.

Insatisfecho, el recurrido presentó oportunamente un recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Señaló que como error que el pliego acusatorio a base del cual fue procesado era contrario al principio de legalidad y que la prueba presentada no fue suficiente para establecer todos los elementos del delito imputado.

Apelaciones validó sus planteamientos y revocó a Instancia. Determinó que no podía hallarse culpable por atentar cometer el delito, dado que lo que introdujo a la Institución Penal fue harina de trigo y no cocaína. Apelaciones entendió que castigarlo por cometer la tentativa de ese delito equivaldría a penalizarlo por conducta no provista mediante estatuto penal, lo que sería contrario al principio de legalidad.

El Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones. En primer lugar, determinó que, por un lado, las acciones llevadas a cabo por el recurrido fueron inequívocas porque, sin lugar a duda, apuntan o denotan la comisión de un delito.

En segundo lugar, el recurrido entendía que el empaque contenía cocaína. Durante el operativo policial, este estuvo en comunicación con el confinado y el agente encubierto para coordinar la entrega de la supuesta cocaína. Es decir, la prueba demuestra que el recurrido entendía que lo que se le entregó fue una sustancia controlada. En consecuencia, el recurrido actuó a propósito sobre ese elemento porque creía que la circunstancia existía.

A su vez, el delito contempla como un elemento de “resultado” el que se introduzca el objeto en una institución penal. El recurrido introdujo el objeto dentro de la institución correccional y se la entregó al reo. Actuó a propósito porque su objetivo consciente era la producción del resultado de introducir una sustancia controlada dentro de la cárcel.

En tercer lugar, el hecho de que el objeto se trataba de harina de trigo en vez de una sustancia controlada se debió a que el agente encubierto no le proveyó la droga esperada al recurrido. Es decir, la razón por la cual el objeto no era cocaína se debió a una causa externa a la voluntad del recurrido. El delito no se consumó totalmente por hechos ajenos y desconocidos por este.

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