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[Avanzada de AMICUS] Análisis de legislación (2019): Gobierno

Consulta la nueva entrega de análisis de legislación de las Avanzadas de AMICUS.

Por Iliada Sofía Marín Colón1

3 Amicus, Rev. Pol Púb. y Leg. UIPR ___ (2020)
Originalmente publicado el 6 de mayo de 2021

Introducción

En este artículo se analizarán dieciséis leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, durante la décimo octava Asamblea Legislativa, en su 4ta, 5ta y 6ta Sesión Ordinaria del año 2019. Las leyes a ser discutidas están relacionadas con los asuntos de Gobierno de Puerto Rico, y aspiran a reformar la seguridad y el bienestar del país. El enfoque principal, según el análisis de estas legislaciones, es promover la uniformidad y la equidad entre la ciudadanía y los funcionarios del Gobierno. De esta manera, se pretende que los ciudadanos cumplan con sus responsabilidades y, por otro lado, que los funcionarios del Gobierno atemperen a estos tiempos modernos los estatutos que lo ameriten.

Asuntos de Gobierno

Ley Núm. 3-2019
El sistema de AutoExpreso facilita que los conductores puedan manejar por los carriles de las estaciones de peajes sin detenerse. Ahora bien, una de las críticas a este sistema, es que el proceso de revisión administrativa no cuenta con los mecanismos para evitar los errores que se cometen (particularmente, en cuanto al debido proceso de notificación a los dueños de los vehículos, la veracidad del sistema de las multas y lo relacionado con la efectividad del sistema de aviso del balance en las cuentas de los conductores).

Con la Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema AutoExpreso se enmiendan los artículos 22.08 y 23.08 de la Ley Núm. 22-20002, a los fines de establecer un procedimiento especial para revisar las multas emitidas por el sistema de peajes, conocido como AutoExpreso, previo a la vigencia de esta ley por el término de sesenta días, y para otros fines relacionados. El propósito de esta ley es ofrecer a los dueños de vehículos o conductores las garantías procesales que protegen sus intereses y derechos, de manera que el proceso para impugnar las multas administrativas impuestas por el sistema de AutoExpreso sea uno justo y adecuado.

La enmienda al artículo 22.08 está relacionada con las penalidades y establece que toda persona que no cumpla con las disposiciones y reglamentos promulgados por el Secretario, se entenderá que ha cometido una falta administrativa y se le impondrá una multa de 100 dólares. Aquellas infracciones relacionadas con la velocidad, también conllevarán una pena y se regirán por el Capítulo cinco de este estatuto. Está claro que las multas han probado ser eficaces para que el conductor lleve a cabo su responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en ley. Pareciera que la mejor manera de acatar el mandato es ajustando el rigor de tal legislación.

Otros cambios notables atienden el proceso de notificación y el procedimiento especial. El Secretario tendrá la facultad de operar sistemas automáticos de control de tránsito en las estaciones de peaje e intersecciones de las vías publicas que estén representadas como “alto riesgo”. Ahora bien, lo importante de esta enmienda son los requisitos relacionados con el proceso de notificación, las solicitudes de revisión y la creación del procedimiento especial para poder optimizar el sistema. En el proceso de notificación de infracción e imposición de multas se establece que, de no realizar el pago del peaje dentro del término establecido, se notificará la multa al conductor. La notificación tiene un periodo de noventa días para depositarse en el correo, transcurridas las 120 horas luego de cometida la infracción. Incumplir con este término provocará la eliminación de la multa, con excepción del cargo correspondiente al costo del peaje. El Secretario mantendrá un registro de cada notificación que se haga y será evidencia prima facie en cualquier procedimiento que lo requiera.

Por su parte, el inciso (d) establece que el dueño del vehículo o conductor afectado, podrá solicitar una revisión de la alegada violación dentro de los treinta días siguientes a la notificación, y será libre de costo. Presentada la solicitud de revisión, la entidad a cargo de administrar el AutoExpreso tendrá sesenta días para realizar una investigación, determinar la validez de la multa y notificar sobre el resultado final. De no cumplirse la encomienda dentro del término, se adjudicará a favor del afectado y se suprimirá la multa. Por otro lado, al notificar el resultado de la investigación, se le informará al titular o conductor sobre el derecho a solicitar una vista administrativa dentro de un término de veinte días a partir de dicha notificación. Si la multa fuese eliminada según lo dispuesto en la ley, o la vista administrativa es adjudicada a favor del dueño o afectado, el Secretario cancelará el gravamen o anotación de inmediato y lo notificará por escrito a la parte en interés. Si fuese lo opuesto, prevalecerá el gravamen o anotación y solo se podrá cancelar al pagar la multa o multas.

En el Procedimiento Especial para la Revisión de Multas Emitidas por el Sistema AutoExpreso Previo a la Entrada en Vigor de esta Ley, el dueño o conductor que se vea afectado por una multa, dentro del término de sesenta días a partir de la vigencia de la ley, podrá solicitar su revisión al amparo del nuevo procedimiento establecido en el artículo 23.08 (d) de la Ley Núm. 22-20003. Este procedimiento protege el derecho del conductor de solicitar que las multas impuestas previa la aprobación de esta ley, puedan ser revisadas a partir de los sesenta días desde su vigencia. En fin, esta ley le brinda a los conductores la oportunidad de acogerse a un procedimiento especial para la revisión de multas, al conceder un plazo de tiempo adecuado para ello. De esta manera, el proceso goza de uniformidad en beneficio del conductor.

Ley Núm. 9-2019
Esta ley se aprobó para derogar la Ley Núm. 221-1974, según enmendada, que creó la Comisión sobre Sistema de Seguridad Social Integral, por ser una entidad de carácter inoperante4. Esta comisión se creó con el propósito de estudiar los sistemas de seguridad y bienestar social de los programas públicos y privados, que están relacionados con la organización y economía en Puerto Rico. Su finalidad estaba atada a la creación de un plan de implantación de un sistema de seguridad social integral. En este plan de implantación se encontrarían las alternativas de organización y financiamiento, así como los mecanismos necesarios para una participación efectiva en la administración y el proceso decisional del mencionado sistema.

No obstante, los objetivos de la ley que en un momento fueron relevantes, con el pasar del tiempo se tornaron académicos y obsoletos. Fundamentado en los cambios económicos, sociales, tecnológicos y culturales que ha experimentado Puerto Rico, la Asamblea Legislativa entiende que no tiene sentido que la Comisión se mantenga vigente, pues no se atempera a los cambios mencionados. Cualquier activo que pertenezca a esta Comisión será transferido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para que atienda los asuntos conforme a las leyes aplicables, en cuanto a la disposición o transferencia de activos. Las comisiones operan para ofrecer al Gobierno las herramientas necesarias para estudiar asuntos que afecten a la población y todo lo relacionado con ello. Así se puede tener una mejor comprensión y un amplio conocimiento a la hora de legislar. Ciertamente, es oneroso mantener operando una comisión que no funciona conforme a la realidad existente. La información a obtenerse sería intrascendental actualmente.

Ley Núm. 20-2019
Para enmendar el artículo 2.04 (1) (a) de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal5. Su fin es incluir a los empleados que pertenecen al Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación entre los funcionarios a los que no les serán de aplicación las disposiciones de este artículo. El propósito de la Ley Núm. 26-2017, es dotar de uniformidad a ciertos empleados públicos del Gobierno, en cuanto a los beneficios marginales que disfrutan. A través de la Ley Núm. 3-2013, se reconocieron a los Oficiales Correccionales como funcionarios de alto riesgo, como lo son los bomberos o policías. Estos funcionarios protegen la vida de toda persona, la propiedad, seguridad y el orden en las prisiones. Para cumplir con las exigencias que le requiere su posición, deben estar de pie por largos periodos de tiempo, mantenerse en estado de alerta para atender situaciones en cualquier momento que se presente y sacrificar tiempo personal, de manera que se pueda acatar el horario establecido.

Según dispone la enmienda, los empleados de la Rama Ejecutiva tendrán derecho a acumular licencia de vacaciones, a razón de uno y un cuarto días por cada mes de servicio. Esto aplicará al personal gerencial y administrativo del Departamento de Educación, a los empleados docentes de cualquier entidad educativa del Gobierno, a los maestros certificados del Departamento de Corrección y Rehabilitación y de la Administración de Rehabilitación Vocacional, a los agentes del orden público del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a los empleados que pertenecen al Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y a los empleados que prestan servicios en el sistema de rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. No cabe duda que esta legislación beneficia a un sector que, en el pasado, estuvo excluido de gozar de estos beneficios marginales. Al incorporarlo, se le hace justicia y se le compensa por sus labores.

Ley Núm. 25-2019
Para enmendar el artículo 3.14, el subinciso (5) del inciso (b) del artículo 7.04 y el artículo 7.09 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico6. Su fin es aumentar el término de tiempo aplicable para que caduque la licencia de conducir. Además, provee otros medios adicionales para que los agentes de orden público puedan tener otras alternativas cuando intervengan con un conductor bajo la influencia de bebidas embriagantes y/o sustancias controladas.

El primer cambio notable es que toda licencia de conducir que expida el Secretario de Transportación y Obras Públicas, con excepción de las licencias provisionales, se renovarán en periodos sucesivos de seis años. La fecha de vencimiento es la fecha de nacimiento de la persona solicitante. De llevarse a cabo la renovación sesenta días previos a la fecha de expiración, se entregará la licencia a ser renovada. Ahora bien, el término de caducidad para renovar, luego de expirada la licencia, es de tres años. Esto implica que aquella persona que desee renovar luego de ese término, tendrá que tomar los exámenes para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría caducada. Este cambio, según se rescata de la intención del legislador, va dirigido a los puertorriqueños que migraron a otro país y regresaron. De igual forma, adapta unos requisitos que dificultaban antes el proceso de renovación de licencia.

El segundo cambio notable es que se considerará como reincidente aquella persona que haya sido convicta y sentenciada por infracción a los artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la misma ley, y vuelva a cometer dichas violaciones dentro de un término no mayor de cinco años, a partir de la convicción. Basta con que se establezca el hecho de la reincidencia en el informe de pre sentencia o certificado de antecedentes penales. En ese sentido, se ha tenido que recurrir a penalidades más severas para los reincidentes, debido a la falta de cumplimiento con la ley.

El tercer cambio notable es que todo conductor que transite por las vías públicas en cualquier tipo de vehículo autorizado habrá prestado su consentimiento para someterse a la prueba de campo estandarizada de sobriedad y/o al análisis químico o físico de sangre, aliento o de sustancias en el cuerpo. Dichas pruebas serán practicadas en el lugar de detención y, de no poder ser posible, se administrarán en un cuartel o lugar cercano. Claro está, el agente de orden público deberá tener motivo fundado para creer que la persona conducía bajo algún efecto de narcóticos. Si en una de las pruebas el resultado muestra más de lo aceptado por ley, dicho agente podrá requerir otro análisis para confirmar el estado de la persona. Si, por el contrario, de la prueba se desprende que la persona detenida no estaba bajo los efectos, pero el agente aun tiene motivos para creer que está bajo otra sustancia, podrá someterla a un análisis de sangre. Estas pruebas serán utilizadas como evidencia prima facie.

Esta legislación es beneficiosa para la seguridad del país, y aspira a reducir el número de accidentes y/o muertes causadas por conductores negligentes bajo los efectos de cualquier sustancia. Aunque esto ha sido un asunto difícil de erradicar, estas medidas buscan mantener la seguridad en la Isla, a través de pruebas más rigurosas y de penalidades por reincidencia. Ciertamente, son necesarias para reformar los actos negligentes y cumplir con el deber de velar por el bienestar de los conductores.

Ley Núm. 50-2019
Para denominar la instalación recreativa de la Urbanización Constancia del Municipio Autónomo de Ponce con el nombre de César D. Bocachica Cordero7. El Municipio tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99-1961, según enmendada, conocida como Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas8. Al señor Bocachica Cordero se le reconocen grandes aportaciones a nombre de Puerto Rico, a través de su trayectoria. Entre ellas, la fundación de una organización sin fines de lucro para el desarrollo y crecimiento de jóvenes y niños en Puerto Rico. Dicha organización fue conocida como la Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto Constancia, hoy día reconocida como Baloncesto en Constancia, Inc. Además, ha recibido innumerables premios por sus aportaciones al baloncesto y a la sociedad puertorriqueña con sus obras cívicas dirigidas hacia el desarrollo de los niños y jóvenes.

Ley Núm. 52-2019
Tras el paso de los huracanes Irma y María, la Asamblea Legislativa tiene el deber cardinal de crear medidas que ayuden a los puertorriqueños a enfrentar situaciones de emergencias en el futuro. Por eso se crea la Ley de Congelación y Fijación Automática de Precios en Situaciones de Emergencia, con la finalidad de adoptar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la congelación automática de precios en casos de emergencia9. El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO, por sus siglas) tiene el poder para adoptar órdenes de congelación de precios sobre artículos y servicios de primera necesidad. La Asamblea Legislativa entiende que el Secretario debe conservar dicha autoridad. Sin embargo, añade que esta congelación de precios en artículos de primera necesidad debe tener vigencia automática cuando sea declarado un estado de emergencia por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de Estados Unidos hasta que cese dicha emergencia. El Secretario, en su poder, podrá modificar la orden automática y atender otras circunstancias relacionadas, además de congelar precios de artículos que no estén contemplados en la misma. Esta ley no deroga, enmienda o modifica ningún otro estatuto, a menos que vayan en su contra.

A través de este estatuto, el puertorriqueño puede llevar a cabo sus compras de primera necesidad sin una carga económica onerosa y sin esperar la autorización del Secretario de DACO para ello. El interés primordial debe ser el acceso a los alimentos, la salud y el bienestar económico de los puertorriqueños.

Ley Núm. 55-2019
Para enmendar los artículos 5 y 16 de la Ley Núm. 3-2017, según enmendada, conocida como Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico10, a los fines de prohibir la transferencia de fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 al Fondo de Promoción de Empleo y Actividad Económica, y cualquier otro.

El primer cambio notable establece que las disposiciones de la ley aplicarán a todas las Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Oficina del Contralor Electoral, a menos que se disponga lo contrario. Se excluye también a la Universidad de Puerto Rico y Municipios.

El segundo cambio notable establece que los ahorros generados por las corporaciones públicas entrelazados con la promoción del desarrollo económico serán aportados a un fondo para atender la crisis fiscal del Fondo General. La intención legislativa es prohibir que los fondos del Negociado del Sistema 9-1-1 y otros fondos de telecomunicaciones se desvíen en el futuro para fines ajenos a garantizar la provisión y estabilidad de los servicios del 9-1-1 y de telecomunicaciones. De esta manera, se favorecen estas instrumentalidades, consideradas como un servicio público esencial, y se protegen sus intereses y sus fondos para que no se dirijan al desarrollo económico. Esta ley es beneficiosa, en la medida en que pretende garantizar los servicios esenciales ofrecidos y que se pueda invertir en ellos, sin desviar los ahorros a un fondo que no tiene una relación directa con sus objetivos.

Ley Núm. 69-2019
Para derogar el artículo 5 de la Ley Núm. 60-2014, según enmendada, conocida como Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e insertar un nuevo artículo11. Su propósito es establecer cuáles son los funcionarios públicos del Gobierno de Puerto Rico que estarán excluidos de sus disposiciones.

Se creó esta ley con el fin de uniformar el uso de los vehículos oficiales, restrigiéndolo a gestiones laborales y al uso exclusivo de la función pública por parte del jefe de la agencia o funcionario público. Los funcionarios que no fueron incluidos en la ley son aquellos que de acuerdo a las funciones de su posición es necesario que cuenten con un vehículo las veinticuatro horas, como lo son: agentes encubiertos y funcionarios públicos relacionados con la seguridad pública. Mencionar cuáles funcionarios están expresamente exceptuados de las disposiciones de esta ley, ayuda a controlar el uso de estos privilegios y la optimización de su desempeño.

Ley Núm. 93-2019
Para enmendar el inciso (a), subinciso (v), del artículo 9 de la Ley Núm. 253-1995, según enmendada, conocida como Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, a los fines de flexibilizar las restricciones impuestas a las entidades autorizadas para el cobro de seguros de responsabilidad obligatorio, como son las colecturías y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO, por sus siglas)12.

En esencia, se considera una conducta anticompetitiva cuando un asegurador participante del mercado de seguro de responsabilidad obligatoria hace promociones relacionadas con un producto dentro de los predios de la entidad gubernamental autorizada para el cobro del seguro o promueve que se coloque publicidad o promociones. Es así como se distorsiona el mercado y las oportunidades de otras aseguradoras. El enfoque se basa, principalmente, en promover la libre competencia y resguardar las necesidades del consumidor a la hora de decidir cuál seguro le conviene, de manera que se proteja la libre selección. Estas entidades tienen el deber de ofrecer servicios e información, y esta ley permite que se busquen alternativas para recaudar ingresos a través de los aseguradores. De esta forma, se garantiza igual oportunidad, siempre y cuando dichos participantes paguen para anunciarse y cumplan con los parámetros establecidos. En fin, lo que se pretende salvaguardar es la libertad de selección y la competencia justa por las aseguradoras, de manera que una no goce de más ventajas que la otra.

Ley Núm. 110-2019
Para añadir un nuevo inciso (21) al artículo 27.161 de la Ley Núm. 77-1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico13. La finalidad es ordenar que ninguna aseguradora aplique una rebaja por depreciación al costo de las piezas necesarias para la reparación de un vehículo de motor de la parte afectada en un accidente. Esto, siempre y cuando no puedan ser reparadas o sustituidas por otras de calidad similar y cuando el valor del reemplazo no exceda el límite de cubierta. No se aplicará reducción por depreciación a los costos de la labor e instalación. La intención de la Asamblea Legislativa es que al encontrarse en una reclamación de tercero, las aseguradoras no puedan descontar la depreciación del valor del reemplazo de las piezas del vehículo de motor y el perjudicado no tenga que recurrir a utilizar su dinero para poder reparar el vehículo, sino que las aseguradoras paguen el valor total de las piezas. Esta ley tiene efectividad prospectiva desde su aprobación.

Esto beneficia al consumidor, en la medida en que no le permite a las aseguradoras que varíen los números en el costo de las piezas necesarias y que la parte afectada tenga que invertir en el arreglo por un accidente que estuvo fuera de su control.

Ley Núm. 124-2019
Para enmendar el artículo 3.25 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico14. Su finalidad es esclarecer el lenguaje y conciliar la realidad jurídica con el registro al Sistema de Servicio Selectivo de los Estados Unidos.

Esta ley dispone que en los formularios de solicitud para renovar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación, se añadirá una nota aclaratoria donde quedarán registradas automáticamente en el Sistema de Servicio Selectivo aquellas personas que estén sujetas a la aplicabilidad de la Ley Federal para el Sistema de Servicio Selectivo15. Esta ley va dirigida a varones, y requiere que todo aquel ciudadano de los Estados Unidos y residente permanente legal se registre en un periodo de sesenta días antes o después de cumplir los dieciocho años. Esto es así, pues se necesitan candidatos para responder ante una emergencia nacional. Si, en efecto, ocurriese una, se le administrarán exámenes mentales, físicos y morales para eximirlos o seleccionarlos para el servicio. La inscripción a este servicio es requisito para las ayudas financieras universitarias, la obtención de la ciudadanía estadounidense y la capacitación de trabajo en el Gobierno o Servicio Postal de los Estados Unidos.

El propósito de esta ley, en cumplimiento con la ley federal, es aspirar a la mayor inscripción posible de varones de dieciocho años al momento de cumplirlos, y no posterior a ello. De esta manera se puede tener una base de datos vasta y se amplía la selección de candidatos al azar para contar con suficientes varones en el caso de una emergencia. Aquellos que incumplan con el registro estarán sujetos a multas, reclusión y a no recibir los beneficios del gobierno. Esta ley se podría interpretar como discriminatoria, pues excluye a las mujeres del Servicio Selectivo obligatorio en una sociedad que reclama igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aunque en Rostker v. Goldberg se estableció la constitucionalidad de excluir a las mujeres16, se debe contemplar prospectivamente una enmienda a la ley federal para su inclusión, atemperándose así a los reclamos de estos tiempos.

Ley Núm. 134-2019
Para derogar el artículo 23.06 y añadir otro modificado a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico17. Se establece a través de diversos incentivos, el pago acelerado de multas expedidas y registradas a las tablillas y licencias de conducir por concepto de infracciones, incluyendo los intereses, recargos y penalidades. La intención es establecer las reglas que apliquen a los planes de pago e incentivos por deudas sobre multas a las tablillas y licencias de conducir, respectivamente. Además, para enmendar el artículo 3.23, sobre los actos ilegales y las penalidades, y el artículo 3.14, sobre el proceso de renovación de licencias de conducir caducadas.

El primer cambio notable establece que, a partir de los noventa días de la vigencia del reglamento, se podrá acoger a una prórroga y, de cumplir con el pago de las multas dentro del término establecido, tendrá un 15% de descuento en la multa. Si se paga la totalidad dentro de dicho periodo, tendrá un 100% de descuento sobre los recargos, y si fuese en un plan de pago, gozará de un 50% de descuento. Por otro lado, se añade que toda persona que renueve o solicite un duplicado de la licencia de conducir o permiso de vehículo y mantenga una deuda por las multas sobre la licencia de conducir o el vehículo, podrá ampararse en un plan de pago. Este plan de pago permite que el conductor pueda pagar sus multas bajo los términos establecidos por el Secretario de Hacienda, basándose en el monto a pagar. De esta manera, se dividen los pagos en uno inicial y, el resto, en plazos mensuales.

El segundo cambio notable establece que será ilegal conducir sin la debida autorización por las vías públicas de Puerto Rico. Como consecuencia, se incurrirá en penalidades en concepto de multa, remoción del vehículo de la vía -para la cual tendrá que pagar los gastos de almacenaje- y, de ser el caso, en el pago total de la cantidad que deba al momento de la comisón del delito. Por otro lado, también cometerá una falta administrativa aquella persona que permita que el vehículo sea conducido por alguien que no está autorizado para ello. Se le aplicarán las penas mencionadas.

La tercera enmienda reafirma el término de los tres años de caducidad sobre la expiración de la licencia de conducir. Aquellas personas que no cumplan con lo establecido, tendrán que retomar los exámenes requeridos. La intención del legislador aspira a que la mayor cantidad posible de conductores puertorriqueños estén autorizados para conducir. Además, se espera que con las nuevas reglas sobre los incentivos, puedan aprovechar para renovar sin la carga económica que ello supone.

En esencia, se pretende promover los incentivos para que los conductores puedan pagar sus multas en un periodo razonable. Los últimos dos cambios antes mencionados buscan que la violación a las leyes de tránsito, incluyendo el acto de transitar ilegalmente por las vías públicas, tenga repercusiones punitivas.

Ley Núm. 136-2019
Para enmendar el artículo 4 de la Ley Núm. 6-1979, según enmendada, conocida como la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias, con el fin de establecer que la primaria presidencial del Partido Demócrata se celebre el último domingo del mes de marzo del año en que se celebren las elecciones presidenciales de los Estados Unidos18. La normativa es que la primaria presidencial del Partido Republicano se celebrará el último domingo del mes de febrero del año de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, siempre y cuando no anteceda o coincida con la primaria presidencial del Estado de New Hampshire. Si existiese conflicto, se celebrarán el primer domingo de marzo. Cabe señalar que a raíz de los sucesos que están ocurriendo a nivel mundial sobre la pandemia del Coronavirus, Puerto Rico y los estados de la nación norteamericana han decidido posponer las primarias para el próximo mes de abril19.

Ley Núm. 164-2019
Para añadir un inciso (j) al artículo 5 de la Ley Núm. 159-2013, según enmendada, con la finalidad de establecer como una excepción la transmisión vía Internet de las reuniones de las Juntas de las corporaciones públicas cuando se trate de situaciones donde exista un estado de emergencia, y donde la falta de servicio eléctrico y comunicaciones no permita el acceso a la transmisión vía Internet20. Por ende, cuando haya una declaración de estado de emergencia por parte del Gobernador de Puerto Rico, no será necesaria la transmisión vía Internet de estas reuniones. Sin embargo, sí será imperativo que se realicen las gestiones para detallar el porqué no se puede cumplir con la transmisión. Además, se debe grabar de forma audiovisual o en audio para que esté a disposición del público a la mayor brevedad. Es importante garantizar el derecho a la información para los ciudadanos. Esta ley resulta beneficiosa, pues permite el acceso a las decisiones de importancia.

Ley Núm. 170-2019
Para enmendar el inciso (g) del artículo 6.27 de la Ley Núm. 57-2014, conocida como Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico21. Su fin es que toda compañía de energía certificada tenga el deber de notificar al consumidor sobre la suspensión del servicio por falta de pago dentro del periodo de cuarenta y ocho horas previo a ser efectuado. Esto debe ocurrir, ya sea por medio de una llamada telefónica con un mensaje automático o a través de medios electrónicos que consten en el récord. La compañía podrá efectuar la suspensión luego de diez días desde la notificación. Se debe tener en cuenta que durante los fines de semana o días feriados, o el día laborable anterior a estos, no se podrá suspender el servicio. De lo contrario, la compañía no podrá cobrar el cargo por reconexión. La intención del legislador estriba en que el cliente pueda tener la oportunidad de evitar que le suspendan los servicios. Esta ley beneficia al consumidor, pero requiere de un esfuerzo dirigido hacia la autoridad para que cumpla consistentemente con lo dispuesto.

Ley Núm. 177-2019
Para enmendar la sección 9 de la Ley Núm. 134-201922, para eximir de cumplir con las normas de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU, por sus siglas)23. En síntesis, se encomienda al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y al Departamento de Hacienda, a que implanten la reglamentación necesaria para los objetivos de la Ley Núm. 134-2019. Deberá ser adoptada en o antes del uno de diciembre de 2019, sin estar sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017. El propósito de la Ley Núm. 134-2019 ya fue discutido en la sección L de este artículo, en relación con los incentivos para el pago acelerado de las multas, al amparo de la Ley Núm. 22-2000. La intención del legislador es aclarar que la reglamentación aprobada no tiene que cumplir con lo que dispone la Ley Núm. 38-2017, pues no habrá de tener un efecto negativo sobre los ciudadanos. Esta ley permite flexibilizar la preparación del nuevo reglamento.

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NOTAS

1 B.B.A. (Magna Cum Laude) en Psicología, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Estudiante diurna de 1er año de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Directora de Operaciones de la Asociación de Derecho Empresarial y Comercio.
2 Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema AutoExpreso, Ley Núm. 3-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0003-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
3 Id.
4 Ley Núm. 9-2019, (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0009-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
5 Ley Núm. 20-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0020-2019.pdf. (última visita 6 de mayo de 2020)).
6 Ley Núm. 25-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0025-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
7 Ley Núm. 50-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0050-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
8 23 LPRA §§ 178-182a (Lexis 2020).
9 Ley de Congelación y Fijación Automática de Precios en Situaciones de Emergencia, Ley Núm. 52-2019, 23 LPRA §§ 1162-1169 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/52-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
10 Ley Núm. 55-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0055-2017.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
11 Ley Núm. 69-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0069-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
12 Ley Núm.93-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0093-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
13 Ley Núm. 110-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0110-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
14 Ley Núm. 124-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0124-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
15 50 U.S.C. §§ 3801-3820 (Lexis 2020).
16 Véase Rostker v. Goldberg, 453 U.S. 57 (1981).
17 Ley Núm. 134-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0134-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
18 Ley Núm. 136-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0136-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
19 Gobernadora Vázquez aplaza primarias presidenciales demócratas por el coronavirus, Univisión (23 de marzo de 2020), https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/elecciones-estados-unidos-2020/gobernadora-vazquez-aplaza-primarias-presidenciales-democratas-por-el-coronavirus.
20 Ley Núm. 164-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0164-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
21 Ley Núm. 170-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0170-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
22 Ley Núm. 177-2019 (disponible en http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2019/0177-2019.pdf (última visita 6 de mayo de 2020)).
23 3 LPRA §§ 9601-9713 (Lexis 2020).

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