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Radican medidas contra la vacunación obligatoria

Toda persona que resulte afectada por lo que pretende prohibir el proyecto podrá solicitar daños estatutarios por la cantidad $2,000 por por cada violación.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó el Proyecto de la Cámara 1110 con la finalidad de prohibir que se le nieguen servicios gubernamentales a toda persona que no esté vacunada contra el COVID-19.

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La medida propone que tampoco podrán negarse servicios gubernamentales a aquella persona que se niegue a presentar prueba negativa.

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Específicamente, no se le podrá negar el acceso a facilidades gubernamentales, servicios, ni la expedición de permisos, patentes, grabaciones, certificados, tarjetas y otros documentos.

Toda persona que resulte afectada por lo que pretende prohibir el proyecto de ley podrá solicitar daños estatutarios por la cantidad $2,000 por por cada violación. Si el tribunal estima que el valor de los daños sobrepasa dicha cantidad, podrá ordenar el pago de una cantidad superior.

Además, Burgos Muñiz también radicó la Resolución de la Cámara 626, que busca ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara realizar una investigación exhaustiva sobre los efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19.

Según la representante, el propósito de la RC 626 es atajar la alegada poca información existente respecto a los efectos adversos a corto, mediano y largo plazo de las vacunas contra el COVID-19.

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