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Investigan factores sociales que limitan el derecho a la salud

El Pro Bono Justicia en Salud resaltó los efectos del COVID-19 en la salud pública.

Por Valeria Guzmán Alicea

Para el Pro Bono Justicia en Salud, es importante atender los asuntos que limitan el acceso al derecho a la salud, más allá de la atención médica.

Uno de los objetivos de la organización de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es inculcar que desde la profesión legal se puede contribuir a lograr una población más saludable.

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“Lo que busca este pro bono es que los y las profesionales del derecho tengan una visión más amplia de lo que es salud. […] Hay un enfoque importante en la prevención y que ellos conozcan que el que las personas enfermen no solo depende de un estilo de vida o un comportamiento insalubre de la persona. […] Hay unos factores sociales que hacen que unas personas enfermen más que otras”, expresó la mentora del proyecto, Nylca Muñoz Sosa.

Determinantes sociales como la educación, vivienda o el trabajo pueden afectar el derecho a la salud de las personas. Por tanto, la licenciada Muñoz Sosa explicó que, desde el 2014, el pro bono busca concienciar e investigar sobre cómo la desigualdad impacta la salud en Puerto Rico.

Precisamente, la profesora mencionó que el pro bono tuvo “un papel protagónico” en las vistas públicas que realizó, en el mes de octubre, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) sobre el derecho a la salud en el contexto del COVID-19.

La salubrista Xiovette Abrams Maldonado resaltó que, durante las vistas, resaltaron cómo la pandemia afectó de distintas maneras los determinantes de la salud. Mencionó que, con relación a adultos mayores, la crisis salubrista les afectó en términos de la transportación de cuidadores y cuidadoras y la disponibilidad de amas de llaves.

“Además, en las vistas públicas se mencionó que una de las poblaciones más violentadas fue la de diversidad funcional. Se afectó el acceso a la información, se vieron afectados referidos o el ‘refill’ de los medicamentos. Se afectaron los medios de transporte comprometiendo así la asistencia a terapias físicas y otros servicios”, agregó Abrams Maldonado.

Por su parte, la probonista Patricia Santiago Vega comentó sobre los problemas que enfrentaron habitantes en Vieques tras la falta de accesibilidad a atención médica durante la pandemia.

“En la ponencia expusieron que uno de los problemas que tiene la comunidad viequense es que muchos tratamientos que ellos requieren se encuentran fuera de su municipio. […] Además de esta inaccesibilidad, ellos tienen una falta de recursos en Vieques que causa que se atrasen los tratamientos y que pueda haber regresiones en las enfermedades de los pacientes. El COVID-19 interrumpió grandemente estos procesos de viaje”, aseguró Santiago Vega.

Tras recopilar la información durante las vistas públicas del CAAPR, la licenciada Muñoz Sosa indicó que la Comisión de Derechos de Salud “ahora está en el proceso de análisis de las ponencias para la identificación de posibles violaciones al derecho a la salud dentro de este periodo de la pandemia”.

El Pro Bono Justicia en Salud, a través de una mirada interdisciplinaria, busca investigar para educar sobre aspectos sociales que afectan la salud de la población.

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