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Se defiende la Junta de Supervisión en vistas sobre Plan de Ajuste de la Deuda

La decisión de la jueza Laura Taylor Swain de si confirma o no el Plan de Ajuste de la Deuda no sería en las próximas horas.

Por Daniel Rivera Vargas

Con una exposición de cerca de media hora de refutación por parte de abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), hoy concluyó la fase de argumentaciones de cierre de las vistas iniciadas el pasado 8 de noviembre en las que la jueza Laura Taylor Swain decidiría si confirma el Plan de Ajuste de la Deuda negociado entre la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores de la deuda multimillonaria del gobierno de Puerto Rico.

La decisión de la jueza de si confirma o no el Plan de Ajuste de la Deuda, que cuenta con numerosos opositores, no sería en las próximas horas. De hecho, la jueza concedió hasta el domingo a las 3:00 p.m. para que la JSF sometiera por escrito sus propuestas de determinaciones de hecho, esto en consideración al receso de Acción de Gracias. De haber alguna oposición a esas determinaciones, deben someterse antes del próximo miércoles, 1 de diciembre.

Los tres abogados que participaron ayer de las vistas por espacio de 65 minutos fueron los mismos que refutaron algunos de los argumentos de los acreedores, comenzando con Brian S. Rosen, quien abordó algunas de las expresiones emitidas por Peter Hein, un bonista que en su carácter individual insiste en este caso que se le pague la totalidad de su deuda.

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Rosen también rechazó el argumento de la oposición de que se diseñe una clase nueva que proteja sus reclamos. “No se deben crear más clases, 69 son suficientes”, sostuvo.

Asimismo, al reclamo de violación a la protección constitucional para que el Estado se quede con el dinero de un ciudadano sin justa compensación, o taking, como alegaron ayer acreedores como las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Rosen negó que este sea el caso.

Rosen también refutó los argumentos de ayer de una aseguradora, planteando que lo que dijeron ayer era inconsistente con lo que habían argumentado en el pasado.

Otro que refutó al bonista Hein fue el Segundo abogado que habló en nombre de la JSF, Michael Mervis, quien dijo que es incorrecta su postura sobre el uso de las proyecciones económicas en este caso porque la jueza por sus muchas experiencias en casos de quiebra sabia -según Mervis- que es usual en estos procesos judiciales este tipo de mecanismos.

También lamentó que Hein cuestionara que el gobierno de Puerto Rico use parte de sus fondos para ciertos gastos, como publicidad, porque esto tiene un efecto positivo en la economía. “En Puerto Rico… ciudadanos americanos viven, trabajan y tienen a sus familias”, dijo Mervis.

Finalmente, Martin Bienenstock rebatió argumentos de los abogados de las uniones de maestros, y dijo que en los pasados años estos empleados públicos han recibido varios aumentos de sueldo, mientras sobre los argumentos de ‘taking’ de otros acreedores, el letrado dijo que el Congreso ya ha validado este tipo de acción en el contexto de casos de quiebras.

Agregó también que “no hay evidencia de que el nivel de la deuda sea insostenible”.

Concluidas las argumentaciones, la jueza celebró dos vistas para discutir asuntos adicionales al caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, esto bajo la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016).

Según la postura de la JSF, el Plan de Ajuste de la Deuda, que ha sido enmendado en 8 ocasiones y fue negociado extensamente con numerosos acreedores, reduce la deuda del gobierno de $70,000 millones a cerca de la mitad, protegiendo las pensiones de los empleados jubilados y permitiendo que Puerto Rico salga de la quiebra, comience a pagar deuda y, en un escenario óptimo, para el 2025 estaría concluyendo el control de las finanzas públicas por parte de la junta.

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