Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico NOTICIAS

Supremo mantiene vacunación obligatoria para empleados públicos y estudiantes

Un grupo de 300 personas buscaban impugnar la constitucionalidad de ciertas órdenes administrativas.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó ayer miércoles, una moción de auxilio que buscaba impugnar la constitucionalidad de ciertas órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi que requieren, entre otras cosas, la vacunación contra el COVID-19 a estudiantes y empleados públicos.

Lee aquí la decisión del Supremo de Puerto Rico

“Examinada la Petición de ‘certiorari’ que presentó la parte peticionaria y la Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando paralización de mandatos de vacunación, se provee no ha lugar a ambas. Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo”, reza la resolución.

La demanda presentada por más de 300 personas solicitaba que se emitiera una sentencia declaratoria a los fines de que se declare inconstitucional e invalide la Orden Ejecutiva OE 2021-054 emitida por el gobernador.

También, solicitaban la revocación Órdenes Administrativas OA 2021-508, OA 2021-508A y OA 2021-509 del Departamento de Salud, que implementan la vacunación compulsoria en el contexto escolar y ordena el uso de mascarillas y la cuarentena o aislamiento temporero de personas potencialmente contagiadas con el COVID-19.

Además, solicitaron una compensación de al menos $50,000 a cada demandante por concepto de la violación de derechos civiles, $20,000 a cada demandante por concepto de daños morales y angustias mentales, y $75,000 por concepto de honorarios de abogado.

Precisamente el pasado 6 de agosto de 2021 el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ya había determinado un “no ha lugar”.

De acuerdo a la sentencia, las órdenes ejecutivas OE-2021-054, OE-2021-058 emitidas por el gobernador, y las órdenes administrativas OA-2021-508 y OA-2021-509 emitidas por el secretario del Departamento de Salud, están cimentadas en la Ley 81-1912, según enmendada, la Ley 25-1983.  “En el interés apremiante de evitar el crecimiento exponencial de personas contagiadas con el COVID-19″, reza la determinación.

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