El representante Joel Franqui Aquiles radicó el Proyecto de la Cámara 1212, que busca que las empresas en las que alguno de los accionista sea convicto por corrupción quede inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia del gobierno.
La exclusión de estas empresas del proceso de licitación sería por cinco años y podría aplicar si la convicción sucede posterior a la otorgación de un contrato, o durante la vigencia de un contrato.
El proyecto enmienda el Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
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Actualmente, dicha ley excluye de forma permanente a cualquier persona convicta por corrupción o delitos relacionados.
Según la medida, la intención legislativa es que la corporación a la que pertenecía dicho accionista convicto también quede inhabilitada de licitar o contratar.
La pieza legislativa fue referida a la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara.