El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció ayer que evaluará en vista oral el primero de noviembre para ver la constitucionalidad de SB 8, una ley antiabortos de Texas que ya ha generado mucha controversia por la forma en que está estructurada y que ha sido descrita como «una ley ilegal» por figuras como la jueza asociada Sonia Sotomayor.
En el recurso presentado por la administración Biden contra el gobierno de Texas, (US v. Texas), el alto foro dijo que evaluará argumentos orales sobre si el gobierno federal puede demandar a los jueces y otros funcionarios estatales para prohibir el cumplimiento de SB 8.
El tribunal emitió una orden separada para el caso Whole Woman’s Health v. Jackson, y evaluará los dos casos casos el mismo día.
En ambos casos, Whole Woman’s Health v. Jackson y US v. Texas, el calendario pautado por el Supremo le concede a las partes en el pleito y a aquellas personas interesadas en someter escritos de amicus curiae hasta el miércoles, 27 de octubre y las partes pueden emitir réplicas breves, si desean, hasta el viernes, 29 de octubre a las 5:00 p.m.
La jueza Sotomayor resaltó la importancia de atender ambos casos relacionados a SB-8, este caso previo por tratarse de un reconocimiento de la importancia pública de este tema. La jueza señaló que -aún así- se trata de un retraso “devastador” para “el sistema constitucional” y para las mujeres que necesitan esa ayuda prontamente.
En el caso SB 8, Sotomayor indicó que es la segunda vez que le piden al tribunal que prohíba “un estatuto creado en abierto desprecio a los derechos constitucionales de las mujeres”.
“La promesa de una futura adjudicación ofrece un frío consuelo, sin embargo, a las mujeres de Texas que buscan cuidado abortivo y que tienen derecho a un remedio ahora”, indicó Sotomayor.
La SB 8 tiene la particularidad de que fue estructurada de forma que no hay funcionarios del estado directamente haciéndola cumplir, con lo que se trata de circunvalar el requisito de acción estatal para la intervención bajo parámetros constitucionales federales. En concreto, son ciudadanos -prohíbe expresamente que sean funcionarios- los que pueden denunciar mediante recursos judiciales directamente en el tribunal,a la madre o al profesional de salud que va a realizar un aborto, y en cambio reciben un mínimo de $10,000.
En su opinión concurrente y disidente de 7 páginas de ayer, Sotomayor lamenta que los proponentes del SB 8 proclaman en este mismo proceso haber obstaculizado al sistema judicial, y que el aborto legal es un “derecho inventado por el tribunal que no tendría apoyo mayoritario en el actual Tribunal Supremo”, y que con el peculiar mecanismo de SB 8 han logrado obstruir al sistema judicial. La jueza advierte que hoy son los derechos reproductivos, pero que la receta podría ser aplicada a oros derechos.
“Cada día que el esquema (de SB 8) tiene éxito, aumenta la probabilidad de que se adapte para atacar otros derechos constitucionales”, dijo la jueza.
Es el segundo turno al bate de SB-8 ante el Supremo. El pasado primero de septiembre, justo antes de que entrara en vigor esta ley, el alto foro resolvió un pedido para frenarla como parte del caso de Whole Woman v. Jackson. En aquella ocasión, el juez presidente John Roberts se unió al ala liberal como disidente en rechazo a SB 8.
“No es solo inusual, no tiene precedentes”, dijo Roberts.